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POLÍTICA

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La CICIES y el fallido Estado salvadoreño

En realidad que exista o no una CICIES no es tan importante como el hecho que estamos viviendo en un Estado fallido y no estamos haciendo nada para salir de él.

Manuel Enrique Hinds
Foto D1/Archivo
Foto D1/Archivo

Diario1 reproduce la columna del exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, publicada el 16 de marzo en El Diario de Hoy. En ella, Hinds hace una reflexión acerca del pedido del Fiscal General Douglas Meléndez, de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES), si se sigue obstaculizando su trabajo al frente del Ministerio Público.

Enrique Hinds, master en Economía por la Universidad de Northwestern (Estados Unidos), expone que una petición de esta índole, demuestra que El Salvador es, actualmente, un Estado fallido; y que esa situación puede revertirse, con la implementación de una CICIES o sin ella.

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El Fiscal General de la República pidió que se establezca una CICIES (una versión salvadoreña de la CICIG de Guatemala), aduciendo que la Fiscalía ya no tiene recursos. El gobierno contestó que la CICIES vulneraría la soberanía del país y que no sería necesaria porque el gobierno apoya a la Fiscalía con todo lo que necesita. Esta declaración de apoyo, sin embargo, no se ha traducido en una mayor disponibilidad de recursos para la Fiscalía. Al contrario, el gobierno ha demostrado cuáles son sus prioridades al asignar recursos, ahora bastante escasos, a contratar a 600 personas más, a pesar de que los partidos de oposición y el Fondo Monetario Internacional han señalado que la razón principal del déficit inmanejable del gobierno ha sido la contratación desmedida de personal y el aumento de sus salarios.

El Fiscal ha despertado un viejo tema: la posibilidad de tener a un grupo de extranjeros manejando una parte importante del sistema judicial salvadoreño. Por supuesto, el incorporar este grupo al sistema jurídico salvadoreño sería aceptar que tenemos un Estado fallido, incapaz de manejar de manera eficaz una de las funciones estatales más importantes: la persecución del crimen. Reconocer esto sería terrible. Pero más terrible sería no reconocer una realidad irrebatible.

Por otro lado, varios observadores han señalado (incluyendo al exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. René Hernández Valiente) que el Estado de Derecho puede estar rompiéndose en otras dimensiones que están dentro de la jurisdicción de la Fiscalía misma: a través del tiempo se ha notado claramente que las personas que son de una cierta orientación política son perseguidas, fotografiadas en circunstancias humillantes y tratadas como si fueran culpables aun cuando no han sido vencidas en juicio, mientras que los que tienen la otra, la del gobierno, aunque se haga mucho ruido acerca de sus alegados delitos, nunca son perseguidos ni molestados siquiera. Esta evidente asimetría ha sido explicada repetidamente como el resultado de que la Fiscalía está preparando con mucho ahínco estos casos para ser invencible en los juicios. Este argumento, sin embargo, se va volviendo más débil con el paso del tiempo. La Fiscalía se ha ganado el respeto de la ciudadanía con varias acciones valientes que han marcado precedentes muy positivos para el país. Pero la posibilidad de que esté siendo utilizada para objetivos políticos —hacer parecer que la corrupción es exclusiva de una tendencia política únicamente cuando la evidencia parece indicar que está regada en todos los partidos— es una sombra que la Fiscalía misma tiene que despejar.

Una pregunta distinta es si traer a un grupo de extranjeros a hacer lo que los salvadoreños no logramos hacer va a resolver estos problemas. Para que pueda funcionar una posible CICIES tendría que contar con el apoyo decidido de la Fiscalía, que no dejaría de tener el monopolio de los poderes que la Constitución le da. Una CICIES apoyada en una Fiscalía débil, con un presupuesto gruesamente insuficiente, afrontaría los mismos problemas que la Fiscalía tiene ahora. Podría pensarse que tener a una CICIES extranjera podría asegurar la imparcialidad política o ideológica de la Fiscalía. Podría ser, pero podría ser que no también porque la que tiene el poder de perseguir es la Fiscalía, exclusivamente.

En realidad que exista o no una CICIES no es tan importante como el hecho que estamos viviendo en un Estado fallido y no estamos haciendo nada para salir de él. Si existe la voluntad política del pueblo, los problemas de la Fiscalía pueden resolverse con CICIES y sin ella. Pero el pueblo tiene que manifestarse y pedir cuentas al gobierno y a la Fiscalía sobre lo que están haciendo para defenderlo del crimen. El problema es que, como en tantos temas, se ha vuelto elegante no hacer nada, excepto decir que el problema es que no hay líderes creíbles. Esto puede ser cierto. Pero es como estar en un barco que tiene un gran boquete y ver que nadie quiere achicar el agua porque “los líderes no son creíbles”, como si sólo los líderes fueran a ahogarse.

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