En 2005, cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se disponía a indagar presuntas irregularidades de exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores (1999-2004), los magistrados de Corte Plena, presidida por Agustín García Calderón, decidieron engavetar dichas investigaciones y quitarle facultades a la instancia de Probidad para solicitar información en el sistema financiero, catalogada como “secreto bancario”.
Casi nueve años después de ese hecho, en el 2014 para ser más exactos, Corte Plena restituyó las facultades a Probidad. Para el año 2005, esta instancia era dirigida por José Eduardo “Pino” Cáceres y su asistente era Carlos Pineda, actual director de Probidad, quien asumió como una de sus tareas, realizar el examen de la declaración patrimonial de Agustín García Calderón.
Un poco más de dos años después, el examen del expresidente de la CSJ, el cual incluye revisión de registros bancarios y a bienes inmuebles, está listo para el conocimiento de Corte Plena, y aunque rehusó hacer comentarios sobre los hallazgos, Pineda sí admitió que dicho examen forma parte de un grupo de 15 expedientes de exfuncionarios bajo sospecha de enriquecimiento ilícito.
Pineda entregó el trabajo de revelar las posibles irregularidades de dicha declaración patrimonial a los magistrados de la Corte Plena y además dejó entrever que las mismas se darían a conocer en algún punto de lo que queda de este año.
Junto a la declaración de García Calderón, se conocería el examen patrimonial del alcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez, quien rige el municipio desde 2006.
García Calderón fue el último de los presidentes del Órgano Judicial que fue elegido para más de un período. Durante su gestión siempre se rumoró sobre gastos desmedidos y redes de corrupción.
Carlos Pineda, quien retomó la investigación contra Calderón, declaró durante un evento público de Acceso a la Información y Transparencia, que cuando decidieron indagar el patrimonio del expresidente de la CSJ, solo tenía una persona para ayudarle, y que debió absorber personal dentro de la misma Corte.
Ahora dice seguir esperando que se apruebe la contratación de 15 auditores que le ayuden a avanzar más rápido en la indagación de los activos financieros de los funcionarios y exfuncionarios bajo escrutinio.
Con esto, los expedientes de 15 actuales funcionarios o exfuncionarios señalados por presunto enriquecimiento ilícito han sido evacuados por Probidad y enviados al conocimiento de Corte Plena.
Desde que se le fueron devueltas las facultades a la Sección de Probidad, 76 expedientes de funcionarios y exfuncionarios han sido abiertos por sospechas de enriquecimiento ilícito, siendo los expresidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, y el exfiscal Luis Martínez, los casos más sonados que han sido enviados a juicio civil.
Asimismo, se logró la primera condena contra un exfuncionario acusado de enriquecimiento ilícito, siendo este el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) durante la mayor parte de la presidencia de Mauricio Funes, Leonel Flores.
Carlos Pineda explicó que se tienen tres criterios para abrir un caso: la proximidad a su período de prescripción, el grado de importancia en la sociedad salvadoreña y las denuncias interpuestas por ciudadanos.