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Envían a juicio a exsecretario Privado de Saca por enriquecimiento ilícito

La Sección de Probidad de la CSJ concluyó que Charlaix no habría justificado la procedencia de más de $18 millones en su patrimonio, lo que la convierte en la cifra más alta en no ser justificada por un exfuncionario.

Redacción
Elmer Charlaix (primero de izquierda a derecha) en una visita a la Casa Blanca en Washington D.C.
Elmer Charlaix (primero de izquierda a derecha) en una visita a la Casa Blanca en Washington D.C.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló este jueves a favor de enviar a juicio civil a Elmer Charlaix, quien fungió como Secretario Privado del presidente Elías Antonio Saca, por inconsistencias en su declaración patrimonial al salir de sus gestiones.

De acuerdo con diversos reportes, la Sección de Probidad de la CSJ concluyó que Charlaix no habría justificado la procedencia de más de $18 millones en su patrimonio, lo que la convierte en la cifra más alta en no ser justificada por un exfuncionario.

La CSJ no había vuelto a ordenar un juicio de enriquecimiento ilícito, desde que en marzo pasado envió a juicio al expresidente Saca por no justificar un poco más de $6 millones reflejados en su patrimonio.

A raíz de pesquisas de la Sección de Probidad, se ha enviado a juicio civil en el último año al diputado del PCN Reynaldo Cardoza, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores y al expresidente Mauricio Funes.

El diputado Cardoza fue investigado por Probidad, luego de que se le detectaran incoherencias en sus declaraciones de su patrimonio que, en tres años, ascendió de $406 mil a $1 millón 218 mil. La CSJ además destacó en su resolución que “las condiciones personales del diputado no son coherentes con los ingresos declarados”, debido a que con su salario de $4 mil mensuales no declaró el reclamo de la deuda política para el financiamiento de su campaña, canceló todas las deudas que adquirió antes de ser diputado en menor tiempo de lo establecido en los contratos.

Por su parte Leonel Flores, exdirector del ISSs durante el gobierno de Mauricio Funes, fue emplazado por no justificar más de $600 mil de excedente en su patrimonio al salir de su gestión. Probidad descubrió seis cuentas bancarias a nombre suyo y de su esposa, además de dos automóviles de lujo, los cuales no se sabe cómo fueron adquiridos.

De estos casos, solo los del diputado Cardoza y el expresidente Funes han pasado la fase preparatoria. Se espera que en el juicio contra Funes, el cual también atañe a la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato y a Diego Funes Cañas, hijo del exmandatario, se desarrolle la audiencia probatoria en noviembre próximo.

En días pasados se esperaba que un perito designado por la Superintendencia del Sistema Financiero comenzara a evaluar el patrimonio de Funes y su nucleo familiar para determinar el monto del supuesto enriquecimiento ilícito en que habría incurrido durante su mandato. Probidad estima que el exgobernante no justificó el ingreso de más de $700 mil, además de otras irregularidades como el pago de deudas por parte de su exesposa, Vanda Piganto, aun y cuando no recibió salario como Secretaria de Inclusión Social, según detalló en su declaración patrimonial.

Funes permanece en Nicaragua, protegido por el gobierno de Daniel Ortega, el cual consideró en septiembre pasado que era un “perseguido político”. La decisión de asilar a Funes coincide con una serie de operativos desplegados por la Fiscalía General de la República, en propiedades ligadas al exgobernante.

En lo que concierne a Charlaix, quien formó parte del círculo más cercano que rodeó al expresidente Saca, la Corte notificará del proceso el próximo lunes y su caso será enviado a la Cámara Primera de lo Civil, la misma que ve el proceso contra Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco Sol.

Cabe mencionar que el gobierno de Saca fue el último que contó con montos discrecionales o “partida secreta”, la cual fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a principios del mandato de Mauricio Funes.

En el caso todos los señalados por enriquecimiento ilícito sean hallados culpables, serán condenados a restituir el monto ilícitamente adquirido y serán inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años.

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