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Corte congela cuentas bancarias de exsecretario Privado de Saca

Exfuncionario no justificó más de $18 millones en aumento de patrimonio, ni explicó como amortizó deudas al salir de su función.

Redacción
charlaix

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó el juicio por enriquecimiento ilícito decretado el jueves al exsecretario Privado de la Presidencia, Elmer Charlaix, parte del círculo íntimo del expresidente Elías Antonio Saca.

Como medidas cautelares al juicio, la Corte Plena ordenó la inmovilización de cuentas bancarias, anotación preventiva de bienes inmuebles y restricción de transferencia de propiedad de una serie de acciones en distintas propiedades.

A su vez enviará notificación a la Fiscalía General de la República (FGR), para que constate la existencia de ilícitos.

La Sección de Probidad de la CSJ encontró que Charlaix no justificó un aumento patrimonial de $18,767,445.84 evidenciado en su declaración patrimonial, así como amortizaciones de diversos créditos hipotecarios y tarjetas, de los que no se tiene rastro del origen del dinero.

De acuerdo con el examen de Probidad, durante la gestión de Saca se libraron cheques desde cuentas institucionales de la Presidencia a diversas personas naturales. La mayoría de estos cheques eran depositados en cuentas de Elmer Charlaix.

De dichas cuentas, agrega un comunicado de la CSJ, $5,878,686.23 fueron a parar a las cuentas de Charlaix, mientras que $15,056,249 se depositaron a nombre de Elías Antonio Saca.

Otros beneficiados por esta emisión de cheques procedente de cuentas presidenciales, son el exsecretario de Comunicaciones de la presidencia de Saca, Julio Rank, el expresidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido ARENA, José Antonio Salaverría; el exdiputado arenero, Cesar Reyes Dheming; y el expresidente de ANDA, Cesar Funes. Además se habrían emitido cheques a favor del partido ARENA, por un monto de $400 mil.

Lea también: Envían a juicio a exsecretario Privado de Saca por enriquecimiento ilícito

En su adenda, Charlaix explicó que este dinero provino de fondos públicos obtenidos a raíz de un acuerdo del presidente Saca, quien lo autorizó a manejar gastos reservados y secretos, relacionados con la inteligencia del Estado.

El exsecretario Privado justificó que el fin de ese dinero era “secreto de Estado” y que las acciones efectuadas con dichos fondos fueron totalmente legales, ya que los criterios para el control de las partidas de gastos imprevistos fueron declarados inconstitucionales a principios de la gestión de Mauricio Funes.

No obstante, la Sección de Probidad no constató la existencia de los acuerdos mencionados por Charlaix, pese a solicitar información en Casa Presidencial y el Diario Oficial. Por lo tanto, la Corte Plena consideró que los atenuantes de Charlaix son de dudosa existencia y que además excedieron las facultades del Órgano Ejecutivo.

La CSJ no había vuelto a ordenar un juicio de enriquecimiento ilícito, desde que en marzo pasado envió a juicio al expresidente Saca por no justificar un poco más de $6 millones reflejados en su patrimonio.

A raíz de pesquisas de la Sección de Probidad, se ha enviado a juicio civil en el último año al diputado del PCN Reynaldo Cardoza, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores y al expresidente Mauricio Funes.

En el caso todos los señalados por enriquecimiento ilícito sean hallados culpables, serán condenados a restituir el monto ilícitamente adquirido y serán inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años.

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