Aun cuando el gobierno acusara el fin de semana al partido ARENA de tener una “clara intención de desestabilizar a las instituciones del Estado” y de tener pactos con grupos de pandillas, el presidente Salvador Sánchez Cerén espera que este instituto político apoye las medidas especiales que se adoptarán para combatir la criminalidad.
“Esperamos la voluntad expresada por los sectores representados en el Consejo Nacional de Seguridad”, dijo Sánchez Cerén, refiriéndose al partido ARENA, que también forma parte de este conclave encargado de articular el plan gubernamental de seguridad “El Salvador Seguro”.
Luego de conocerse a través de un video que el diputado Ernesto Muyshondt de ARENA y el alcalde de Ilopango por el mismo partido, Salvador Ruano, sostuvieron en febrero de 2014 reuniones con cabecillas de pandillas, el gobierno no vaciló de acusar a este instituto político de tener una agenda de desestabilización al Estado en conexión con estos grupos delictivos.
Asimismo pidió a la Fiscalía General de la República que investigue de oficio estos hechos y deduzca responsabilidades penales sobre quienes sostuvieron estas reuniones.
En el marco del anuncio de algunas de las medidas extraordinarias para aplacar la ola criminal que asola el país, el presidente Sánchez Cerén también solicitó a ARENA que pueda ayudar en la emisión de 1,200 millones de dólares para la financiación de los planes de seguridad y así no tener que disponer de recursos extraordinarios.
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No obstante, el mandatario insistió en que la Fiscalía debe actuar “en correspondencia” con el video filtrado en el que se revela las conversaciones entre personeros de ARENA y pandilleros, e investigar si este partido tiene vínculos con estos grupos criminales.
Entre las medidas más importantes anunciadas por el gobierno está el despliegue de más elementos militares en apoyo a las tareas de seguridad en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), Sánchez Cerén indicó también que el ejército podrá echar mano de la reserva activa y pasiva en caso de necesidad.
También reiteró que no piensa establecer estados de excepción, pero que sí medita la posibilidad de “reducir ciertos derechos” en algunos municipios con mayor incidencia criminal, a la vez que promoverá medidas para descongestionar centros penales, como la excarcelación de enfermos terminales y evaluar la concesión de libertades condicionales a reclusos e buena conducta.
Respecto a estas últimas medidas, Sánchez Cerén espera el apoyo de la Asamblea Legislativa para dar su aprobación.