Con 13 votos a favor, el pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó este martes en la sesión ordinaria que se enviará al expresidente Elías Antonio Saca a un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito.
Esta decisión fue tomada por la Corte luego de que la sección de Probidad detectara 13 irregularidades injustificadas en las declaraciones patrimoniales presentadas por el ex presidente Saca.
Saca llegó a la presidencia de la República de El Salvador siendo empresario, en el año 2004, cuando declaró tener un patrimonio líquido de poco más de $3 millones 689 mil. Cinco años después, su patrimonio aumentó hasta llegar a los $13 millones 156 mil 270, lo que equivale a un incremento de casi $9.5 millones, de los cuales no pudo justificar $5.5 en los tres días hábiles que la Corte le dio para subsanar cualquier error.
Los movimientos bancarios de Saca y su esposa que alarmaron a la Corte Suprema
Una versión pública del examen a la declaración patrimonial presentada por el expresidente Elías Antonio Saca al terminar su periodo arrojó un total de 13 irregularidades que constituyen para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicios de enriquecimiento ilícito.
Los peticionarios de la declaración patrimonial del expresidente Saca son Xenia Hernández y Roberto Burgos, abogados de la Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), quienes entre algunas irregularidades revelaron movimientos bancarios que no coincidían con lo que declaró Saca.
De acuerdo al examen de la Sección de Probidad de la CSJ, Entre Junio de 2009 y diciembre de 2014, los montos iguales o mayores a $1,000 depositados en una cuenta del expresidente Saca, sumaron 1,071,179.92 dólares.
Esta no es la única cuenta con este tipo de giros, ya que en otra se encontraron 4,481,823.35 dólares en depósitos iguales o mayores a $2,000 en el mismo período fiscalizado. La suma de estas dos cuentas hace un total en depósitos de 5,553,003.27 dólares.
En contraposición con lo hallado por la Sección de Probidad, Saca declaró que en el período auditado lo que tenía en sus cuentas ascendía a 3,807,379.78 dólares, lo que significa un excedente de $1,745,623.59 de los que no se tiene la explicación de su procedencia.
Por otra parte, también la esposa del exmandatario, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, tiene un reparo en el examen de la sección de probidad, al no justificar 85,053.55 dólares en el efectivo declarado al inicio del mandato de su conyugue.
De acuerdo a Xenia Hernández, abogada de FUNDE-ALAC, al citar el examen patrimonial se señala que este dinero está contemplado en los “ingresos exentos” que no se consideraron en las declaraciones de renta, viáticos y gastos de vida.
Dichos ingresos, agrega la abogada, acumulan 93,600 dólares anuales y 117,600 dólares en el período revisado.
“No ha existido conspiración contra gobiernos o partidos políticos al solicitar esta información”, declaró Hernández, quien a la vez agregó que el fin de FUNDE-ALAC era demostrar que este tipo de exámenes no se hacían a los patrimonios de los expresidentes.