En su artículo 24 la ley Contra Delitos Informáticos establece que el emisor de un mensaje con información difamatoria y de menoscabo de la dignidad de una persona a través de medios tecnológicos –redes sociales y otros- será sancionado con uno a tres años de cárcel. Pero también se enfrentarán a eso todos los usuarios que colaboren en la divulgación.
Daysi Posada, representante de la Fiscalía General en la elaboración del proyecto, explicó que si el usuario de las redes sociales sabe que un contenido es falso pero igual lo comparte en sus cuentas la acción será un delito. “Se puede considerar como difundir”, dijo después de participar en la comisión de Seguridad de la Asamblea. “Vamos a tener una ley precisa que regulará conductas no reguladas en la actualidad”, agregó. Aclaro, además, que una persona no podrá ser procesada penalmente por contener en sus dispositivos información comprometedora si se comprueba que una tercera persona se lo envió.
El proyecto tiene 37 artículos y pudo ser aprobado esta mañana pero los partidos se atascaron en un dilema: ¿blindar la libertad de prensa o no? El FMLN propuso suprimir el artículo 24 porque argumentó que, o todos en el suelo o todos en la cama; ARENA y PCN prefirieron mantenerlo para evitar que la difusión de información periodística se confunda con otra que tiene voluntad difamatoria.
“El asunto es que si les dicen (una fuente) algo inexacto no los vayan a sancionar por divulgarlo”, argumentó Antonio Almendáriz, diputado del PCN.
Rodrigo Ávila, de ARENA, dijo: “Queremos estar totalmente claros que no se está violentando la libertad de expresión. Todos estamos claros en el espíritu del articulo 24 pero no tenemos claro como se pueda llegar a interpretar”
Al final de la reunión Almendáriz consulto a los diputados si iban a firmar el dictamen pero nadie quiso hacerlo.
Juan Pablo Herrera, diputado de GANA, afirmó que no podía firmarlo hasta no consultarlo con los miembros de su partido.
A principios de julio del año pasado la Asamblea inició el estudio de la ley contra Delitos que presentó el 11 de junio de 2010 el entonces diputado Douglas Avilés.
El proyecto tiene 25 tipos de delitos: violación a la seguridad informática, estafa, fraude, espionaje, hurto, manipulación, obtención indebida de bienes, alteración, daño a la integridad, interferencia, divulgación no autorizada, difusión de información perjudicial, uso de datos personales, revelación indebida de datos, ofrecimiento y muestra de pornografía a niños y discapacitados mentales, entre otros.
Los primeros artículos establecen como causal de prisión la manipulación y el hurto de información contenida en medios tecnológicos. Esto incluye la copia, alteración, clonación o eliminación de contenidos en tarjetas inteligentes.
El proyecto original iba a ser aprobado dos días después que inició la discusión pero ARENA, FMLN y GANA cedieron a la presión que se desató contra ellos en las redes sociales que lo consideraban una ley mordaza.
Margarita Escobar, del principal partido de oposición, dijo esa vez que podía empalmarse el proyecto con la ley de Firma Electrónica. Su compañero Rodrigo Ávila la secundó: No hay nada de malo en enriquecerla”.
Al final de la reunión el artículo de la discordia fue el 24. El jueves los diputados decidirán si la aprueban o no.