Diputados de ARENA y FMLN se enumeraron una extensa lista de supuestos casos de corrupción antes de aprobar la hasta ayer inédita en El Salvador ley de Probidad porque ésta, supuestamente, no impulsará las investigaciones contra funcionarios sospechosos de enriquecimiento ilícito sino que las atascará y frenará el parco trabajo que hasta ahora ha hecho la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Durante más de una hora los diputados, como se dice popularmente, se sacaron los trapos al sol. El principal partido de oposición aseguró que el oficialismo no tiene más propósito que proteger a los exfuncionarios que después de presidir el Órgano Ejecutivo salieron debajo del brazo con mansiones y spa para sus amigas; los efemelenistas sacaron de la gaveta de sus curules la lista de casos que recopiló el académico Salvador Arias en el libro Manual de la Corrupción de ARENA.
Juan Valiente, de ARENA, explicó que el primer vacío de la norma que sustituyó a la Ley de Enriquecimiento Ilícito –vigente desde abril de 1959- es su objetivo: en vez de limitarse a establecer procedimientos para detectar la corrupción debió ampliarse a “prevenir, detectar y combatir” los delitos de cuello blanco. Criticó, además, que la decisión de enviar los casos más escandalosos a la Fiscalía General (FGR) pase a manos de la Sala de lo Civil y se la quiten al Pleno de la Corte Suprema, como hasta la fecha estaba.
“Ya basta de mentirle al pueblo, de decirle que le damos herramientas para combatir la corrupción cuando es todo lo contrario”, dijo en el pleno. Insinuó, además, que efemelenistas, GANA y PCN acordaron, en las últimas tres semanas, acelerar la discusión en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para frenar los juicios civiles que la Corte ha ordenado por sospechas de enriquecimiento ilegal del diputado Reynaldo Cardoza y de Leonel Flores Sosa, exdirector del Seguro Social en la presidencia de Mauricio Funes. “Esta ley está hecha para entorpecer los procesos activos”, señaló.
Después Calixto Mejía, del FMLN, se paró en un pódium instalado en el Salón Azul de la Asamblea y leyó los casos del Manual de la Corrupción del también exdiputado Arias: citó el saneamiento y privatización de los bancos, CEL-Enel, enterramiento de medicinas vencidas, robos en el Seguro Social, malversación en Correos, el caso que protagonizó Carlos Perla, expresidente de ANDA y que salpicó incluso al actual diputado Norman Quijano, el desvío de $15,000, 000 de la cooperación de Taiwán que ha llevado al banquillo de los acusados al expresidente Francisco Flores, el desfalco en la construcción del bulevar Monseñor Romero –antes Diego de Holguín- y otros que suman más de 3 mil 935 millones de dólares. Después de enumerarlos preguntó: ¿Qué pudo hacer el Estado con ese dinero? Cinco regionales universitarias, erradicar completamente el analfabetismo, construir y equipar guarderías, construir y equipar hospitales, duplicar el presupuesto del Ministerio de Agricultura, construir 40,000 casas, aumentar el número de sedes de Ciudad Mujer, ampliar el número de beneficiarios del Programa de Asistencia Temporal al Ingreso (PATI) y otros.
“A la gente le quedará claro quienes estamos del lado de la transparencia y quienes están de lado de la corrupción”, concluyó. Luego caminó sobre la alfombra y puso en la curul de Alberto Romero, jefe de fracción de ARENA en la Asamblea, el libro pero éste inmediatamente lo lanzó por los aires y cayó lejos.
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Luego Ernesto Muyshondt, de ARENA, le respondió a Mejía al decirle que todo lo que había leído no era más que “barrabasadas y mentiras”. Después le recriminó al bloque oficialista la aprobación exprés de la ley de Probidad porque en vez de fortalecer la lucha anticorrupción amarrará a la Sección de Probidad. “Quizá para proteger al señor de las mansiones, al señor de los terrenitos o a los del Chaparral que han consumido millones de dólares que a saber a bolsas de quién han ido a parar. ¿A quién protegen?”, cuestionó.
Mario Tenorio, de GANA, recordó que el debate del proyecto no comenzó hace tres semanas sino desde la legislatura 2012-2015 cuando un equipo técnico que integraron analistas de todos los partidos discutió las propuestas que habían presentado diputados, fundaciones y oenegés. A eso se sumaron los aportes de la Fiscalía, de Probidad, la Secretaría de Transparencia, entre otros.
Mario Tenorio, de GANA, recordó que el debate del proyecto no comenzó hace tres semanas sino desde la legislatura 2012-2015 cuando un equipo técnico que integraron analistas de todos los partidos discutió las propuestas que habían presentado diputados, fundaciones y oenegés. A eso se sumaron los aportes de la Fiscalía, de Probidad, la Secretaría de Transparencia, entre otros. También rechazó que mutilen facultades. El artículo 11, por ejemplo, establece que los aplicadores de la ley pueden saltar incluso el secreto bancario para pedir información de los investigados y actuar siempre de oficio, es decir, sin pedir permiso a la Sala de lo Civil o a Corte Plena. “Está alejado de la realidad decir que le restamos potestades”, expresó.