Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, celebró la captura de Ricardo Andrés Ortiz Lara, acusado de clonar la página en la red de La Prensa Gráfica que implicó, además, el cierre de un supuesto centro de troles que operaba en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.
Pero Muyshondt va más allá de los aplausos ya que, según él, la Fiscalía General tiene una enorme tarea: cazar a “los mercenarios” que, con sueldos de instituciones gubernamentales y escondidos en cuentas anónimas de nombres jocosos u ofensivos, ocupan las redes sociales para difamar, calumniar y vilipendiar a los opositores al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
«Ojalá no vaya a ser el único ‘trol-center’ asqueroso que allanan», pidió.
Aunque no se quedó ahí. Comentó que desde el atardecer del martes pasado hay “gente muy nerviosa” que teme que la captura del también exempleado de Casa Presidencial se convierta en un ficha de dominó que implique la caída de uno, dos, tres o más peces gordos que por oficio tiene la difamación en el ciberespacio.
“Dicen que el alcalde de San Salvador (Nayib Bukele) está detrás de muchos ‘trol-centers», agregó que incluso el expresidente Mauricio Funes se podría estar dedicando a esas prácticas.
Mario Ponce, diputado del PCN, instó a la Fiscalía a investigar si los partidos políticos tienen dentro de sus estructuras troles para atacar a los adversarios. «Las redes sociales no se pueden prestar para cometer ilícitos», afirmó durante la celebración de la sesión plenaria este jueves.
El 7 de julio la Asamblea inició el estudio de la ley Contra Delitos Informáticos en la que contemplará como infracciones el sabotaje a bases de datos públicas y privadas, daño a página en la red, violación de sistemas de seguridad, espionaje de las telecomunicaciones, clonación de tarjetas, robo de la identidad de un usuario, divulgación de información privada, difamación, acoso sexual, mostrar contenido pornográfico a menores de edad y discapacitados mentales, entre otros. El artículo 26, por ejemplo, ordena entre tres y cinco años de cárcel para los que, sin consentimiento del dueño, divulguen fotografías, imágenes o audios; pero la agravante, que aumenta la pena a cuatro u ocho años, queda establecida cuando se comprueba que lo hizo con fin lucrativo.
Ese proyecto –que presentó el exdiputado Douglas Avilés el 11 de junio de 2010- iba a ser aprobado esa semana pero, casi a última hora, los diputados dieron un paso al costado debido a las críticas que despertó de los usuarios de las redes sociales que la consideraron una especie de ley mordaza.
Hace tres semanas el Grupo Interinstitucional –que ha elaborado el proyecto y en el que participan FGR, AMCHAM, CONNA, entre otros- presentó las modificaciones en las que incluye una disminución en las penas y dirige al Código Penal para regular los delitos contra el honor, es decir, retoma las cláusulas que garantiza “el libre flujo de información” al declarar no punibles las críticas política, literaria. Artística, histórica, científica, religiosa, profesional y toda en la que esté presente el ejercicio de la libertad de expresión.