El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén sugirió a la Asamblea que en la nueva ley de probidad establezca que los delitos de corrupción pueden perseguirse sin importar cuánto tiempo pasó desde que fueron cometidos y que en las investigaciones la Fiscalía General (FGR) pueda imputar no solo a funcionarios sino también a empresarios y cualquier ciudadano que se benefició con el robo del dinero del Estado.
Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, dio a conocer la propuesta a la comisión de Legislación de la Asamblea que además incluye considerar como falta de ese tipo la evasión y elusión de impuestos, que la Sección de Probidad de la Corte Suprema (CSJ) investigue todos los indicios de corrupción y lleve un caso casi armado a la Fiscalía, y prohibir que las empresas puedan convertirse en financistas de los partidos durante las campañas electorales, asunto que en la actualidad lo permite la Ley de Partidos que aprobada el 14 febrero de 2011.
Mario Tenorio, diputado de GANA, recordó que en Guatemala están encarcelados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti como protagonistas de una trama de corrupción en la que cobraban menos para rebajar impuestos a los importadores; los empresarios que pagaban los sobornos, señaló, siguen libres. “Se tiene que llegar al fondo del asunto. Los contenedores (con mercadería) no los introdujo a ese país una ama de casa, un profesor o un empleado”, expresó.
En la presentación opinó que no solo los funcionarios pueden empantanarse con la corrupción sino también los dueños de las empresas que ganan licitaciones amañadas o los que se benefician del desvío de fondos públicos. Para controlarlo propuso que todos los que se relacionen con la hacienda, las alcaldías o cualquier dependencia estatal en el uso de fondos públicos sean obligados a presentar a la Sección declaraciones patrimoniales y de intereses, es decir, nombres de las personas naturales y jurídicas con las que ha trabajado o tiene relación desde dos años antes de asumir tocar el erario; esto implica que alcaldes, diputados, ministros, directores de autónomas, de sociedades mixtas y otros estarán bajo la lupa de la Fiscalía y la Corte de Cuentas (CCR).
Michelle Bachelet, ejemplificó Luis Cruz, abogado de Transparencia, cuando asumió como presidenta de Chile presentó en su declaración que estaba relacionada con el Colegio Médico y con una oenegé a la que donaba dinero.
“Si tiene miles de funcionarios no podrá controlar a todos, por eso es mejor centrarse en los decisores y en los relacionados; se trata de mejorar el microscopio”, comentó el secretario.
En caso los obligados tarden más de 60 días desde que empezaron a administrar el dinero público en presentar su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, podrá ser multado con dos a 15 salarios mínimos; o con 20 a 40 en caso manipule información para esconder enriquecimiento ilícito y las impondrá de oficio la Sección. Los anteproyectos de ley de probidad que presentaron ARENA y el Grupo Promotor establecen que puede haber destitución aunque los diputados todavía no han empezado a debatir ese punto.
Cruz explicó a los diputados que las multas podrían ser impugnadas en las salas de lo Contencioso Administrativo o en lo Civil porque no se puede cercenar el derecho de impugnación a los funcionarios.
Los representantes del Ejecutivo también dijeron que es necesario que la Asamblea reforme el artículo 240 de la Constitución para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y declare que será retroactiva, es decir, que podrán investigarse los desfalcos desde hace 25 años.
“Deberíamos hacer ese corte por el bien del país porque hay muchos casos que fueron cometidos con dolo. Quienes los hicieron deben responder, es un problema ético”, reiteró Rodríguez.
Jaime Valdés, diputado del FMLN, consideró que la propuesta obligaría a fortalecer a la Sección de Probidad porque como está en la actualidad no podrá cumplir su misión. Eso conllevará un presupuesto propio para darle mayor independencia.
Alejandrina Castro, de ARENA, dijo que habrá que analizar más detalladamente las ideas porque muchas chocan con, por ejemplo, la Ley de Partidos o el Código Penal. “Hay confusión de temas porque son diferentes a la función pública”, agregó.
El 16 de noviembre la comisión organizará un foro para enriquecer la nueva ley de probidad que sustituirá a la que está vigente desde 1959 y que solo ha funcionado para llevar a prisión a Carlos Perla, expresidente de ANDA, que fue condenado en 2007 después de ser extraditado de Francia donde vivía holgadamente. En 2005 el entonces jefe de Probidad, José Eduardo Cáceres, detectó irregularidades en las declaraciones de los exfuncionarios Juan José Daboub, María Eugenia Brizuela de Ávila, Miguel Ernesto Lacayo, Enrique Molins, Carlos Quintanilla Schmidt y Guillermo Alfredo Sol Bang pero las indagaciones que comenzó las frenó el pleno de la Corte que lideraron los exmagistrados Agustín García Calderón y Ulises del Dios Guzmán.