Los seis diputados que ganó el PCN en las elecciones de 2015 se dividieron. Francisco Merino, Reynaldo Cardoza y Serafín Orantes se distanciaron de sus compañeros y se unieron al FMLN y GANA para aprobar el 5 por ciento de impuestos a las ganancias superiores a $500,000 que reportan al Ministerio de Hacienda las medianas y grandes empresas. Juntos alcanzaron 45 de los 43 votos necesarios.
Merino aseguró que se había respetado la «independencia» de cada miembro del partido. Lo acordaron con el secretario pecenista Manuel Rodríguez.
La Asamblea Legislativa también dio luz verde al 5% de impuestos a la factura telefónica -que incluye compra de aparatos relacionados y servicios como internet, cable y otros- pero en esta los pecenistas sí votaron unidos. Se les sumó Rodolfo Parker, del PDC. La votación final quedó 48 a favor versus 34 en contra.
ARENA se opuso a ambos. Aseguró que los diputados no discutieron ninguno de los proyectos. Ni en la Comisión Interpartidaria ni en la comisión de Hacienda Legislativa.
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El martes pasado trascendió que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén ya había logrado convencer a todos los partidos de secundar el tributo a la telefonía, modificada del 10 al 5 por ciento, durante cinco y no diez años, diferente a la propuesta original que el 17 de septiembre presentaron los ministros Carlos Cáceres y Benito Lara, de Hacienda y Seguridad respectivamente.
Ayer Mario Ponce, jefe de la fracción pecenista en la Asamblea, contó que a sus oídos llegó la noticia que había cuatro dictámenes preparados: para las utilidades de los casinos, los salarios de los empleados y funcionarios que mensualmente reciben entre 1,500 a 3,500 dólares y los aprobados este atardecer. También aseguró que no pensaban votar más que por el tributo a la telefonía. Un día después lo reiteró: «Hoy resulta que nos mandan un combo… Está totalmente fuera de lugar», expresó unos minutos antes de entrar a sesión plenaria.
La idea de Ponce es que la Policía Nacional Civil (PNC) necesita comprar una mejor flota vehicular, armas, municiones, mejorar las instalaciones en las que emite solvencias a los ciudadanos, equipar la base de las delegaciones de tránsito, ampliar el sistema de vigilancia electrónica en San Salvador, fortalecer la subdirección de administración y dependencias adscritas, entre otros. «Los recursos son necesarios pero eso no significa que vamos a hacer un combo», reiteró.
En la mañana la opinión del principal partido de oposición fue similar. El presidente Jorge Velado recordaba que en los últimos seis meses han propuesto recortar los gastos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial-menos de los ministerios de Salud, Educación, Defensa, Seguridad y Fiscalía General- en viajes, publicidad, congelación de plazas; combate de la evasión y elusión, así como la emisión extraordinaria de $ 150,000, 000 en bonos. Si aplicara esas medidas, calculó, el Estado tendría en sus manos unos $243,000, 000. «Los impuestos es la solución más fácil para un gobierno incapaz», afirmó.
Milena Calderón de Escalón, señaló que los proyectos no fueron discutidos. Nadie sabe, por ejemplo, a cuánto asciende el cálculo de la recaudación. Criticó, asimismo, que en las secretarías de Transparencia y de Inclusión Social -que presiden Marcos Rodríguez y Vanda Pignato- se hayan aumentado los salarios y el número de guardaespaldas.
«A veces parece que la inseguridad se le escapa de las manos pero ahora esperamos mejores resultados (…) el impacto en el bolsillo no será grande», dijo Mario Tenorio, diputado de GANA.
«¿Por qué les ofende que el Estado fortalezca sus capacidades si el beneficio es para todos?» Lamentamos la mezquindad con la que ARENA aborda la seguridad», expresó Norma Guevara, jefa efemelenista en la Asamblea. Explicó, además, que la recaudación será invertida en el remozamiento de las cárceles, programas de reinserción, de combate a la criminalidad; el Gobierno dará cuentas de la ejecución al Consejo de Seguridad y a la Corte de Cuentas (CCR).