El nuevo borrador de la ley contra Delitos Informáticos disminuye a menos de doce años de cárcel y relativiza la intención de divulgar contenidos en imagen, audio y video, por tanto, es más laxa al momento de medir entre quienes difaman a través de las redes sociales o correo electrónico y los que simplemente ejercen su derecho a opinar de un funcionario, según Misael Mejía, diputado del FMLN.
La nueva redacción la presentó el martes en la mañana el equipo interinstitucional –que lo integran FGR, CONNA, SIGET, AMCHAM, FUSADES, MJSP, entre otros- en la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa después que los diputados desistieron, el 9 de julio, de aprobar el primer proyecto que tenía las firmas de ARENA y PCN pero que ganó rápidamente el calificativo de “ley mordaza” porque supuestamente castigaba el disentimiento y las críticas con la excusa de frenar las difamaciones y las calumnias.
“Queremos limitar la sanción, se ha adecuado de otra forma la redacción”, explicó Mejía después de participar en la comisión. Detalló, asimismo, que ahora les toca a los partidos volverse a sentar para analizar los cambios y preparar la redacción final. Pueden tardar más de cinco semanas.
Durante la reunión surgieron otros debates como por qué no establecer en el proyecto los términos ciber-terrorista o terrorismo cibernéticos para los usuarios que siembren el pánico, miedo o la zozobra a través de mensajes a través de internet. Rodrigo Ávila, diputado de ARENA, ejemplificó que hace algún tiempo en Estados Unidos un usuario difamó a una cadena de restaurantes lo que le provocó millonarias pérdidas que casi la llevan a la bancarrota o en Argentina divulgaron una noticia falsa sobre un nuevo corralito que casi empuja al país al colapso financiero.
“Son usuarios que generan terror, pánico, no es que vayan y pongan una bomba”, reiteró durante la celebración de la comisión.
Mejía respondió que lo esencial de la ley debe ser cómo llegar hasta el criminal informático. Eso, señaló, es un punto débil en la redacción actual. Contó, a manera de ejemplo, que en España existe una división especial dentro de la policía que se dedica a esos delitos. En la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil (PNC) será necesario formar agentes en esas áreas que integrarán unidades especializadas.
Daysi Posada, representante de la Fiscalía, aclaró que el procedimiento de búsqueda que toma la ley es el establecido en el Código Procesal Penal, aunque el único impedimento es el caso de Facebook y Twitter que tienen sus domicilios en Estados Unidos y, por tanto, se rigen con las leyes de ese país. Comentó que ha habido casos en que les pidieron colaboración y aceptaron enviarla pero vía diplomática o consular lo que alerta al criminal de que lo están investigando. “El problema no es de experticia sino de cómo llegar a él”, dijo. Agregó, además, que la ley Contra Actos de Terrorismo ya contempla en el artículo 12 el ciber-terrorismo por lo que volver a regularlo es innecesario.
El representante de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM) reiteró que es importante formar forenses digitales porque de lo contrario la ley será como una “mesa sin patas” y además hacer convenios con las fiscalías de países vecinos, el FBI, entre otros.