“Me han puesto más rayas que un tigre”. Esta es la reacción de Reynaldo Cardoza, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), después de conocer que el pleno de la Corte Suprema ordenó enjuiciarlo por sospechas de enriquecimiento ilícito porque lleva un estilo de vida incoherente con sus ingresos como funcionario.
“Jamás he agarrado lo que no es mío y no tengo lo que no es mío”, dijo vía telefónica a Diario1.com mientras estaba en una “reunión importante”.
El pecenista explicó que la Sección de Probidad de la Corte le hizo seis observaciones a las declaraciones patrimonio que ha presentado en el periodo 2012-2015 y las subsanó. Desde entonces no le respondieron nada hasta este mediodía que le congelaron las cuentas bancarias y le inmovilizaron sus propiedades.
Según Cardoza detrás de los señalamientos como no reintegrar completamente la deuda política, la incertidumbre de dónde provino el dinero con el que financió su campaña para la reelección como diputado por Chalatenango, la no declaración de 220 y 85 dólares, la compra de propiedades con dinero en efectivo a precios sustancialmente bajos y otros hay una especie de persecución política.
“Me causa sorpresa que solo sea a mí y no a otros”, agregó.
En la declaración de toma de posesión -proporcionadas el 1 de septiembre por la Oficina de Información del Órgano Judicial- que Cardoza presentó a Probidad el 1 de mayo de 2009, aseguró que tenía propiedades –casas, carros y otros- valorados en $406,956; deudas por $423,337 lo que hizo un patrimonio total de $163,318. Sus ingresos anuales eran de $51,508 con gastos de $74,966.
Tres años más tarde sus cuentas habían mejorado sustancialmente.
En la declaración del 30 de abril de 2012 sus propiedades ascendían a $1,017, 610, sus deudas a $53,877 lo que hacía un patrimonio total de $963,732. Sus ingresos se mantuvieron en $67,487 y los gastos en más de $35,000.
En 2015 declaró como su patrimonio total $1,218, 855 con un salario anual de $58,587. Su familia no presenta ingresos sino inmuebles por más de $50,000.