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POLÍTICA

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Cámara abre juicio por enriquecimiento ilícito contra Diputado Cardoza y su esposa

En tres años el diputado acumuló más de $1 millón sin justificar cómo lo obtuvo

Redacción
Reynaldo-Cardoza

La Cámara Segunda de lo Civil del Centro abrió juicio por enriquecimiento ilícito contra Reynaldo Cardoza, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) y su esposa Alma Yaneth Gutiérrez de López, confirmó la unidad de comunicaciones del Órgano Judicial.

El martes pasado el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Cámara iniciar el juicio contra el pecenista debido a que existen dudas de cómo obtuvo su fortuna debido a que los salarios que ha recibido como funcionario son insuficientes para justificar su estilo de vida que viajes al extranjero y manejo de exorbitantes cantidades de dinero en efectivo.

La Fiscalía General (FGR) también deberá presentar alegatos para extinguir la fortuna que ha amasado Cardoza. Tiene 20 días para hacerlo.

La Cámara ha pedido al Centro Nacional de Registros (CNR) para que en diez días hábiles presente un informe sobre las propiedades de Cardoza ubicadas en Guazapa, Antiguo Cuscatlán, los Planes de Renderos, San Jacinto, Cuyagualo, El Paraíso y Dulce Nombre de María. Y solicitó a los bancos Scotiabank y Agrícola para que informen si ya inmovilizaron las cuentas bancarias de la pareja.

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Para enero de 2016 se prevé instalar la audiencia de aportación de pruebas en la que el diputado podrá defenderse.

Ayer aseguraba que está dispuesto a presentarse en los tribunales y que tenía todas las pruebas para defenderse. Incluso dijo que en las irregularidades en las declaraciones de patrimonio que presentó a la Sección de Probidad de la Corte Suprema podía haber “un error humano”.

“Estoy totalmente libre, con la conciencia tranquila de que nunca he estado enriqueciéndome ilícitamente como se ha estado diciendo”, afirmó a la prensa antes de participar en la comisión de salud de la Asamblea. 

Esta mañana Aliados por la Democracia consideró que es el momento oportuno para que la Asamblea elabore una nueva ley de probidad y pida a la ONU una comisión internacional contra la impunidad.

“Necesitamos una ley que garantice la probidad de los funcionarios y no solo haya sanciones”, dijo Javier Argueta, representante legal de ANEP. Agregó, además, que es posible que presenten a la Sala de lo Constitucional una demanda de amparo para que obligue a los diputados a crearla.

“Probidad (Sección) jamás funcionó. No hay ni auditorías”, afirmó Carlos Nazer.

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