Lo que desde el martes había sido un rumor de pasillo en su áspera voz sonó a verdad casi oficial. Arnoldo Marín, diputado suplente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) soltó, como quien cuenta un chiste después de una comilona, que FMLN y GANA habían negociado en los últimos días establecer un impuesto a las fortunas mayores a los $500,000 y con el dinero recaudado financiar un porcentaje de los más de $2,100 millones que necesita el Gobierno para descabezar definitivamente al Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS-13) y organizaciones criminales conexas amparado en el Plan El Salvador Seguro.
Fue entre las nueve y diez de la mañana de este jueves cuando Marín calculó que la negociación para aprobar el impuesto que propuso a la Asamblea el diputado Guillermo Gallegos el 22 de septiembre estaba avanzada en un 90 por ciento. Parecía que ya no había vuelta atrás porque los partidos buscaban al voto 43 de los 42 necesarios para hacer realidad la iniciativa. “Nosotros no apoyamos nada”, aseguró a los medios de comunicación antes de entrar a la celebración de la sesión plenaria.
La propuesta de ese tributo apenas había entrado a la comisión de Hacienda de la Asamblea. Normalmente cuando un diputado presenta un proyecto tarda –días más, días menos- muchas semanas para que quede agendado, luego los debates que suelen alargarse, estirarse, eternizarse, después llaman a funcionarios y expertos para que les sugieran palabras y formas de los artículos en caso sea una ley o reforma; pasan más tiempo y no hay resultados, todo el mundo se olvida que había algo… ¿qué era lo que discutían? Y entonces traen de los pelos nuevamente el asunto y lo terminan aprobando.
Pero los debates sobre los tributos avanzan a la velocidad de la luz. Esta semana, según los diputados, Franzi Hato Hasbún, secretario de Gobernabilidad, y Manuel Melgar, secretario privado del presidente Salvador Sánchez Cerén, se han reunido con los dirigentes de los partidos para hablar de eso: ¿El Estado impondrá el tributo del 10% a la factura de los productos y servicios telefónicos como propuso el Gobierno; a las ganancias de más de $1,000 millones anuales que reportan las telefónicas, según la idea de Gallegos; un tributo especial a los salarios de los funcionarios que oscilan entre 1,500 a 3,500 dólares, de acuerdo a la iniciativa del pedecista Rodolfo Parker; o a los casinos y que el Estado venda a todos los salvadoreños un bono “para seguridad” como lo propuso el Partido de Concertación Nacional?
Todo apuntaba a que lo más fácil iba ser establecer el impuesto a las fortunas superiores a los $500,000 pero a la hora de la verdad la teoría se derrumbó. Todavía se desconoce cuándo y a qué horas pero Mario Ponce, diputado del PCN, confirmó que había un dictamen que firmaron todos los partidos para aprobar pero se echaron para atrás. Él, por ejemplo, lo suscribió pero decidió retirar la rúbrica porque después pensó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podía declararlo ilegal bajo el argumento que es doble tributo. Es mejor, opinó, que el Estado emita los bonos, tal como lo hicieron en la segunda mitad del siglo XX los gobiernos militares. “Es la (medida) menos dolorosa porque es una inversión, no un tributo forzado”, expresó.
Pero no solo se ha pensado en ese gravamen sino también en modificar la propuesta que el 17 de septiembre presentaron Benito Lara, ministro de Seguridad y Carlos Cáceres, ministro de Hacienda: reducirla de 10 a 5 por ciento. Eso, sin embargo, significaría recaudar unos $70,000, 000 anuales, es decir, 170 millones de dólares menos que los necesarios para darle vida al Plan que elaboró el Consejo de Seguridad.
¿De dónde saldrá el resto del dinero? En los pasillos legislativos se habla de implementar impuestos paralelos o aprobar a la vez dos de las iniciativas que ya están en cocimiento.
Rodrigo Ávila y Ernesto Muyshondt dijeron que ARENA no apoyará ninguno de los impuestos pese a que el partido se comprometió a secundar las iniciativas que salgan de la Comisión Interpartidaria en la que se discuten asunto de ese tipo. El primero consideró iba a ser lamentable que se aprobara a la carrera un tributo. “Golpeará a los salvadoreños más pobres”, auguró en referencia al impuesto al gravamen del 10% a la factura telefónica; el segundo calificó el tributo a las fortunas superiores a los $500,000 como un “impuesto sobre impuesto”.
Rolando Mata, diputado del FMLN, renegó que el principal partido de oposición diga en público que está en contra del impuesto a más de medio millón de dólares pero algunos de sus voceros digan en privado que sí. Lo que sí está más avanzado, afirmó, es la reforma al Código Penal que presentó el 23 de septiembre el oficialismo para penar con entre cuatro a cinco años de cárcel a los evasores.