En la entrada de la Asamblea los diputados han colgado un rótulo que anuncia la plaza vacante: se busca abogado con experiencia, mayor de 40 años, capaz de dirigir en los próximos tres años la Fiscalía General en medio de la más desbordante violencia que ha anegado a El Salvador en los últimos diez años. Se ofrecen salario base de $4,000 mensuales, $571.43 en gastos de representación, viajes al extranjero, camionetas con combustible, guardaespaldas, asesores, personal de comunicaciones y protocolo a entera disposición así como poder para investigar los delitos que haya cometido tanto el ciudadano más pobre como el más poderoso.
Al aviso ya respondieron doce profesionales: Edgardo Enrique Merino Renderos, Rolando Mauricio Carrillo Castillo, Miguel Ángel Cerna Carranza, Erick Rommel Orellana Osorio, Roberto Edmundo Alejandro Jiménez, Luis Alonso Baires Zepeda, Rafael Antonio Umanzor Melgar, Jaime Roberto Vilanova Chica, Carlos Edilberto Rodríguez Vigil, Disraely Omar Pastor, José Antonio Araujo y Luis Martínez, fiscal en funciones cuyo periodo vence el 4 de diciembre.
La Asamblea abrió la plaza el miércoles 9 de septiembre cuando todavía estaba atascada en la elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), vacantes que llenaron el jueves pasado Sergio Luis Rivera Márquez, Paula Patricia Velásquez Centeno, Dafne Yanira Sánchez, Leonardo Ramírez Murcia y Óscar Alberto López Jerez.
En la Fiscalía el salario del fiscal general es el más alto. Le sigue el del adjunto con $4,180; auditor fiscal y secretario general, $3,507; asesor II, $3,500; director, $3,031.88; asesor, asesor del despacho y fiscal de derechos humanos, $2,750, entre otros. En agosto del año pasado Martínez pidió al Ministerio de Hacienda incluir en el presupuesto de la institución $12,000, 000 para el pago de incentivos a fiscales, personal de apoyo y pago de litigios internacionales entre estos los que enfrenta al Estado contra Pacific Rim; la Asamblea, sin embargo, no se los dio cobijada en el argumento que el Estado está en austeridad debido a la crisis económica.
En 2013 el Ministerio fiscal tuvo como presupuesto general $39,200, 000; en 2014, $44,600, 000; y para el año en curso había solicitado al ministro Carlos Cáceres $55,000, 000 pero los diputados solo aprobaron $42,000, 000.
Ayer al mediodía se reunió la Comisión Política y decidió crear una subcomisión que entrevistará a los candidatos que ya presentaron sus hojas de vida y los que lo harán en las próximas 24 horas hasta el viernes a las 5 de la tarde que se cierra el plazo de inscripción. La dinámica parece que será similar a la que implementó la Asamblea en la selección de los aspirantes a magistrados de la Corte y con los mismos actores: de ARENA participará Alberto Romero; del PCN, Antonio Almendáriz; del FMLN y GANA todo apunta a que se mantendrán los diputados Santiago Flores y Guillermo Gallegos.
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En los pasillos de la Asamblea también ya se discute si es viable mantener en el cargo a Martínez aunque antes ponen en la balanza sus tres años de gestión después que relevó en el cargo al depuesto Astor Escalante cuyo nombramiento declaró ilegal la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema el 11 de julio de 2012 basada en que una misma legislatura no puede elegir dos veces a funcionarios de segundo grado. Unos diputados pretenden evaluarlo a partir de los resultados que demuestre a la hora de la entrevista en los casos de corrupción que desde 2009 llevaron a la Fiscalía los funcionarios de la presidencia de Mauricio Funes –entre estos cuentan el caso CEL-Enel y del exmandatario Francisco Flores- mientras otros también ven el papel que ha jugado en la lucha contra el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el resto de denominaciones pandilleras que asesinan, extorsionan, roban y secuestran.
Mario Ponce, jefe de la fracción pecenista, prefirió que los diputados no adelante opinión sobre los candidatos porque eso violar el proceso de elección que la Constitución manda hacer al Legislativo. “Sería una burla al resto de aspirantes que han presentado sus hojas de vida; todos tienen que ser evaluados”, comentó.
Calixto Mejía, del FMLN, aseguró que su partido todavía no ha evaluado los nombres de los abogados que aspiran al cargo pero entrará al tema en los próximos días.