La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) está al servicio del FMLN y defiende a los políticos ante los reclamos de la ciudadanía, según Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Pone a la institución al servicio del partido de Gobierno”, criticó el también presidente interino del Órgano Judicial sobre la resolución que emitió la Procuraduría el 1 de septiembre de 2015 en la que concluyó que los magistrados Meléndez, José Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González violaron los derechos políticos a los exfuncionarios Salomón Padilla y Tito Edmundo Zelada.
Agregó que la Ley Orgánica Judicial ha establecido que la función judicial es incompatible con el ejercicio de la política partidaria. “El que quiera dedicarse a la política que se dedique pero no a la judicatura a la vez”, expresó.
Concluyó que la Sala defenderá los fallos en los que declaró inconstitucionales los nombramientos de Padilla como presidente del Órgano Judicial y de Zelada como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura por sus vínculos con el oficialismo.
David Morales, procurador de Derechos Humanos, calificó como inaceptable que un magistrado intente desconocer las atribuciones de vigilancia que da la Constitución a la institución que representa.
“Pretende disminuir el mecanismo (de control constitucional) con el fin de crear una zona de inmunidad a su favor para no ser vigilados y eso no lo acepto”, respondió minutos después que los presidentes de los tres órganos de Estado colocaron una ofrenda floral en la Plaza Libertad en conmemoración de los 194 años de independencia de España.
Morales detalló que la Procuraduría ha analizado las sentencias de los tribunales constitucionales de América Latina, España, Alemania y Francia –que los magistrados suelen citar como referentes- y no han encontrado que se vede a un ciudadano asumir como juez solo por tener vínculos con un partido político.
“Se prohíbe a partir que un funcionario es elegido como juez, no antes, lo que la Sala al establecer que cualquiera que haya militado es adoptar un criterio extremo que no existe”, afirmó.