Cuando el fantasma de la Guerra Civil volvió a rondar en El Salvador, en las calles reinaron el miedo y la desesperanza. El 27 de julio las pandillas ordenaron a los empresarios del transporte paralizar el servicio so pena de asesinar a los motoristas y quemar las unidades. Los pasajeros quedaron varados y obligados a usar otras alternativas para llegar a sus trabajos, centros de estudio o citas médicas gastando más del dinero que quizá habían presupuestado: pagar un taxi o apiñados en un picap improvisado para la ocasión. Mientras la incertidumbre se volvía más pesada, sigilosamente, el presidente Salvador Sánchez Cerén viajó a Cuba para realizarse un chequeo médico de rutina.
¿Por qué Sánchez Cerén salió cuando la población más necesitaba la figura de un líder? ¿Si era rutinario por qué no lo pospuso? ¿Puede la población contar con él si sucediera otra crisis de seguridad? Estas son algunas dudas que coparon la mente de Roberto Burgos Viale cuando leyó los titulares de la prensa. Por eso, a título personal, presentó a la Unidad de Acceso a la Información de Casa Presidencial (Capres) una solicitud con preguntas como: ¿Cuáles son los padecimientos del mandatario? ¿Qué ha indicado el médico de cabecera? ¿Cuántas horas al día le dedica al trabajo? ¿Cómo ha progresado desde marzo de 2009 cuando asumió como vicepresidente? También una copia del expediente clínico, informes sobre los costos de atención en La Habana, de los viajes, de los medicamentos, nombres de los miembros de la comitiva que lo acompañan y el permiso que la Asamblea Legislativa le ha dado para ausentarse del país.
La Unidad le contestó que solo iba a darle una parte: el número de horas que dedica al trabajo, periplos a Cuba como mandatario, compras de medicamentos con dinero público, nombres de los que integran la comitiva y la copia del permiso que le dio la Asamblea.
Inconforme con la respuesta, Burgos –que también se desempeña como coordinador de Asesoría Legal y Anticorrupción de FUNDE- apeló en el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) el 20 de agosto de 2015.
“Para evitar sospechas y rumores que pueden alterar la paz pública lo mejor es poner las reglas claras de qué aspectos de la salud del presidente son publicables”, justificó Burgos. Reivindicó, además, el derecho que cada ciudadano tiene a pedir información que considera relevante sin que eso lo obligue a justificarse ante los funcionarios que siempre tienen en la manga una excusa para mantener en el más ignominioso secreto la administración del Gobierno.
Las dudas sobre la salud de un presidente es un cuento viejo en América Latina. En abril de 2004 el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner estuvo internado durante seis días después de haberse sentido mal mientras descansaba en su casa. La oficina de comunicaciones divulgó la versión que se trataba de una gastritis hemorrágica que le provocó la ingesta de un antiinflamatorio. Un año más tarde suspendió una gira en el interior del país por orden de su médico. Tiempo después sufrió otra descompensación pero él declaraba a la prensa: “Me quieren matar, me quieren enfermar”. Murió en octubre de 2010.
El 6 de agosto de 2010 a Fernando Lugo, entonces presidente de Paraguay, le detectaron cáncer linfático. La enfermedad había avanzado y afectó otros órganos. Comenzaron las especulaciones sobre el estado real y si podía desempeñarse en el cargo. La prensa paraguaya publicó las declaraciones del senador Óscar González: “Existen informaciones distintas en cuanto a la enfermedad. Yo quiero tener una exacta y oficial sobre lo que está pasando”. Dos meses después fue trasladado de emergencia al Hospital Sirio Libanés, en Brasil, para atenderle una trombosis que le produjo un catéter por donde le suministraban medicinas. Los informes médicos que se conocían dibujaban un panorama positivo pero las desconfianzas todavía persistían. El exmandatario superó la enfermedad aunque no pudo terminar su mandato porque lo destituyó el Parlamento.
En junio de 2011 el fallecido Hugo Chávez anunció que le habían extraído un tumor y que estaba en tratamiento contra el cáncer. Un mes después empezó una extenuante serie de viajes a La Habana a someterse a quimioterapias. Y también un largo periodo de incertidumbre en el cual el aparato propagandístico chavista aseguraba que el mandatario había eliminado las células malignas en su cuerpo y que se recuperaba satisfactoriamente. Al año siguiente Venezuela iba a elecciones y el enfermo compitió por la reelección contra Henrique Capriles. Ganó. Desde su convalecencia también apoyó al Partido Socialista Unido (PSUV) en las municipales. Pero volvió a pedir permiso para tratarse en Cuba mientras en las calles la incertidumbre sobre su estado de salud aumentaba. Para entonces ya había ungido como su sustituto a Nicolás Maduro. Falleció el 5 de marzo de 2013.
Por el mismo proceso han pasado los presidentes Cristina Fernández de Kirchner que sufría cáncer papilar; y Juan Manuel Santos, de Colombia, de cáncer de próstata.
En el país existen antecedentes de este tipo. Burgos Viales, por ejemplo, recordó que en los años 80 el cáncer acabó con la vida del expresidente José Napoleón Duarte; o Mauricio Funes que se quebró una cadera mientras se amarraba las cintas de los zapatos minutos antes de participar en un evento.
“Pasado el tiempo pude hablar con miembros de la escolta de Duarte y me contaron que casi no podía trabajar, que pasaba descansando bastante tiempo en una finca”, comentó.
“Nos afecta a todos (desconocer el estado real de la salud del presidente), es decir, a todos nos conviene que haga bien las cosas”, expresó. Agregó: “es importante que los ciudadanos tengamos claro qué podemos exigirle al presidente”. Cuando se le pregunta si esa información la pueden ocupar los adversarios para impulsar su destitución, Burgos opinó que no porque la Constitución establece que solo puede darse por enfermedades psiquiátricas.
Hay mucho en juego, de acuerdo al abogado, porque el presidente necesita tener excelentes condiciones físicas para trabajar en los territorios, promover la armonía social, negociar con todas las fuerzas políticas, administrar la economía, entre otros. “Desconocer la salud del presidente facilita los rumores y la desconfianza (…) es complicado pero tenemos derecho a saberlo”. Argumentó, asimismo, que todos los funcionarios pierden un poco de su intimidad cuando asumen un cargo pero su solicitud de información no pretende cruzar la línea que separa su función a su vida privada.