Leonel René Arteaga Álvarez temía que la Policía Internacional (INTERPOL) lo buscara porque el Tribunal Penal de Alajuela emitió contra él una orden de captura por una supuesta violación que cometió en Costa Rica. Eso lo motivó a pedir a la Sala de lo Constitucional que previniera cualquier intento de afectarlo basado en que, en agosto de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia había beneficiado, por motivos similares, a trece militares implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras el 11 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA).
Sin embargo, los magistrados José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González le respondieron que no. Y de paso calificaron como “inaceptable” la resolución por la que hace cuatro años votaron los ahora exmagistrados Rosa María Fortín Huezo, Ulises del Dios Guzmán, Néstor Castaneda, Francisco Valdivieso, Miguel Ángel Cardoza y cinco más.
“Excede las atribuciones de dicho tribunal en detrimento de las propias funciones de la policía internacional”, dice en la resolución que emitió ayer la Sala.
La resolución parece que ha allanado el camino a que España pueda pedir nuevamente la extradición de los miembros de la Tandona, la generación de la Escuela Militar que lideró la Guerra Civil contra el Frente Farabundo Martí (FMLN).
“Podría ser”, respondió una fuente judicial cuando se le preguntó si el juez Eloy Velasco Núñez, del Juzgado de Instrucción Número 006 de la Audiencia Nacional española, puede reactivar el caso contra los indiciados que permanecen dentro de las fronteras salvadoreñas. Para eso la nueva solicitud debe contener argumentos diferentes a los que rechazó en 2012 el pleno de la Corte cuando denegó la extradición por considerar que los crímenes atribuidos a los castrenses ya habían sido perseguidos en el país.
Con esa resolución la Corte aceptó uno de los argumentos que presentó a favor de los militares el abogado Lisandro Quintanilla: en 1989, cuando ocurrió el asesinato que dio la vuelta al mundo y presionó a la Fuerza Armada y al FMLN a buscar la paz a través de los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, entre el gobierno de El Salvador y España no existía un tratado de Extradición y no fue sino hasta una década después que la Asamblea Legislativa avaló uno.
Mientras el caso parecía que iba fenecer con la denegatoria en Estados Unidos se encendía una luz. Inocente Montano, uno de los requeridos, empezaba un proceso de deportación por haber mentido en su declaración migratoria. A eso se ha sumado la decisión del gobierno de Barack Obama de no tolerar a violadores de derechos humanos en tierras estadounidenses.
El martes pasado el Tribunal Federal del Este de Carolina había previsto sentenciar si Montano será extraditado a España para enfrentar la justicia pero la jueza Kimberly Swank amplió el plazo para que los acusadores –la fiscalía estadounidense y la oenegé CJA- y los defensores presentaran más pruebas.