La presa El Chaparral está en el ojo del huracán. En junio de 2013 ARENA pidió a la Asamblea crear una comisión que investigue las supuestas irregularidades que cometieron los gobiernos de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes en su diseño y construcción; el jueves pasado volvió a solicitar lo mismo. El FMLN ha respondido que las fallas comenzaron en 1997 con los estudios de prefactibilidad y factibilidad realizados en las presidencias de Armando Calderón Sol y Francisco Flores que no advirtieron los riesgos de construirla en San Luis la Reina y en Carolina, San Miguel.
A finales de los años 40 del Siglo XX los gobernantes estaban convencidos que una de las mejores formas de abastecer energía a los salvadoreños era con la construcción de presas hidroeléctricas. La primera fue la 5 de Noviembre que generaba 81.4 miles de kilovatios; cincuenta años más tarde la CEL planificaba construir una más en un punto de los 100 kilómetros de longitud del río Torola. En 1997, en la administración de Calderón Sol, inició el estudio de prefactibilidad que concluyó en 1999 con una conclusión: El Chaparral y la Honda eran los lugares adecuados.
Para entonces ARENA ya avistaba el horizonte de reformas legales que terminaron en una lluvia de privatizaciones. Calderón Sol impulsó la aprobación de la Ley de Electricidad y Telecomunicaciones que en el siguiente quinquenio tuvo como máximos resultados la venta de ANTEL a la francesa TELECOM y el asocio de CEL –con Guillermo Sol Bang a la cabeza- y Enel en la actualmente conocida como LaGeo. Flores ganó la presidencia en 1999 con holgada ventaja al exguerrillero Facundo Guardado, un año más tarde Japón –gracias a un convenio- realizó el estudio de factibilidad técnica, económica y social que finalizó en 2005 a un costo de $3,600, 000; en ese periodo HARSA y ECO hicieron el estudio de impacto ambiental.
Las autoridades habían previsto que El Chaparral y La Honda –como parte del Complejo Torola- iban a producir unos 119 megavatios para alimentar a unas 200,000 familias. La primera estaba programado que comenzara a funcionar en 2008 pero no es sino hasta noviembre de ese año que Saca estaba anunciando el inicio de la construcción que la había diseñado Intertechne dos años antes por $3,600, 000 y la iba a edificar Astaldi por $219,000, 000 en medio de fuertes protestas de los pobladores de San Luis la Reina, Carolina y San Antonio del Mosco que iban a ser los principales afectados por la devastación de árboles y la fauna. En esos días acaparaba las principales noticias las quejas del sacerdote Antonio Confesor.
Dos años más tarde salió a la luz el primer talón de Aquiles. En junio de 2010 Astaldi presentó a la CEL un informe en el que aseguraba que el margen derecho de la montaña que sostiene el dique se estaba moviendo como consecuencia de las lluvias y la inestabilidad del suelo que provocaron las tormentas Ágatha y Álex. Ya era la presidencia de Funes y la autónoma la lideraba José Leopoldo Samour. Fue cuando los funcionarios, se dieron cuenta que no tenían más opción que un rediseño de la obra que fue adjudicado –hasta en 2012- nuevamente a Intertechne a un costo de $5,896, 900.
El rediseño, sin embargo, implicaba la violación del contrato llave en mano firmado con Astaldi. Eso iba acarrear consecuencias legales que terminarían en un arbitraje internacionales de los cuales El Salvador se sabe perdedor olímpico. Por eso, el 11 de julio de 2012, el Gobierno y la compañía terminaron el contrato por lo que aquel pagó $108,500, 000 por un avance del 23% de la obra. Eso ha despertado las sospechas de ARENA que ve indicios de corrupción en la entrega tan fácil de la millonaria suma.
Aunque en realidad la entrega no fue tan fácil. Antes el Gobierno y Astaldi se acusaron mutuamente: de falta de información y de estudios adecuados en el suelo arcilloso del lugar; la administración Funes le respondió que eran ineficaces a la hora de desarrollar el proyecto que a esa altura debía tener un avance del 35%. El contrato terminó y lo avaló una auditoría de la Corte de Cuentas que en ese entonces estaba en manos del exmagistrado Rosalío Tóchez.
Pagada la ruptura amistosa del contrato con Astaldi, Intertechne se dedicó a elaborar el rediseño que también ha resultado inviable, como lo ha David López Villafuerte, presidente de CEL en la gestión de Salvador Sánchez Cerén. Pero el costo también aumentará $71,000, 000, es decir de 219 a 290 millones de dólares.
¿En las administraciones Calderón Sol y Flores no se hicieron los suficientes estudios para determinar si era viable construirla en San Luis la Reina y en Carolina? ¿O fueron las tormentas que desviaron el cauce del Torola las que realmente frenaron el proyecto que tuvo que haber sido finalizado en 2013? Estas son unas de las preguntas que la investigación que la Fiscalía General (FGR) está haciendo deberá responder.