El desafuero de un diputado es poco usual en El Salvador. En las últimas dos décadas solo se han registrado cinco desafueros y al menos tres intentos por despojar de la inmunidad a legisladores. Algunos casos podrían ser considerados como graves, pero por diversas circunstancias no se hizo efectivo el retiro del privilegio parlamentario.
Desde 1990 hasta la fecha, en el país se ha desaforado a cinco diputados: Manuel Inocente Morales Ehrlich (Partido Demócrata Cristiano, en 1990), Roberto Carlos Silva Pereira (Partido de Conciliación Nacional, en 2006), Mario Osorto (diputado del Parlamento Centroamericano, ARENA, en 2006), Rodrigo Samayoa (Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, en 2012) y Ana Vilma de Escobar (Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en 2014).
Pero también hay por lo menos tres intentos que fracasaron. Desde disparar contra policías y causar heridas de bala, intento de homicidio, conducción temeraria y resistencia hasta denuncias de acoso sexual son algunas de las figuras delictivas atribuidas a algunos diputados, a quienes no se ha llegado a desaforar.
En agosto de 1990, Manuel Inocente Morales Ehrlich, diputado suplente del PDC, fue desaforado por una denuncia de corrupción en su contra, específicamente cuando fungió como director del Instituto Salvadoreño del Café.
Siguiendo una política anticorrupción que había ofrecido al electorado, el partido ARENA no dudó en retirar la inmunidad a Morales Ehrlich. Diputados de esa época recuerdan que este se presentó al pleno, se levantó de su curul y gritó: “¡Aquí estoy, señor presidente, póngame las esposas!”. Luego puso en duda el acto de desafuero. Sin embargo, al día siguiente huyó del país.
Roberto Silva y Mario Osorto
El 29 de noviembre de 2006, la Asamblea Legislativa desaforó al diputado suplente Roberto Carlos Silva Pereira, del PCN, para que respondiera ante las autoridades judiciales por acusaciones de lavado de dinero.
“Esta comisión especial emite dictamen declarando que hay lugar a formación de causa en contra del diputado suplente», dijo el entonces diputado Walter Durán al leer ante el pleno la resolución de la comisión de antejuicio que estudió el caso desde septiembre.
Silva Pereira, quien estuvo ausente en la sesión especial, huyó del país. Actualmente se encuentra guardando prisión en Estados Unidos.
Mientras tanto, el 14 de diciembre de 2006, el diputado Mario Osorto, diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) fue desaforado por la Asamblea Legislativa y suspendido en sus funciones, luego de una solicitud de la Fiscalía que lo acusaba de actos de corrupción.
Los diputados aprobaron, con 81 votos de los 84 diputados, un dictamen favorable que declaró «ha lugar a formación de causa» contra Osorto (del partido ARENA), por considerar que existen pruebas «sustanciales» para permitir que sea juzgado en tribunales comunes.
Osorto fue acusado de negociaciones ilícitas, falsedad documental agravada y concusión (exigir impuestos de forma injusta), ocurridos supuestamente cuando era alcalde de la ciudad de La Unión, en el período 2003-2006.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Osorto incurrió en los delitos como parte de una alianza con el diputado suplente Roberto Carlos Silva.
Rodrigo Samayoa
El 11 de septiembre de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó con 70 votos el dictamen emitido por la comisión especial de antejuicio para quitarle su fuero al diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, y remitir así su proceso por tres delitos contra su esposa, Mireya de Samayoa, a la Cámara 1o. de lo Penal de San Salvador.
Con 69 votos a favor, uno a mano alzada y 15 abstenciones, al diputado Rodrigo Samayoa se le retiró la inmunidad y debió enfrentar a la justicia en tribunales ordinarios por el supuesto cometimiento de tres delitos en perjuicio de su ex esposa, Mireya Guevara.
Los delitos de los que se le acusó fueron: lesiones, amenazas, y expresiones de violencia contra las mujeres; los dos primeros están tipificados en el Código Penal y el tercero en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra Las Mujeres.
Dada la configuración del hecho, en los cuales las faltas individualmente no constituirían hechos de gravedad, la comisión especial de antejuicio contra Samayoa decidió que existía concurso real de los señalamientos, por lo que aprobaron el dictamen favorable para su desafuero.
Sin embargo, Samayoa fue restituido en su cargo y actualmente espera el pago de más de 90 mil dólares en sueldos caídos.
Ana Vilma de Escobar
La diputada Ana Vilma de Escobar, de ARENA, fue desaforada el jueves pasado, luego de una extensa discusión en el pleno legislativo.
Alrededor de las 6:20 p.m., y luego de horas de alegatos y discusiones, la diputada fue despojada de su fuero por los supuestos delitos de difamación y calumnia que le acusó el expresidente de la República, Mauricio Funes.
Con 45 votos, la mayoría del FMLN y GANA, se retiró la protección legal a la parlamentaria para que enfrente los tribunales comunes y responda a la denuncia presentada por Funes.
Tanto a Rodrigo Samayoa como a Ana Vilma de Escobar les han aplicado el artículo 140 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
Este artículo dice: “Desde que la Asamblea declara que hay lugar a formación de causa, el funcionario quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y, por ningún motivo, podrá continuar en su cargo; en caso contrario, se le culpará del delito de prolongación de funciones. Si la sentencia es condenatoria, por el mismo hecho quedará depuesto del cargo; si es absolutoria, se le pagarán los salarios que no percibió durante el tiempo de la suspensión, y volverá a ejercer sus funciones, si el cargo es de los conferidos por tiempo determinado y aún no ha expirado el período de la elección o del nombramiento”.
Esto significa que mientras dure el proceso en su contra no podrá ejercer sus funciones como legisladora, suspensión que en los próximos días podría ser cuestionada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según trascendió este viernes en círculos políticos.
Intentos fracasados
En el año 2000, el diputado y ex vicepresidente de la República, José Francisco Merino López, fue detenido por la Policía, luego de que se enfrentara a tiros con agentes e hiriera a una mujer policía.
Merino desenfundó un arma y se enfrentó con tres policías. Hirió a la agente, pero no logró escapar debido a su estado de embriaguez.
Según los registros policiales, alrededor de las dos de la madrugada la PNC recibió una llamada de un vigilante privado que estaba sobre el final de la calle República Federal de Alemania, en la colonia Escalón. Este se quejaba que un hombre a bordo de una camioneta se detuvo y lo amenazó con un arma.
Enterado, el operador del Sistema de Emergencias informó a los policías que cuidan esa zona. Cuando llegaron a la calle avistaron la camioneta, por lo que comenzaron a seguirla.
De manera inesperada, la camioneta «del sospechoso» se detuvo a media cuesta. Pistola en mano, se bajó y dio unos cuantos pasos. Apuntó al carro patrulla y comenzó a disparar.
«El carropatrulla se vino para atrás y chocó contra ese poste. Por suerte el motorista se agachó porque una de esas balas iba directo para donde él. La compañera salió con la peor parte», recuerda unos de los primeros policías que llegaron a auxiliar a los atacados.
Con una herida de bala en el pecho, la policía fue trasladada al Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en donde fue intervenida de emergencia.
Este intento de desafuero quedó en el olvido.
En septiembre de 2012, el diputado Carlos Reyes, de ARENA, fue denunciado por Giselle Solís, señalándolo de acoso sexual, el cual habría sido cometido en la oficina del legislador ubicada en la cuarta planta del edificio de comisiones de la Asamblea Legislativa.
La joven, encargada del área de publicidad de la revista Pluma Libre, había acudido a presentar un trabajo encargado por el legislador y en un corte de energía en la capital quedó la oficina a oscuras, momento que habría sido aprovechado por el diputado para intentar besarla a la fuerza, según la denuncia interpuesta en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Reyes argumentó que la joven estaba siendo instrumentalizada. El caso no prosperó.
Mientras, el 24 de julio de 2012, Wilber Alexander Rivera Monge, diputado suplente del PCN, fue detenido por las autoridades en los alrededores de la Universidad de El Salvador por desobedecer una señal de alto realizada por unos policías e intentar arrollarlos con su automotor.
La Fiscalía acusó al legislador por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, resistencia y conducción temeraria, además de solicitar a la Asamblea Legislativa el respectivo antejuicio.
Los agentes dispararon al menos tres veces contra el vehículo donde se conducía el diputado.
El caso no pasó a más.
Actualmente está en estudio otra solicitud de desafuero. Una comisión especial de antejuicio contra el diputado Roberto d’Aubuisson estudia si es procedente o no el desafuero del legislador, tras la denuncia por el delito de difamación interpuesta por el expresidente de la República, Mauricio Funes.