La decisión de la Corporación Reto del Milenio (MCC) de postergar la aprobación del segundo compacto de FOMILENIO ha hecho que el gobierno central descargue en los diputados de la Asamblea Legislativa toda responsabilidad sobre lo que ocurra en el tema.
El presidente de la República, Mauricio Funes, reconoció “tengo que meditar” sobre qué hacer con los cambios aprobados a la Ley Antilvado a fin de no atrasar su entrada en vigencia.
“Devolver el documento a la Asamblea para que la Asamblea decida si acepta o no las observaciones en caso que decida observarlo, o supere las observaciones, eso va a demorar para que entonces las reformas entren en vigencia y recuerden que una de las condiciones planteadas por la Corporación Reto del Milenio es que se aprueben las reformas a la Ley de Lavado”, comentó.
“Ya sea en el sentido de que se sancionen las reformas o que las observe o las vete, puede atrasar el proceso de entrada en vigencia de las mismas”, añadió.
No obstante, Funes indicó que espera un informe de la Secretaría Jurídica sobre qué hacer con la Ley Antilavado, específicamente si le recomiendan incluir o no las figuras de “funcionarios públicos o exfuncionarios” como sujetos de aplicación de la ley.
El organismo antilavado de Naciones Unidas GAFIC propuso incluir en la normativa la figura de “Personas Expuestas Políticamente (PEP)”, sin embargo el punto no logró el consenso necesario.
FOMILENIO en riesgo
Para el secretario técnico de la presidencia, Alexander Segovia, las reformas a Ley Antilavado pueden considerarse un punto agotado (pese a que están en estudio en Casa Presidencial), pues a su juicio queda otro “impedimento” que también depende de los diputados de la Asamblea.
“Teóricamente solo queda un impedimento, que es las reformas a la Ley de Asocio Público Privado, la carta que mandó la MCC lo que dice es que han decidido posponerla hasta que el gobierno tenga tiempo. En términos concretos, hasta que se apruebe las reformas a la Ley de Asocio Público Privado. Y esperamos que eso ocurra pronto”, dijo.
De acuerdo con Segovia, la Ley de Asocio Público Privado (APP) es clave para lograr un verdadero desarrollo en los municipios que están contemplados para el segundo compacto de FOMILENIO por un monto de $365 millones que serán aportados por MCC, más unos $88 millones de contrapartida del gobierno salvadoreño.
“Obviamente, que tengamos de Asocio Público Privado actualizada, es clave. Por eso es que el Consejo de Crecimiento, elaboradas las reformas, se les presentó a los partidos y entendemos que algunos de ellos han tomado esas reformas como iniciativas propias. La posición del Frente es que sí tienen dudas, nosotros también. No hay nada que discutir en salud, educación ni Universidad Nacional, ya está fuera. El agua, la única parte que se excluye que no puede ser parte de un Asocio Público Privado es la distribución del agua”, añadió.
Para avanzar en el tema de las reformas a la Ley APP, los diputados de la Asamblea acordaron crear una comisión ad-hoc la cual no ha podido sesionar en, al menos, tres ocasiones debido a la falta de quórum de los diputados que la integran.
Para hoy (a las 3:00 p.m.) está convocada una nueva sesión de la denominada “Comisión ad-hoc para estudiar las reformas a la Ley Especial de Asocios Públicos Privados y la Ley de Creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA”.