Anomalías por $17 millones que se encuentran prescritas y no podrán ser juzgadas fueron cometidas supuestamente en la gestión de la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, mientras era directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Así lo denunció esta noche el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez.
La denuncia la hizo el funcionario durante la entrevista nocturna de Canal 33 conducida por el abogado Sergio Méndez, en la que dijo que está amenazado y teme por su vida.
Tóchez dijo que, mientras estuvo a cargo del ISSS, se produjeron $11 millones en órdenes falsas de subsidios, así como $4 millones en material médico no utilizado. También mencionó que otros $2.5 millones se pagaron por medicamentos que nunca llegaron al ISSS. Reiteró que si con esos hechos se cometieron delitos, estos están prescritos porque ocurrieron entre 1999 y el 2004.
Las anomalías se habrían extendido a más de $3 millones de faltantes en inventarios detectados durante la administración de la diputada de ARENA.
Las anomalías atribuidas a su administración llegaron a poco más de $17 millones. Tóchez dijo que no mencionaba eso por diferencias políticas con la diputada. Dejó entrever que los expedientes de los casos o los engavetaron o archivaron mal. Diario1 trató de comunicarse con la legisladora, aunque no se tuvo éxito.
Denuncias amenazas
Tóchez también dijo, también durante la entrevista de televisión, que un sindicalista de la Corte de Cuentas de apellido García lo amenazó con este mensaje:” Dígale que sus días están contados hasta diciembre”.
Supuestamente el sindicalista es hermano de un comisionado de la policía. Lo amenazó al llamarle “vago”, aunque después reiteró que teme por su vida.
Fue a empleados sindicalizados de la Corte de Cuentas a quienes responsabilizó de perder expedientes que significaron daños al Estado hasta por $22 millones. Algunos de ellos son viejos archivos de trabajos realizados por el Ministerio de Vivienda y el MOP donde habrían pagado más de medio millón de dólares no justificados a una firma supervisora de obras.
«Si un familiar mío, o yo tengo un accidente. O me muero de una tos o un resfriado y de todo lo que han dicho. Y de un atentado, mejor aclaro: me siento amenazado a muerte», cerró su intervención el presidente de la Contraloría.