| Funes denuncia lavado de expresidente por más de $10 millones
| Palabras de Fiscal tienen en vilo a ARENA
El presidente Mauricio Funes le robó un secreto a la Fiscalía General de la República (FGR): las autoridades tributarias de los Estados Unidos le detectaron $10 millones a un expresidente de la Nación.
Ese dinero lo investigan en Estados Unidos porque, supuestamente, no ha pagado impuestos y debe investigarse si existió un lavado para esconder el dinero en ese país.
Funes hizo la denuncia de los $10 millones, durante su programa radial “Conversando con el Presidente”, como una de sus reacciones al anuncio hecho por el Fiscal General, en el sentido de que investigará las últimas actuaciones respecto a las contrataciones realizadas con la represa El Chaparral.
El mandatario insistió que en El Chaparral no existe nada dudoso durante su mandato. Recordó que la administración de CEL público dos páginas, en los principales periódicos nacionales, explicando las actuaciones de sus funcionarios en ese caso.
Pero, de inmediato, conminó al Fiscal General a que anuncie públicamente que también investigará la aparición de $10 millones en cuentas de un expresidente salvadoreño, en las que también estarían involucrados exfuncionarios de un antiguo gobierno.
¿De qué exmandatario se trata? Funes no mencionó el nombre de ningún expresidente en su programa radial sabatino. Fue cauto.
Pero, no hay que nombrar al exmandatario para saber de quién se trata: el único exgobernante que investiga, desde hace algunas semanas, la Fiscalía General de la República es a Francisco Flores (1999-2004).
El patrimonio de Flores, sus empresas y sus cuentas en el exterior son examinadas, desde hace más de dos meses, por un grupo especial creado en la Fiscalía.
Incluso, hace varios días trascendió que a Flores se le investiga por una serie de hechos relacionados con el traslado de acciones de la geotérmica estatal LAGEO a un grupo de inversionistas italianos.
El Gobierno denunció que con la empresa de geotermia estatal se emprendió un proceso de privatización, ilegal e inconstitucional, porque no fue autorizado por la Asamblea Legislativa.
Ese proceso, combatido con toda dureza por Funes, se produjo durante la administración de Flores.
Parte del problema es que los inversionistas reclaman la mayoría de las acciones de la LAGEO a cambio de una cuestionada inversión de $104 millones. La empresa, sin embargo, no vale menos de mil millones de dólares. Cada año esa institución gana unos $140 millones. De esas ganancias toma el Gobierno el dinero para cancelar parte de los subsidios a la electricidad.
Luego de que Funes pidiera que se investigara lo que sucedió con LAGEO, la FGR constituyó un grupo investigador con abogados privados y varios fiscales especializados.
Fueron los miembros de ese grupo que ordenaron investigar los bienes, cuentas bancarias, empresas, sociedades anónimas de varios personajes relacionados con el negociado público que se hizo con LA GEO, en el 2002.
Entre los exfuncionarios investigados se incluyen el expresidente Francisco Flores; a su exministro de economía, Miguel Lacayo; al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang; y a otros exfuncionarios de la GEO.
En esa lista se incluyen Jorge Simán, expresidente de la GEO cuando se hizo el arreglo con los inversionistas italianos, y José Antonio Rodríguez Porth, exgerente de la geotermia estatal en esa misma época.
Diario1.com trató, sin éxito, de hablar con el Fiscal General para obtener de él una reacción ante el eventual descubrimiento de $10 millones en la cuenta de un exgobernante. Sin embargo, ante la denuncia de Funes, permaneció sin pronunciarse en su cuenta oficial de Twitter.
Investigación oficial
Tras aclarar que él tenía sus propias fuentes de información, Funes dijo que el dinero del exmandatario salvadoreño lo investiga el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), la principal organización de impuestos internos de los Estados Unidos.
Si eso fuese así, Flores tendría problemas legales con las autoridades de los Estados Unidos y hasta podría ser juzgado en ese país, como actualmente ocurre con el exmandatario de Guatemala, Alfonso Portillo.
Este fue extraditado a Estados Unidos al hallársele una fuerte cantidad de dinero acumulada, irregularmente, en cuentas bancarias de esa nación norteamericana.
Todos esos hechos y denuncias públicas impactarán, sin duda, la política electoral del país pues Flores es el hombre más importante detrás de la figura de Norman Quijano, el candidato presidencial del partido ARENA.
Pero, hasta ahí no llega la cosa: el hecho de que el Fiscal General de la República dijera que, en el caso ENEL-CEL, “las personas que pudieran salir involucradas en alguna infracción de tipo legal y penal van a tener la oportunidad para defenderse en un proceso justo en los tribunales”, mantiene en vilo a buena parte de los principales dirigentes de ARENA.
Las palabras las interpretaron muchos, incluyendo algunos analistas, que el Fiscal General adelantó que habrán acusados, penalmente, por la forma cómo se trasladaron acciones de la geotérmica estatal LAGEO a una compañía de inversionistas italianos.
El gobierno sostiene, persistentemente, que en el 2002, durante la administración de Flores, un proceso de modernización de la CEL disfrazó una privatización de LAGEO.
Funes ha dicho que el traslado de acciones de LAGEO a manos privadas debió ser autorizado por la Asamblea Legislativa.
También se han denunciado una serie de supuestas anomalías cometidas, a lo largo de algunos años, para beneficiar a los inversionistas italianos.
Estos, sin embargo, rechazan los cargos del Gobierno y aseguran que participaron en una licitación pública en la que CEL buscaba un socio estratégico para LAGEO.
Los italianos aseguran que han invertido $104 millones en LAGEO y que eso les daría acceso a más de la mitad de las acciones.
Incluso, recuerdan que ganaron un arbitraje internacional promovido por ellos contra el estado salvadoreño.
Algo adicional
En ARENA persiste la preocupación en este caso (hecho que se elevó en los últimos dos días), porque si los investigadores detectan anomalías, éstas se habrían cometido durante la administración del expresidente Flores.
Guillermo Sol Bang dijo, hace tres días, que se le perseguía políticamente por el caso de LAGEO y aseguró que él actuó de acuerdo con una ley que le pedía que transformara la CEL, incluida la geotermia pública.
En una improvisada conferencia de prensa, Sol trató de alejarse de alguna culpabilidad en el caso. Pero, un día después del Fiscal Martínez, dijo que él no perseguía a Sol.
Pero, ante una pregunta de periodistas, el Fiscal General dijo: “el trabajo de la comisión ENEL-CEL aún continúa. Tengo entendido que ya estamos a un 80 por ciento del informe final…”.
Pero, lo más inquietante para ARENA es que, cuando se le preguntó al Fiscal General sobre los hallazgos en la investigación, respondió que “yo sí les transmito a todas las personas que pudieran salir involucradas en alguna fracción de tipo legal y penal, que van a tener la oportunidad para defenderse en un proceso justo en los tribunales”.
Esto lo tomaron, en ARENA, como una nueva sentencia: habrá acusados que tendrán que defenderse.
La preocupación de los areneros es que las palabras del fiscal les provocaría un desgaste electoral muy fuerte de parte de todos aquellos que combaten la corrupción.
La denuncia de Funes
Funes dijo hoy en “Conversando con el Presidente” que le llamaba la atención que dos diputados pidieron que se investigara El Chaparral, cuando está a punto de conocerse los resultados de las investigaciones sobre la geotermia nacional.
Funes insistió que, en el caso de El Chaparral, no hay irregularidades pero que a él le sigue pareciendo “la estafa del siglo” recibir poco más de cien millones de dólares por una empresa pública que vale más de mil millones de dólares.
“En El Chaparral no hay nada oscuro”, dijo Funes este sábado.
En su contraataque, Funes le pidió a Luis Martínez que no demore más el informe sobre lo que sucedió con la geotermia nacional.
Funes lanzó, entonces, su última lanza: le pidió al Fiscal General que no archive una denuncia que le ha solicitado el IRS, cuyos funcionarios le pidieron investigue una defraudación fiscal y un lavado de dinero.
Es dentro de esa investigación, manifestó Funes, que estarían involucrados funcionarios de un antiguo gobierno y, además, un expresidente de la República. Aseguró que el lavado ronda los $10 millones.
Lo que dijo hoy Funes le metió un elevado voltaje a la campaña electoral. El Fiscal Martínez no le responde todavía al presidente salvadoreño.