La demanda fue presentada por Benjamín Cuellar, Pedro Antonio Martínez González e Ima Rocío Guirola, personas cercanas a los intereses de las organizaciones jesuitas del país.
La Ley de Amnistía fue aprobada en 1993. Declara una amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todos los que hubiesen cometido delitos políticos y otros conexos.
Esos delitos debieron ser cometidos antes del primero de enero de 1992.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional establecen que deben estudiar si la aprobación de la amnistía incumplió los requisitos constitucionales del procedimiento legislativo. Analizarán si la amnistía violó el deber estatal de respeto y garantía de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y la prohibición de amnistiar ciertos delitos.
Asimismo, los magistrados examinarían si ese tipo de legislación impediría la investigación efectiva, el juzgamiento y la eventual sanción de los responsables de las violaciones a los derechos fundamentales. Al haber admitido la demanda, los funcionarios judiciales también se deben pronunciar si la amnistía extingue eventuales indemnizaciones por daños que podrían hacerse a los familiares de las víctimas.
La Sala de lo Constitucional le pide, además, a la Asamblea Legislativa que en los próximos diez días hábiles justifique la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, respecto a los vicios de forma y fondo que alegan los demandantes.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Benjamín Cuéllar, dijo que “el hecho que se haya admitido nuestra demanda de inconstitucionalidad, para buscar revertir esa nefasta ley, no quiere decir que ya se va a derogar. No debemos pensar de esta manera, porque se requiere de otros pasos adicionales y a nuestro juicio, ya dimos el primero y seguiremos con paso firme”, agregó.
Sostuvo se debe estar a favor de la verdad y la justicia y, sobre todo, del lado de la víctimas que surgieron antes, durante y después de la guerra. Cuéllar indicó que la Ley de Amnistía es una de la peores que se han aprobado a nivel mundial.
“Con la resolución que ha dado la Sala de Constitucional y sin temor a equivocarme, saldrán de nuevo aquellas voces que se oponen a que esta ley sea derogada. Ahora que estamos en plena campaña, muchos van a ocupar la admisión de esta demanda como un escudo político y considero que no se debe jugar con las víctimas”, indicó.
Para el general Mauricio Vargas, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) necesitaba incorporarse a la institucionalidad del país mediante la vía legal. Este motivo fue una de las razones por la que se aprobó la Ley de Amnistía.
“La amnistía no debe ser vista como perdón y olvido, sino como una potestad del Estado para renunciar al carácter punitivo en función de objetivos de orden social y político”, añadió el militar retirado. Agregó que la insistencia de buscar derogar la Ley de Amnistía pone en peligro la estabilidad social, pero “no debemos comer ansias porque después de 23 años ha corrido mucha agua debajo del puente”.
Algunos sectores consideran que la Ley de Amnistía impide la investigación de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Entre estos destacan el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero y el de seis jesuitas, una empleada y la hija de esta, así como algunas masacres que ocurrieron durante la guerra.