Una corte de El Salvador negó este martes al coronel Guillermo Benavides el beneficio de la libertad anticipada en la condena que purga por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989, informó el órgano Judicial.
Benavides fue condenado en 1991 a 30 años de cárcel por la masacre y salió en 1993 por una ley de amnistía, pero tras su anulación en 2016 fue detenido y enviado a prisión nuevamente.
La fuente indicó que el Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena realizó una audiencia especial para decidir sobre una solicitud presentada por el jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Señaló que la jueza del tribunal leyó una misiva del padre José María Tojeira, director del Idhuca, «en la que solicitaba que se le otorgara una libertad anticipada».
Tojeira señaló que «ya que por parte de la Compañía de Jesús y los familiares de los seis sacerdotes y dos colaboradoras no había nada que perdonar» y que debía darse el beneficio «por razones humanitarias».
Benavides llegó a la edad de 75 años y «padece de una enfermedad crónica y degenerativa», según el órgano Judicial.
Por otra parte, la defensa del militar retirado argumentó que «ya había cumplido con la tercera parte de la pena», por lo que podría acceder a la libertad anticipada.
No obstante, indicó la fuente que «el condenado no cumple con los requisitos establecidos» sobre la participación en programas de reinserción dentro de la cárcel.
«Según un informe de 2020, el condenado demuestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además, de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal», apuntó.
Benavides acumula actualmente un total de ocho años y cuatro meses de su condena.
En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión que paga Benavides.
La familia de Benavides también solicitó a la Asamblea Legislativa el 19 de mayo del 2017 el indulto como último recurso para que recuperara su libertad, pero este también fue negado por disposición del Supremo en diciembre de 2017.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.
También fueron asesinadas Elba Ramos, colaboradora de los religiosos, y su hija Celina.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, Benavides fue el encargado de trasladar la orden a los tenientes que ejecutaron la matanza.