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FGR pide prisión para Ana Ligia de Saca mientras espera sentencia por peligro de fuga

La petición también incluye a los siete imputados restantes, que son enjuiciados por formar una red que desfalcó en más de $26 millones al Estado, de 2004 a 2009. 

Redacción
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este jueves al Tribunal Cuarto de Sentencia que envíe a prisión a la exprimera dama de la República, Ana Ligia de Saca y a otros siete implicados en una operación de lavado de dinero que funcionó durante la administración presidencial de Elías Antonio Saca.

Luego de concluir su fase de alegatos finales en el juicio contra la esposa del expresidente Saca y sus allegados, la FGR pidió que esta medida se tome hasta que el Tribunal emita sentencia, ya que se teme que los imputados se den a la fuga. Los ocho señalados han cumplido desde su arresto hace casi cinco años, medidas sustitutivas al arresto.

Asimismo han pedido una condena de 15 años de cárcel para Ana Ligia de Saca, así como a su hermano, el publicista Oscar Edgardo Mixco Sol, por su participación en el blanqueo de más de $26 millones de fondos provenientes de Casa Presidencial.

De confirmarse esta sentencia, sería la máxima que establece el Código Penal vigente para este tipo de delito, además de ser una pena mayor de la que cumple actualmente el expresidente Saca en el sector 9 del penal de Mariona, que solo es de diez años.

El exmandatario fue un artífice de un entramado que desvió $300 millones del presupuesto estatal, a base de contratos de consultorías y publicidad, que solo sirvieron para desviar fondos a cuentas personales de los involucrados, entre ellos el exsecretario Privado, Elmer Charlaix.

Ana Ligia de Saca buscó un acuerdo para un proceso abreviado con la Fiscalía, de la misma forma en como se estableció con el expresidente Saca, para reducir su pena carcelaria. El equipo legal de la exprimera dama buscaba que, a cambio de confesar sus delitos, su clienta recibiera una sentencia de tres años de trabajo comunitario.

En una entrevista concedida el año pasado, el fiscal general Raúl Melara, explicó que el trato fue rechazado, ya que se impuso como condición que la procesada devolviera $17.5 millones, que fueron extraídos de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, durante la gestión presidencial de su esposo.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la vista pública que arrancó el pasado 02 de febrero, solo la exprimera Dama habría lavado un poco más de $17 millones en fondos provenientes de Casa Presidencial, mientras que personeros del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) de aquella época, se habrían encargado de blanquear el dinero restante.

El 18 de febrero, el expresidente Saca declaró vía videoconferencia que su esposa no había lavado dinero, sino que se le confirió un sobresueldo mensual de $10,000, aún y cuando su cargo como titular de la extinta Secretaría Nacional de la Familia, era ad-honorem.

No obstante, la Fiscalía negó que contara con documentación que corroborara la versión del expresidente Saca e insistió que los hermanos Mixco Sol conocían de los desfalcos en Casa Presidencial. Por otra parte, el Ministerio Público citó una sentencia judicial previa, en la que se establece que los sobresueldos en funcionarios públicos, son otra forma de lavado de dinero.

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