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Decretan captura por rebeldía a familiares de Chepe Diablo

Los cuatro prófugos, entre los que se encuentra el expresidente de Gumarsal Wilfredo Guerra, son parte de un proceso judicial por lavado de dinero y posible narcotráfico.

Redacción
José Adán Salazar, alias Chepe Diablo. Foto archivo D1.
José Adán Salazar, alias Chepe Diablo. Foto archivo D1.

El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador decretó este martes orden de captura por rebeldía contra los imputados ausentes Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Haydee Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira de Guerra, parte del clan “Salazar-Umaña”, liderado por José Adán Salzar Umaña (Chepe Diablo), todos acusados de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

Las capturas fueron ordenadas contra Wilfredo Guerra, expresidente de Agroindustrias Gumarsal, su esposa Tránsito Ruth Mira de Guerra, y Miriam Haydee Salazar de Umaña, esposa de Juan Umaña Samayoa, exalcalde de Metapán, quien forma parte de los cinco procesados, que verán sentencia en el caso, este próximo 06 de abril.

El juzgado además, previno a José Adán Salazar Martínez, hijo de Chepe Diablo, a que presente justificación del porque no ha comparecido a las audiencias con la advertencia que si no lo hace en tres días se le declara rebelde.

La resolución del juzgado se debe a que los cuatro procesados no comparecieron en varias ocasiones a la audiencia preliminar a las que se les citaron incluso por medio de edictos.

Según la Fiscalía los cuatro imputados presuntamente colaboraron con Chepe Diablo para lavar dinero y para ello crearon sociedades de personas jurídicas, de las cuales algunas fueron activadas como el caso de Gumarsal y Hoteles Salvadoreños Sociedad Anonima de Capital Variable (HOTESA S.A. DE C.V.), entre otras empresas que fueron ocupadas como fachadas.

La vista pública contra Chepe Diablo, Juan Umaña Samayoa, y tres de sus parientes, concluyó el pasado 12 de febrero con el anuncio por parte del Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador de emitir su sentencia el 06 de abril, cuatro años y dos días después que la red de lavado de dinero que montaron los metapanecos entre 2003 y 2017, fuera desmantelada por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a lo develado durante la vista pública, el centro de operaciones de este entramado de lavado, en base a indagaciones fiscales, fue Agroindustrias Gumarsal, desde donde se operaban 32 sociedades creadas para blanquear el dinero, que según el Ministerio Público, habría sido obtenido de actividades relativas a las drogas, principalmente en los años 90.

Dicho dinero, sostuvo la parte acusadora del proceso, fue colocado en un inicio en Agroindustrias Gumarsal y en la sociedad Hoteles de El Salvador (HOTESA). Fiscales del Grupo Contra la Impunidad (GCI), pruebas periciales y el testimonio de expertos financieros, apuntan a que el dinero para conformar Gumarsal provino de Chepe Diablo, quien se desvinculó de esa sociedad en 1998, sólo para reaparecer nueve años después con la compra de un stock de acciones, que luego fueron a parar a su ahijado, Wilfredo Guerra Umaña, por debajo de su precio real en el mercado.

Imagen de la Fiscalía General de la República de 2017. Salvo Juan Umaña Samayoa, que fue capturado en 2018, el resto de personas que aparecen son a los que el Juzgado 4° de Instrucción giró capturas por rebeldía o están en proceso de ser declarados rebeldes.

Imagen de la Fiscalía General de la República de 2017. Salvo Juan Umaña Samayoa, que fue capturado en 2018, el resto de personas que aparecen son a los que el Juzgado 4° de Instrucción giró capturas por rebeldía o están en proceso de ser declarados rebeldes.

Chepe Diablo, un metapaneco de 72 años se enfocó en HOTESA, una cadena hotelera caracterizada por casi nunca tener huéspedes, pero por alguna razón, le ayudaron a su dueño y fundador a incrementar su patrimonio en más de $8 millones, según un informe pericial citado por la Fiscalía en la vista pública.

A través de pagos de deudas autorizados por HOTESA al mismo Chepe Diablo, así como otras transacciones dudosas, la Fiscalía calcula que solo Chepe Diablo, aumentó su patrimonio en 14 años, en $5,671,541; de los cuales $3,856,351 no han sido justificados.

Uno de los fiscales del caso sostuvo que lo movilizado por esta estructura en los 14 años de investigación, fueron $508 millones, entre las transferencias realizadas por las sociedades, compra de vehículos, bienes inmuebles, entre otros.

El monto malversado en estas operaciones, agrega la FGR, es de $132 millones, si se toma en cuenta la participación de los procesados ausentes, como Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal al momento de los allanamientos y capturas llevados a cabo en 2017.

El esquema de lavado, señaló la Fiscalía, funcionaba de esta forma: Las 32 sociedades del clan Salazar-Umaña obtenían productos financieros en diferentes instituciones para lograr su estratificación. Este dinero tenía un ciclo de integración, ya que se depositaba en efectivo, luego este era transferido a diferentes cuentas de la misma sociedad o de otras que formaban el grupo Gumarsal.

Las nuevas sociedades, así como las que ya eran parte del grupo Gumarsal, fueron vendidas a otras firmas domiciliadas en Panamá, destinadas a beneficiar a la fundación Cultivando el Progreso, cuya junta directiva estaba integrada por Juan Umaña Samayoa, Romelia Guerra, Wilfredo Guerra, Tránsito Ruth Mira y Miriam Haydee Salazar.

Además de la condena de 20 años de cárcel solicitada por la FGR para los acusados, se ha pedido a los jueces de la causa, avalar una responsabilidad civil de un poco más de $175 millones contra los acusados, de los cuales, solo $4,4 millones corresponden al núcleo familiar Salazar Umaña.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador accedió a la petición fiscal de certificar el testimonio de un perito accidental, y dos gerentes del Grupo Gumarsal, para determinar e investigar, por presuntamente, proporcionarle al perito información contable vía digital, sin que ésta haya sido previamente presentada al Juzgado 4° de Instrucción, ni se encuentre agregada en el proceso.

Wilfredo Guerra llegó a crear junto con su padre, Juan Umaña Samayoa, cinco empresas fantasma y una fundación, todas alojadas en Panamá. Este entramado fue develado por La Prensa Gráfica en 2018 y según la Fiscalía, tenía la finalidad de ocultar los millones de dólares que obtenían de sus actividades ilícitas.

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