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Costa Rica autoriza enviar a El Salvador al suegro de Funes

La sentencia de extradición número 104-2021 fue notificada a la embajada salvadoreña en Costa Rica este 17 de febrero.

Redacción
Fotoarte D1.
Fotoarte D1.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica aprobó la extradición a El Salvador de Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, que es acusado de corrupción.

El gobierno salvadoreño, desde la notificación de la resolución, tiene un mes para concretar el retorno de Guzmán Berdugo para posteriormente presentarlo a los tribunales salvadoreños.

La sentencia de extradición número 104-2021 fue notificada a la embajada salvadoreña en Costa Rica este 17 de febrero y la dio a conocer, a través de sus redes sociales, el presidente Nayib Bukele.

Guzmán Berdugo, padre de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, fue capturado el 1 de abril de 2019 en el país centroamericano.

En ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ya había pedido al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador iniciar las diligencias para la extradición.

El entonces subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), César Flores Murillo, dijo en ese momento que INTERPOL ya estaba coordinando con la policía tica porque en ese momento existía la posibilidad de la expulsión de Guzmán Berdugo porque había entrado ilegalmente a ese país.

El 10 de febrero de 2020 Raúl Melara, fiscal general, dio a conocer que la extradición ya había sido aprobada.

En esos días aseguró que era cuestión de “un par de semanas” para que el imputado regresara al país. Afirmó, además, que el proceso había tardado porque el familiar de Funes presentó una serie de recursos legales para detener su salida del país vecino.

Guzmán Berdugo es acusado por el delito de lavado de dinero en el caso Saqueo Público, el cual tiene a la cabeza al expresidente Funes.

Funes

Mauricio Funes se encuentra prófugo de la justicia desde el año 2018. En El Salvador acumula al menos seis procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción.

El 3 de abril de 2019, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública.

La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.

La Fiscalía empezó a ver irregularidades en los movimientos bancarios de Funes cuando detectó la emisión de varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia de los fondos de la misma.

Con esa acusación, Funes sumó la quinta orden de captura por delitos de corrupción.

Además de ese caso, Funes  encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) que dirigió Luis Martínez.

La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.

Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.

la Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acarrearle en un futuro una sexta orden de captura en su contra.

El pasado 21 de marzo, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por unanimidad solicitar a Nicaragua la extradición de Mauricio Funes. El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Aldo Cader Camilot, dijo que el oficio ya fue enviado a Cancillería, y esta a su vez deberá coordinar con las autoridades de Nicaragua.

La CSJ ordenó extraditar a Funes por su participación en el caso “Saqueo Público”, en el cual es acusado por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351 millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.

En la solicitud de extradición, enviada por el juzgado Séptimo de Instrucción, también están contemplados la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y dos de sus hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.

Entre los cómplices de Mauricio Funes está su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, conocida como Michy, quien es acusada por lavado de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía, Ada Guzmán administraba un spa ubicado en la colonia Maquilishuat, en San Salvador, el cual fue creado con dinero que la empresa Astaldi (encargada de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral).

En sus fechorías, Mauricio Funes también arrastró a dos de sus exesposas: Regina Cañas y Vanda Pignato. La primera de ellas, conocida como la Tía Bubu, es acusada por lavado de dinero. Su caso comenzó cuando la Cámara Segunda de lo Civil ordenó, en febrero de 2016, juicio para Diego Funes Cañas por el delito de enriquecimiento ilícito, sus padres Mauricio Funes y Regina Cañas comenzaron a moverse para resolver la situación jurídica de su hijo.

El plan fue simular un préstamo para justificar el dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) le había encontrado a Funes Cañas en dos cuentas bancarias. El monto ascendía $118,600. Ese dinero había servido para comprar automóviles. Pero esos montos no se ajustaban a las declaraciones de renta que el hijo del expresidente había realizado en el Ministerio de Hacienda.

Para que Diego Funes saliera librado en el juicio civil, la Tía Bubu armó un plan junto con su exesposo Mauricio Funes. En la trama, de acuerdo con la Fiscalía, también participaron el exentrevistador Jorge Hernández y Luis Antonio Mancía Flores.

El plan fue el siguiente. Luis Mancía aceptó simular un préstamo a la Tía Bubu –quien tiene orden de captura y actualmente es prófuga de la justicia− por 95 mil dólares. Ese dinero fue entregado a Diego Funes para que este pudiera justificar en el juicio civil que el dinero que le cuestionaba la Fiscalía provenía de un préstamo que su madre había hecho.

“Nosotros hemos logrado demostrar que fue un préstamo simulado y que para ello se prestó el señor Luis Antonio Flores Mancía, quien mediante documento privado y acta notarial de fecha seis de febrero de 2010 se deja entrever el préstamo que le hace a la señora Regina Cañas bajo los oficios del notario Mario Alexander Quezada Peña”, explicó la Fiscalía General en esa ocasión.

Por simular ese préstamo, de acuerdo con la investigación, Luis Mancía pidió un beneficio de 9 mil dólares, pero no recibió dinero en efectivo. La Tía Bubu le pagó con un automóvil marca FIAT valorado en 30 mil dólares.

Cuando la Fiscalía revisó las cuentas bancarias de la Tía Bubu, encontraron que la cantidad pactada en el acuerdo de sus préstamos nunca fue transferida a ninguna de sus cuentas.

Además, entre los acusados están dos de sus hijos: Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco. Ambos son requeridos por el delito de casos especiales de lavado de dinero.

No solo ellos. En las miles de páginas que la Fiscalía ha presentado en los tribunales también aparecen los nombres de varios de sus amigos más cercanos y funcionarios de confianza, como los hermanos Carlos Cáceres y Gerardo Cáceres.

También Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, un exempresario vinculado a beneficios de café y agencias de seguridad.  Saltó al escenario público en los albores de la campaña presidencial para las elecciones 2009, cuando conoció al otrora periodista Mauricio Funes, quien había sido designado por el FMLN para finalmente arrebatarle la presidencia del país a ARENA.

El empresario dijo que fue atraído por la “ideología” de Funes y decidió ser el primer empresario prominente que públicamente le endosó su apoyo.

Mecafé sentó las bases para crear el grupo de apoyo “Los Amigos de Mauricio”, compuesto por otros empresarios e intelectuales de ambos bandos del espectro político local.

Funes ganó la presidencia por estrecho margen y la relación que el nuevo presidente tenía con Mecafé empezó a despertar suspicacias. El empresario fue nombrado como presidente del recién renombrado Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Publicaciones periodísticas dieron cuenta de supuestos beneficios que Mecafé estaba recibiendo de su relación con el presidente Funes, como contratos en servicios de seguridad y otros, de los cuales habría recibido utilidades por $14 millones, según estimaciones de la Fiscalía.

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