El 4 de abril de 2017, El Salvador quedó boquiabierto con la noticia del arresto de José Adán Salazar Umaña –Chepe Diablo-. Quien por años fue señalado como un poderoso líder del crimen organizado y pavoneaba en público su libertad, pese a los múltiples señalamientos en su contra, fue detenido en soledad, en una casa de campo en las orillas del Lago Coatepeque.
La sorpresa no era para menos: La elusividad del metapaneco, que a la fecha tiene 72 años, había sido demostrada en 2014, cuando respondió en un juzgado por un caso de evasión fiscal, del cual salió bien librado.
En ese entonces, la opinión pública salvadoreña conoció la personalidad burlesca e irónica de Chepe Diablo: En algún momento, a la salida de esa audiencia, esbozó una amplia sonrisa y levantó sus dos pulgares en señal de victoria, para el deleite de los flashes fotográficos que captaron el momento para la posteridad.
La jocosidad parece ser algo innato en este hombre, quien a lo largo de su vida ha sabido tratar con funcionarios y dignatarios de varios gobiernos, además de ser muy bien conocida su afición al fútbol, a tal punto de ser presidente de la Liga Mayor del fútbol salvadoreño.
Como si se tratase de fichas de dominó, todo el entramado criminal de su familia empezó a caer en 2017, en un amplio operativo conjunto, entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República. En las horas subsiguientes a la captura de Chepe Diablo, fueron detenidas su exesposa, Sara Paz Martínez y la hija que ambos engendraron, Susana Nohemy Salazar de Cruz, al igual que la exesposa del alcalde de Metapán, Romelia Guerra Argueta.
El producto de años de investigaciones en las que se indagaron, desde movimientos irregulares en la compra de vehículos y bienes inmuebles, hasta importaciones masivas de granos básicos e incluso, trasiego internacional de drogas, fructificó finalmente con esas cuatro capturas, a las que en octubre de 2018, se le sumó la de Juan Umaña Samayoa, por entonces alcalde prófugo de la ciudad de Metapán.
Ese abril representó el punto de partida para un proceso penal, que tuvo que atravesar una pandemia y varias concesiones a los acusados, por parte de algunas instancias judiciales. Este febrero se cumplen 46 meses del inicio de la cruzada legal para, finalmente, poner tras las rejas al grupo familiar de Chepe Diablo.
En la etapa de alegatos finales, en la que se encuentra el juicio contra el clan de Chepe Diablo, la representación fiscal solicitó al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, la pena de 20 años de cárcel contra Chepe Diablo, por el delito de lavado de dinero.
El Código Penal vigente establece que el delito de lavado de dinero y activos, tiene una pena máxima de 15 años de cárcel. No obstante, la Fiscalía consideró que la modalidad continuada del esquema de lavado que lideró Chepe Diablo, entre 2003 y 2017, la sentencia podría extenderse a 20 años.
Durante la vista pública, iniciada en octubre pasado, se ha establecido que Chepe Diablo, quien comenzó su vida comercial cambiando colones por quetzales y viceversa en el paso fronterizo Anguiatú del departamento de Santa Ana, no ha podido justificar un aumento patrimonial de $8 millones, sin tomar en cuenta los negocios de las 32 empresas a las que la Fiscalía lo vincula.
Repentinamente, Salazar pasó a diversificar sus negocios en diversos rubros, teniendo como su joya de la corona las Agroindustrias Gumarsal, fundadas en 1997 por él y por el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa. En 1999, la Fiscalía constata que Chepe Diablo vendió sus acciones en la empresa a Wilfredo Guerra, hijo de Juan Samayoa, y quien se encuentra prófugo de la justicia.
Extinción de dominio de Gumarsal
Gumarsal fueron sujetas a un proceso de extinción de dominio en 2017 y a la fecha son administradas por el gubernamental Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Las indagaciones iniciales del caso mencionaron que entre 2005 y 2017, Gumarsal, hoy denominada Global Alimentos, realizó operaciones financieras por un billón de dólares. Esto se tradujo en un suntuoso estilo de vida para Salazar y sus familiares, al juzgar por las casas allanadas en residenciales como Quintas de Gratamira y Cumbres de la Esmeralda, en abril de 2017.
En aquel entonces también se intervino una serie de negocios como hoteles y gasolineras, que de acuerdo con las investigaciones del caso, en su mayoría se trataba de comercios de fachada para ocultar los ingresos no justificados.
La defensa de los implicados siempre ha querido desvirtuar el caso, al quererlo pasar por un proceso de evasión fiscal, pero la Fiscalía ha mantenido su línea investigativa, que relaciona a los nueve acusados de la red liderada por Chepe Diablo, entre ellos cuatro prófugos, con un lavado de capitales de al menos $132 millones, entre 2003 y 2017.
En el espacio de 46 meses que ha durado el proceso legal en su contra, las expresiones faciales de Chepe Diablo pasaron de ser burlescas e irónicas, hasta el punto de verlo cabizbajo, o evadir las cámaras, cómo ocurriera el pasado 2 de febrero, cuando al darse cuenta de la presencia de periodistas, prefirió tapar su rostro con un suéter.
El 29 de noviembre de 2017, en una cuestionada decisión, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revirtió la detención provisional que había sido ordenada contra Adán Salazar. Desde entonces, él y su familia deben presentarse cada 15 días a firmar al Tribunal, no pueden salir del país ni cambiar de residencia, entre otros.
En diciembre de 2019, Salazar y su grupo familiar fue enviado a juicio, pero por las dificultades generadas por la pandemia, el proceso de vista pública no pudo iniciar, sino hasta 10 meses más tarde, en octubre de 2020.