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Iglesia católica abre archivos de víctimas de El Mozote

Registros de Tutela Legal del Arzobispado demostrarían que masacrados no tenían ningún vínculo con la antigua insurgencia.

Redacción
Captura de pantalla: D1/Cristosal.
Captura de pantalla: D1/Cristosal.

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, llegó este lunes a las instalaciones del Arzobispado de San Salvador, el cual dará acceso a todos los archivos referentes a la masacre de El Mozote y zonas aledañas, ocurridas a principios de diciembre de 1981, en el marco del conflicto armado interno.

La verificación de los archivos también fue acompañada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y representantes de las víctimas, así como de la Asociación Cristosal, que lleva la acusación particular en el juicio contra antiguos altos mandos de la Fuerza Armada, que se ventila desde 2017.

La comitiva fue recibida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien dio su beneplácito por la apertura de los archivos; así como por  José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, que en la última semana mostró una posición vacilante en el tema.

Según el querellante de parte de Cristosal, David Morales, la idea es certificar los documentos y no secuestrarlos. Además agregó que los archivos están compuestos de registros de identidad de los antiguos moradores del cantón El Mozote y la certificación que estos formaban parte de una cooperativa, entre otra información.

Los archivos fueron recabados desde días después de darse a conocer las noticias sobre la masacre y la entidad encargada de la recopilación fue la extinta Tutela Legal del Arzobispado, fundada por la fallecida María Julia Hernández. 

Los acusados en el actual proceso legal, alegan que en la zona de El Mozote, al norte del departamento de Morazán, existió un operativo militar y que los moradores del sector eran colaboradores de la guerrilla. El peritaje de los documentos del Arzobispado, busca desmontar el argumento de los exoficiales castrenses.

Cifras provenientes del Informe de la Comisión de la Verdad calculan que alrededor de 1,000 campesinos, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados en la masacre, que se considera como la más brutal del conflicto armado salvadoreño, que dejó un estimado de 75,000 muertos. 

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