El Fiscal General de la República, Raúl Melara, informó este jueves que se ha iniciado un nuevo proceso contra el expresidente Mauricio Funes, Miguel Menéndez (conocido como Mecafé) y un empresario guatemalteco.
Según el Ministerio Público, el representante legal de SERDELCO S.A. entregó a Mauricio Funes y a Miguel Menéndez el avión Beechcraft King Air 90-TG ADL como dádiva para ser favorecido con la adjudicación del contrato “Construcción Puente San Isidro», proceso que inició el MOP, en marzo de 2013.
La asignación presupuestaria para el proceso de diseño y construcción del proyecto relacionado asciende a la cantidad de US $ 8,487,716,94, detalló el Fiscal General.
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Hoy, hemos iniciado un nuevo proceso en contra del expresidente Mauricio Funes, su socio Miguel Menéndez y el señor jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal de la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (SERDELCO S.A.). pic.twitter.com/nhNmwq2dur
— Raúl Melara (@MelaraRaul) December 17, 2020
La Unidad Especializada contra el Lavado de Activos (UECLA) confirmó que en el nuevo proceso les atribuirán los delitos de casos especiales de lavado de dinero y de activos para el expresidente Funes y Mecafé. Mientras que por cohecho será procesado el ciudadano guatemalteco.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos que se les atribuyen se centran a partir de la forma irregular que se otorgó el contrato para la construcción de un puente, a la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (SERDELCO S.A.), firmándose el mismo bajo la modalidad de diseño y construcción en fecha 10 de octubre de 2013.
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La adjudicación fue en el proyecto “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa (Km. 75.5 LIB31N) La Libertad- Chalatenango”, proceso que inició en marzo de 2013 en el Ministerio de Obras Públicas.
El Ministerio de Obras Públicas lo consideró de gran relevancia para proporcionar un mejor flujo vial a la Zona Sur Occidental con la Zona Norte del país, pues conectaría el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, con el municipio de Nueva Concepción en Chalatenango.
Se acreditó que el uso y posesión del avión por parte de Funes y Mecafé fue compartido, pues la dádiva fue para ambos, quienes entre los años 2013 al 2016, lo usaron para viajes familiares a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y hasta lo alquilaban a $1,300.00 la hora.
Por incumplimiento en la ejecución de la obra el Ministerio de Obras Públicas caducó el contrato, por lo que reclamaron la devolución de esa nave, pero Funes y Mecafé no lo devolvieron quedando siempre bajo su custodia.
Por su parte Mecafé utilizó el avión en 47 vuelos con siete destinos: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica y Los Estados Unidos, durante el periodo del 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre de 2016.
Mientras que Funes utilizó la aeronave en 16 vuelos con seis destinos a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, durante el periodo del 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014.
A la fecha, la UECLA solicitó medida cautelar patrimonial por medio de Asistencia Jurídica Internacional a Guatemala, en la que se pidió la incautación del avión, solicitud que se resolvió favorablemente y es el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, el que decretó la incautación de dicha aeronave y actualmente está depositado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
La Fiscalía aseguró que por este nuevo caso a Mecafé le leyeron cargos en el centro penal La Esperanza, donde permanece recluido por el delito de enriquecimiento ilícito.
En el caso de Funes, la Fiscalía informará al juez para que realice el trámite correspondiente. Lo mismo sucederá con el caso del empresario guatemalteco, quien ya se encuentra recluido en su país por enfrentar un proceso penal en su contra similar al que le acusa la Fiscalía Salvadoreña.
Funes sigue acumulando a su lista nuevos procesos penales
Con este nuevo caso, el exmandatario acumula al menos seis procesos penales en El Salvador. Todos por diversos delitos de corrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, fue Mauricio Funes y el exministro de Defensa, David Munguía Payés fueron quienes lideraron el pacto entre pandillas.
Además, es señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que, a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo, se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
El pasado 3 de abril, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública.
La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.
La Fiscalía empezó a ver irregularidades en los movimientos bancarios de Funes cuando detectó la emisión de varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia de los fondos de la misma.