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Ministro dice FGR necesita acompañamiento PNC para que acciones sean legítimas

El 9 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) allanó el Ministerio buscando información de contratos y similares.

Redacción
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS

Rogelio Rivas, ministro de Seguridad, aseguró que no se ha acercado ni conversado con Raúl Melara, fiscal general, después de los allanamientos en las oficinas administrativas del Ministerio de Salud (MINSAL).

“Espero que en lo sucesivo se haga acompañar de la Policía (Nacional Civil) para brindar legitimidad a sus acciones”, afirmó en la entrevista Diálogo del Canal 21.

El 9 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) allanó el Ministerio buscando información de contratos y similares relacionados con corrupción durante la pandemia del coronavirus.

Además del Ministerio de Salud, fueron allanados las instalaciones de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) así como también otras instituciones.

También fueron allanadas las oficinas de algunas empresas privadas que vendieron insumos médicos al Ministerio.

Unas horas después de comenzar los allanamientos agentes de la División de Servicios Privados de Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron las armas de los fiscales que estaban trabajando en el MINSAL.

Al comenzar las obstaculizaciones, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, German Arriaza, llegó a las instalaciones del ministerio y dos agentes policiales intentaron obstruir su ingreso.

Arriaza informó que en el allanamiento hay 85 fiscales trabajando en la búsqueda de documentos relacionados.

Además, dijo que evaluarán si la PNC incurrió en algún delito al desarmar a los fiscales que se encuentran en el allanamiento.

En esos días la FGR presentó una solicitud de antejuicio contra Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC). La solicitud de desafuero es para procesarlo penalmente por presunto incumplimiento de deberes.

Unos días antes se había negado a acatar la orden de la Asamblea Legislativa de llevar por apremio, es decir a la fuerza, a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. También se negó a llevar por apremio a Francisco Alabí, ministro de Salud.

Ambos funcionarios se excusaron alegando que tenían otras actividades, con la venia de la PNC. El pasado 3 de octubre, Zelaya optó por asistir a un evento en Metapán y ayer el ministro de Salud estuvo en el cerco sanitario instalado en Chalchuapa.

Después de eso los diputados mandaron a la Fiscalía el aviso o certificado denunciando el presunto incumplimiento de deberes.

A mediados de junio salieron a luz una serie de irregularidades en el ministerio de Salud. Se trata de adjudicaciones de contratos por parte del gobierno al menos a funcionarios y familiares de servidores públicos.

El pasado 20 de abril, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele destituyó al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar, conocido como Koky Aguilar, por presunta corrupción.

La decisión de Bukele surgió a raíz de varias publicaciones que hicieran diversos medios de comunicación, en las que se vinculaba al entonces presidente del FONAES como el dueño de una empresa que vendió protectores faciales al Gobierno por 250 mil dólares.

Antes de convertirse en funcionario del Gobierno de Nayib Bukele, Aguilar era conocido como empresario del sector reciclaje. INSEMA fue la empresa encargada de recibir el material plástico recolectado en la campaña “Reto Recicla” por medio de la cual el Gobierno recolectó 4.5 millones de botellas plásticas.

De acuerdo con la investigación de Salud con Lupa, este plástico recolectado sirvió para la elaboración de las caretas protectoras que posteriormente adquirió el Gobierno.

Los protectores faciales fueron vendidos al Gobierno a un precio unitario de $2.50, según consta en la orden de compra del sitio COMPRASAL, con fecha 15 de abril.

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