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Abogado de militares: “El Estado nunca tuvo una política de exterminio de jesuitas”

Lisandro Quintanilla, abogado de los militares señalados como responsables de masacrar a los jesuitas de la UCA en 1989, asegura que no existe delito de lesa humanidad

Redacción
Foto D1 archivo
Foto D1 archivo

Para Lisandro Quintanilla, la masacre de los jesuitas de la UCA, perpetrada en 1989, no se configura como un delito de lesa humanidad porque nunca existió una política estatal para exterminar jesuitas.

“No es delito de lesa humanidad porque el Estado nunca tuvo una política de persecución, exterminio y persecución de toda la comunidad jesuita en El Salvador. El objetivo era matar a Ignacio Ellacuría. Estaban las otras personas y las mataron porque la orden era no dejar testigos”, indicó Quintanilla en la entrevista Frente a Frente.

Quintanilla dijo que la orden de matar a Ignacio Ellacuría se puede tipificar como homicidio doloso, pero no como crimen de lesa humanidad.

“Alguien dice mata y ese alguien mata a Ignacio Ellacuría. Pero el objetivo se amplió cuando encontraron al resto de sacerdotes y a las dos empleadas. ¿Cómo se llama en dogmática jurídica penal cuando matan a Ignacio Ellacuría? Se llama dolo directo, pero cuando matan a los siete sacerdotes y al resto de personas se llama dolo de consecuencia necesaria”.

El director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), José María Tojeira, dijo el pasado viernes que procederán legalmente contra los jueces de la Corte Suprema salvadoreña que ordenaron no investigar penalmente a los autores intelectuales de la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989.

“Creemos que han actuado ilegalmente y vamos a proceder contra ellos de alguna manera. Está todavía en estudio, buscando detalles pero vamos a proceder contra ellos porque creemos que han cometido el delito de prevaricación”, dijo Tojeira en una entrevista televisiva.

Se trata de los jueces José Roberto Argueta y Juan Manuel Bolaños, quienes desde la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una resolución que da marcha atrás a la decisión de un juzgado de reabrir el proceso.

Tojeira, el principal impulsor de la causa penal tras la masacre, añadió que “evidentemente hay que acudir a la Sala de lo Constitucional” de la Corte Suprema y que existe la posibilidad de ir a la Fiscalía “con un aviso penal”.

La Universidad Centroamericana (UCA) advirtió el jueves en un comunicado que los jueces de la Sala de lo Penal ignoraron “absolutamente” una sentencia que en 2016 anuló la ley de amnistía de 1993, misma que impedía investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Recordó que esta resolución de los jueces constitucionales “declara que la prescripción no puede aplicarse en los crímenes de guerra o de lesa humanidad” ni en los casos mencionados en un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993, entre ellos el de los jesuitas.

El comunicado también señala que “la Compañía de Jesús y la UCA tomarán las acciones jurídicas oportunas y necesarias en favor de la justicia, la paz social y la reconciliación en torno al derecho a la verdad”.

“La justicia en el caso de los asesinatos de Elba (Ramos), Celina (Ramos) y los jesuitas es un paso importante para desterrar la impunidad y asentar más decididamente el respeto a la dignidad humana de todos los salvadoreños, especialmente de las víctimas de cualquier tipo de abuso”, subrayó la UCA en la misiva.

Luego de conocerse la resolución que da por cerrado el caso, la Fiscalía recurrió la decisión y habría recusado a los jueces para que otros magistrados del Supremo conozcan su solicitud.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

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