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Ministro dice temer que un “espía” entre a Fuerza Armada

Los jueces desecharon la solicitud y advirtieron a Merino que, según se pudo constatar en un acta de la CSJ, debía acatar la orden judicial.

EFE
MERINO MONROY

El ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, desvinculó al Ejército de la búsqueda de Justicia por la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y aseguró que el cuerpo armado no está obligado por ninguna legislación a acatar los fallos judiciales por este crimen de guerra, según un documento que envió al Supremo y al que Efe tuvo acceso.

La misiva expone algunos puntos que el ministro de la Defensa y su superior, el presidente Nayib Bukele, no han abordado públicamente sobre la posición de los uniformados frente al proceso que enfrentan mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En el documento, emitido el 7 de septiembre y conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el día 10, Merino pide que se suspenda una diligencia de inspección de archivos militares ordenada por el juez de la causa, Jorge Guzmán, misma que el Ejército terminó bloqueando el 21 de septiembre.

Los jueces desecharon la solicitud y advirtieron a Merino que, según pudo constatar Efe en un acta de la CSJ, debía acatar la orden judicial, pero no fueron escuchados.

Sin interés

El contraalmirante señaló en su carta que la Fuerza Armada, la principal señalada de perpetrar crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1980-1992), no tiene interés en el fin que persigue el proceso penal por la matanza.

“Esta institución no había tenido acceso en dicho caso, en vista que, por el objeto de referida causa penal la Fuerza Armada de El Salvador no es parte y tampoco puede considerarse que tiene interés directo en el fin último que se persigue mediante la misma”, señaló.

Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por la masacre de El Mozote, en la que la mayoría de víctimas fueron niños, y el juez señaló en agosto pasado que “conocer la verdad de estos hechos es imperativo”.

Esta es la primera ocasión, al menos en la última década, que un ministro de la Defensa señala abiertamente que el Ejército no comparte el interés de que se determinen responsabilidades por esta masacre.

Sin ley

Merino puso en entredicho la competencia del juez instructor y señaló que, a su juicio, la legislación derogada que se aplica en el proceso y que estaba vigente al momento de la masacre no tiene efecto sobre el Ejército.

“Se considera que, no siendo parte procesal en el caso que nos ocupa, a esta institución no podrían aplicarse los parámetros contenidos en la normativa penal derogada”, sostuvo.

El juez Guzmán aplica principalmente el Código Procesal Penal de 1973, pero también se auxilia de normativa internacional, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros.

El ministro trató de apoyar su argumento en el hecho de que actualmente “no existe una legislación para habilitar a otras personas que no sean las partes a hacer sus consideraciones al momento del nombramiento de peritos y el señalamiento de diligencias de inspección”.

“Este Ministerio no está obligado a cumplir una decisión judicial sin un sustento judicial vigente”, subrayó Merino y añadió que debe “aplicarse directamente lo dispuesto por la Constitución”.

Esto en referencia a una prohibición de la Constitución de revelar planes militares secretos a la Asamblea Legislativa y citó que este tipo de disposiciones vienen desde la Constitución de 1962.

Merino pidió que las diligencias se suspendieran hasta que exista una nueva ley de reconciliación nacional.

¿Otras veces aplicado?

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la CSJ anuló la ley de amnistía de 1993, que impedía juzgar a los señalados por crímenes de guerra, y ordenó al Congreso decretar una nueva normativa que garantice la Justicia y reparación para las víctimas del conflicto, sin que se haya cumplido esta orden a la fecha.

Para Merino, la falta de esta ley exime al cuerpo armado de cumplir los fallos judiciales en el proceso penal de El Mozote, lo que plantea la duda de si este mismo argumento podría aplicar la Fuerza Armada a otras causas abiertas tras la anulación de la amnistía.

El jefe castrense señaló que no existe una ley vigente que “determine la forma en que las diferentes instituciones u organizaciones que se vieron involucradas” podrían proporcionar a los jueces “determinada información que soliciten y que contribuyan al esclarecimiento de algunos acontecimientos ocurridos durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país”.

Supuesto espionaje

Merino también buscó que la CSJ suspendiera la diligencia por el supuesto peligro de espionaje por parte de la perito de origen guatemalteco Velia Elisa Muralles Bautista.

“Posee vínculos laborales con la fuerza de seguridad de su país (la convierte en potencial espía)” y “sin ninguna limitante podría dar a conocer públicamente lo que vea y lea”, lo que podría causar situaciones que “afecten gravemente la seguridad nacional”, aseveró Merino.

El ministro también se refiere a la masacre de El Mozote como “presuntos sucesos”, pese a que el Gobierno reconoció públicamente y ante organismos internacionales que el Ejército perpetró la matanza.

Además, un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha acompañado diversas exhumaciones.

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