El Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenó desalojar a los sindicalistas de La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) que se encuentran bloqueando el relleno sanitario de Nejapa.
“Se impone (a ASTRAM) suspender inmediatamente, es decir, a partir de la notificación del presente proveído, toda obstaculización a las unidades de transporte de desechos sólidos recolectados por la municipalidad de San Salvador”, dice la resolución.
El juzgado también ordena al director de la Policía Nacional Civil (PNC) colaborar con la alcaldía capitalina para evitar el bloqueo de camiones de la basura.
El juez advierte al sindicato que, en caso de no acatar esta medida cautelar que se les ha impuesto, se iniciará un proceso penal en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de desobediencia de particulares.
“Juzgado Ambiental emite medida cautelar y ordena a ASTRAM desalojar. Las turbas enviadas por Mario Durán y Rolando Castro deben retirarse y PNC debe permitir la entrada y salida al relleno sanitario de desechos de San Salvador. Se hace justicia. ¡Gana El Salvador y nuestra gente!”, escribió el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.
Los miembros de ASTRAM, además de realizar esta manifestación en la sede fiscal de Santa Elena, mantienen bloqueado el acceso al relleno sanitario de Nejapa, para evitar así que camiones recolectores de basura puedan entrar y descarguen los desechos sólidos que recogieron en los últimos días en San Salvador.
Los sindicalistas han hecho una cadena humana para evitar que los vehículos de la alcaldía entren al lugar. Cerca de ellos se mantienen policías y soldados que no los han desalojados.
Desde finales de la semana pasada, estos sindicalistas mantienen cercado el acceso al relleno como medida de protesta porque supuestamente la Alcaldía de San Salvador despidió injustificadamente a varios trabajadores y ha retenido cuotas laborales indebidamente.
Este fin de semana, Raúl Melara publicó en sus redes sociales el documento original en el que pidió a la Policía Nacional Civil (PNC) que desaloje a los sindicalistas que están bloqueando la entrada al relleno sanitario de Nejapa.
La nota, o direccionamiento funcional como es conocido administrativamente el documento, contiene la orden de la FGR de desalojar a los sindicalistas porque pueden estar incurriendo en el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación por el que, en un eventual proceso penal, pueden ser condenados a entre cuatro a 12 años de cárcel.
Al respecto, el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt manifestó este lunes que “está claro que la ciudad capital se encuentra bajo un ataque terrorista”.
“Desde hace una semana el señor Rolando Castro y el señor Mario Durán (ministro de Gobernación y candidato a alcalde capitalino por Nuevas Ideas), valiéndose de sus cargos ministeriales y usando recursos del Estado y usando esa malas prácticas que les caracterizan, ordenaron a sus violentos sindicalistas de ASTRAM a que bloquearan el acceso de los camiones y rastras de San Salvador”, explicó el funcionario.
Muyshondt añadió que las “turbas” amenazaron a muerte a los motoristas de camiones capitalinos y han “vandalizado a varias unidades de transporte y tuvieron secuestrada por tres días varias góndolas”, sin intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).
Enfrentamiento entre Ernesto Muyshondt y Rolando Castro
Rolando Castro trabajó en la alcaldía de San Salvador durante muchos años. Fue líder de ASTRAM y jefe de Parques y Jardines. Los problemas con el alcalde Muyshondt comenzaron cuando este comenzó a denunciar la red de corrupción en la alcaldía de San Salvador.
El pasado 17 de julio, Muyshondt llamó «Robando Castro» al ministro de Trabajo y lo acusó de corrupción. También lo denunció por mantener una red de “plazas fantasmas y pago de horas extras no devengadas” en la alcaldía de San Salvador. Además, por el “uso de recursos municipales para beneficio personal y para el sindicato ASTRAM”.
Además, Rolando Castro tiene antecedentes por desórdenes y bloqueos públicos. El 22de marzo del 2018, por ejemplo, en una entrevista con Ernesto López, el entonces empleado de la alcaldía de San Salvador instigó públicamente a un grupo de miembros de ASTRAM para que protestaran frente a MOLSA, una de las empresas del presidente de Fundación Transparencia.
Los manifestantes, dirigidos por Castro, bloquearon las calles del Bulevar del Ejército y crearon un caos vehicular.
Las personas que transitaban por esas arterias se quejaron porque les tocó caminar para llegar a sus trabajos. Otros llegaron tarde. Algunos se quejaron por el gasto de gasolina que significó la protesta. Pero, además, los manifestantes agredieron e intimidaron a los empleados de MOLSA.
Por estos hechos se inició un proceso por el delito de desórdenes públicos agravados. Y es que el artículo 348 del Código Penal específica que ese delito se configura “cuando dos o más personas alteran el orden público obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen o impidiéndoles la libre circulación o tránsito o invadiendo instalaciones o edificios serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.
Además, el delito aplica cuando los hechos son cometidos o instigados por un funcionario o autoridad pública. En ese caso, además de la pena de prisión, se inhabilita o suspende del cargo público.