La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) afirmó en un comunicado que el desacato del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, a órdenes emanadas de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República (FGR) implican una violación a la Constitución y destruyen el Estado de Derecho.
En el escrito, FUSADES hace referencia a dos órdenes giradas con facultades constitucionales por parte de la Asamblea y otra de la Fiscalía, las cuales el director de la PNC no acató, con lo cual constituyó un «serio atentado» contra el Estado de Derecho.
El comunicado de FUSADES sostiene que la falta de sumisión al orden jurídico por parte de los funcionarios, en este caso el director Arriaza Chicas, «pone bajo grave amenaza al sistema democrático, a la gobernabilidad y a la paz social».
Además, el actuar del director policial «constituye un serio atentado contra el Estado de derecho y un precedente muy grave para la institucionalidad democrática», a juicio de FUSADES.
La primera orden a la que se hace referencia es de la Asamblea, que requirió a la Policía llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a comparecer ante la comisión especial que investiga el manejo de fondos del Estado durante la pandemia de Covid-19, sin embargo esto no sucedió.
En su lugar, el ministro acudió el viernes pasado a supervisar los trabajos en una planta eólica en Metapán, mientras que el director Arriaza Chicas justificó la no comparecencia de Zelaya en la comisión, a la que había sido convocado tres veces anteriormente.
«El director de la PNC se apropió de facultades deliberativas, juzgando y concluyendo, sin tener atribuciones para ello, que había causa justificada para que el ministro (de Hacienda) no acudiera a la convocatoria», señala el pronunciamiento de FUSADES.
Sindicalistas de ASTRAM
La segunda orden a la PNC fue emitida por la Fiscalía, que solicitó el desalojo de los sindicalistas de ASTRAM, la gremial de trabajadores municipales, que bloquearon el acceso de camiones de basura capitalinos al relleno sanitario de Nejapa.
Dicha obstaculización generó acumulación de basura en San Salvador, además que el alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, señaló amenazas contra los empleados de desechos sólidos.
Muyshondt calificó todo ello como un «ataque terrorista» contra la ciudad y acusó a los ministros de Trabajo, Rolando Castro, y de Gobernación, Mario Durán, de estar detrás de las acciones sindicales.
El mismo fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo que no acatar la orden funcional de la FGR “hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la PNC”.
Al final, la intervención del Juzgado Ambiental de Santa Tecla permitió que los desechos sólidos de la capital fueran trasladados al relleno sanitario de Nejapa.
La no intervención de la Policía, pese a tener la orden de la FGR, constituyó de nuevo una violación de la ley, a criterio de FUSADES.
«Estas dos desobediencias son actuaciones de la mayor gravedad contra la esencia del Estado de Derecho, que presupone el sometimiento de los funcionarios a la Constitución y a las leyes», señala FUSADES.
Finalmente, el pronunciamiento de este tanque de pensamiento insta a que «la institucionalidad se respete y que en este caso se deduzcan las responsabilidades respectivas por las acciones contrarias a la ley».
Este es el comunicado completo de FUSADES:
