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Exfiscal vinculado a red de corrupción de Rais saldrá libre

Pasaron los dos años de plazo para que la Fiscalía demostrara su culpabilidad o inocencia. El tiempo se agotó.

Redacción
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó terminar con la detención provisional de Julio Adalberto Arriaza González, quien fuera una de las principales jefaturas de la Fiscalía General de la República (FGR) y que en la actualidad es acusado de cuatro delitos relacionados con la trama de corrupción que se presume lideraron el exfiscal general Luis Martínez y el empresario de la basura Enrique Rais.

Arriaza, para recuperar su libertad, deberá portar un brazalete electrónico de ubicación y no salir del país ni cambiar de domicilio, entre otras medidas sustitutivas a la detención. El 20 de octubre saldrá libre.

El fin de su periodo en la cárcel es porque ya cumplió con los dos años de plazo que establecen las leyes penales como periodo máximo para que la Fiscalía demuestre su culpabilidad o inocencia de los delitos que le imputa.

El fin de la detención fue ordenado el 8 de octubre en una audiencia especial que celebró el Juzgado Cuarto de Instrucción.

Ese día la Dirección General de Centros Penales (DGCP) aceptó colocarle el brazalete electrónico pero no al exfiscal general Luis Martínez.

Arriaza González fue director de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía en el periodo 2012-2015.

El 16 de octubre de 2018 se entregó al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador después de estar en calidad de prófugo.

Arriaza llevaba prófugo desde enero de 2017, cuando la Cámara Primera de lo Penal le retiró las medidas sustitutivas al arresto en un proceso en el que se lo acusa de omitir investigaciones contra Rais y fabricar pruebas para favorecerlo ante los tribunales.

A finales de agosto de 2016, el juzgado Séptimo de Paz le concedió medidas sustitutivas al arresto. Él fue capturado siete días antes, junto con Enrique Rais, en la sede central de la Fiscalía.

Arriaza tenía conocimiento de las escuchas telefónicas de las conversaciones que mantenían el exjuez Noveno de Instrucción Romeo Aurora Giammattei y un empleado de Enrique Rais para llevar a cabo supuestas componendas judiciales.

Tanto Martínez como Arriaza fueron capturados gracias al testimonio de Sigfredo Campos Crespo, entonces jefe del Centro de Intervenciones Telefónicas, que notificaba de las escuchas a ambos, sin que estos hicieran algo ante los delitos que se cometían.

La Fiscalía ordenó la detención de Rais en agosto de 2016, por encabezar una red de corrupción judicial, en la que jueces, fiscales y abogados estaban a su servicio para garantizarle impunidad y perseguir a sus enemigos empresariales.

Por este caso recibió medidas sustitutivas al arresto en agosto de 2016. Pero cinco meses más tarde una Cámara anuló la decisión judicial y ordenó su regreso a prisión. Sin embargo, Rais ya se había fugado.

El caso contra la red que lideraban Rais y Martínez está basado en escuchas telefónicas grabadas desde 2014. Estas iniciaron con la intervención de conversaciones entre el entonces juez Giammattei y Ernesto Gutiérrez, abogado de Enrique Rais.

El requerimiento que sustentó la acusación contra la red sostiene que la Fiscalía interceptó 27 conversaciones entre Giammattei y Gutiérrez, en las que convenían la presentación de un caso en el que Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia Herrera, demanda que fue interpuesta el 26 de septiembre de 2014.

El 22 de octubre, Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón (exabogado de Rais), fue capturada y acusada por amenazas agravadas en contra de Enrique Rais.

Las conversaciones entre Giammattei y Gutiérrez continuaron, ya que el requerimiento no había sido llevado a tribunales de justicia.

El 24 de octubre, el abogado de Rais explicó al juez que no se había podido entregar el requerimiento porque “El Uno” (Luis Martínez) no había podido salir con el asunto, pero que estaban preparando un buen documento.

Ya con Herrera bajo un proceso judicial, la Fiscalía detectó el 5 de marzo de 2015 una conversación entre Gutiérrez y Rais para coordinar un falso peritaje psicológico con el que reforzarían la acusación contra Herrera.

La idea era hacer parecer que Rais había sufrido daños psicológicos a raíz de las amenazas con agravantes.

Gutiérrez le recordó a Enrique Rais que para ello había que pagar una “dosis” (soborno de $5 mil) al psicólogo de Medicina Legal, Néstor Recinos, para que alterara el peritaje a su favor.

Sigfredo Campos Crespo, jefe del Centro de Intervenciones Telefónicas, tuvo conocimiento de estas conversaciones, pero según órdenes del entonces fiscal Martínez, esta información no debía trasladarse a ninguna unidad fiscal.

En 2015, Campos Crespo continuó notificando de las escuchas y las investigaciones a Luis Martínez y al jefe fiscal Julio Arriaza. Pero el fiscal general le daba largas al asunto, hasta que un día dijo que no era necesario un antejuicio para Giammattei, sino que “obligaría a renunciar” al juez, llevando “pruebas en mano” al presidente de la Corte.

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