El ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que frenara las inspecciones a seis unidades militares ordenadas por un juzgado de instrucción en el proceso por la masacre de 1.000 campesinos en 1981 en El Mozote (noreste), según una publicación de un medio local.
De acuerdo con la revista Factum, Merino envió al pleno de la CSJ un escrito «para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares», cuyo comienzo se programó para el lunes 21 de septiembre.
«El titular de Defensa alegó ante los 15 magistrados de la Corte que, como lo han sostenido los defensores de los acusados por la masacre y la Presidencia de la República, la apertura de los archivos militares de hace cuatro décadas podría poner en riesgo la seguridad nacional», reseña el medio.
Añadió que los jueces del Supremo desecharon la solicitud del jefe castrense, según las fuentes que el medio consultó.
Efe constató en documentos públicos de la CSJ que el pleno de este órgano de Estado recibió una «comunicación del ministro de la Defensa Nacional».
La agenda de la sesión del 10 de septiembre pasado, fecha en la que los jueces conocieron el escrito, da cuenta de este documento, sin señalar la fecha de recepción ni el contenido del mismo.
En el sitio oficial de la CSJ tampoco se ha publicado el acta de la sesión del referido día, la que debe reflejar la discusión y decisión sobre el escrito de Merino.
Efe también intentó confirmar esta información mediante un enlace de prensa del Gobierno salvadoreño, sin que se recibiera una respuesta que afirme o niegue la publicación.
De igual forma, se preguntó a Wilfredo Medrano, uno de los abogados de las víctimas en el proceso contra 15 militares retirados y miembro de Tutela Legal «María Julia Hernández», sobre el documento presentado y manifestó no conocer la solicitud de Merino.
Por su parte, David Morales, también abogado acusador y parte de la organización humanitaria Cristosal, manifestó que la solicitud no es procedente, dado que el pleno de la CSJ no tiene el poder para «revisar, suspender o reprogramar la orden judicial de inspección».
«Representa una acción política del ministro Merino en orden a justificar un probable incumplimiento o desobediencia al mandato judicial de inspección», señaló Morales.
Añadió que es «muy probable» que esta acción de intentar frenar la diligencia judicial fue respaldada por el presidente Nayib Bukele, al ser el «primero en la cadena de mando».
Advirtió que en caso de que el Ministerio de la Defensa «obstaculice» la diligencia, «tanto el ministro Monroy, el comandante general Bukele o miembros del alto mando» que se vean involucrados, «podrían incurrir en delitos» como actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
A comienzos de noviembre de 2019, Bukele se comprometió públicamente en desclasificar los archivos y sostuvo que si el juez de la causa pedía de la «A a la F», su Gobierno abriría hasta la «Z».
«Queremos que se sepa la verdad, vamos a luchar porque se sepa la verdad», dijo el mandatario después de que el juez Jorge Guzmán ordenara la entrega.
Guzmán emitió el pasado 28 de agosto una medida cautelar para proteger los documentos y advirtió a un representante del Ministerio de la Defensa que «las decisiones judiciales no se negocian, no se suplican. Las decisiones judiciales se imponen».
El delegado gubernamental hizo referencia la posibilidad de que en el lugar de la inspección se encuentren archivos relacionados con la seguridad nacional de la época de la guerra civil (1980-1992).
«Conocer la verdad de estos hechos es imperativo, tenemos personas que hace más de 39 años están esperando justicia», subrayó el juzgador.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
Según el informe de las Naciones Unidas, que da cuenta de crímenes de guerra, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.