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Merino Monroy: “nosotros no hemos negado información”

El ministro aseguró que únicamente hizo “respetar la Constitución” y que el presidente Nayib Bukele sí cumplió su promesa.

Redacción
MERINO MONROY

Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, defendió públicamente la negativa de permitir la entrada a Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para inspeccionar los archivos institucionales relacionados con la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada entre el 11 y 13 de diciembre de 1981.

En entrevista radial el ministro aseguró que únicamente hizo “respetar la Constitución” y que el presidente Nayib Bukele sí cumplió su promesa de entregar información sobre la masacre atribuida al extinto Batallón Atlacatl.

“Nosotros no hemos negado la información”, afirmó. Agregó, además, que siempre que las instituciones judiciales pidieron información sobre el asunto la Fuerza Armada la entregó certificada.

“Ordenamos a las instancias correspondientes que busquen toda la información que exista y se las entregamos”, expresó.

Dijo, asimismo, que los militares están respetando la Constitución sin especificar a qué se estaba refiriendo.

Ayer el juez Guzmán reprogramó la inspección al Estado Mayor Conjunto y ordenó al Gobierno de Bukele explicar quién decidió impedir la entrada.

Específicamente pidió que las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa informen de manera escrita, en cinco días hábiles, quién delegó al coronel Carlos Vanegas, asesor jurídico en Defensa, como responsable de notificar y verificar el bloqueo a las autoridades judiciales en su intento de entrar al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (FAES).

Los que deben responder, de acuerdo con la resolución judicial, son Bukele o el mismo Merino Monroy.

Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la CIDH criticaron la decisión de la Fuerza Armada.

“La CIDH y la Relatoría Especial condenan la obstrucción del Ministerio de Defensa a la inspección ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera de los archivos ubicados en el Estado Mayor Conjunto en el marco del proceso criminal del caso El Mozote”, dijo la CIDH en un comunicado.

Añadió que “la CIDH recuerda que El Salvador ha sido ordenado por la CorteIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) a adoptar medidas para garantizar el acceso a los archivos útiles a la investigación de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado con el fin de asegurar el acceso a la justicia y derecho a la verdad”.

“La CIDH y la Relatoría Especial exhortan a El Salvador a cumplir con dichas decisiones judiciales, garantizando el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales y establecer una investigación por la negativa de cumplir la orden de acceso a los mismos”.

De acuerdo con las cifras oficiales en El Mozote fueron ejecutadas unas 988 personas, la mayoría niños, por lo que son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y lesa humanidad.

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