Una corte de apelaciones de Estados Unidos resolvió este lunes que el Gobierno de ese país podrá deportar a los beneficiados por el estatus de protección temporal (TPS, en inglés), dentro de los cuales hay al menos 200,000 salvadoreños acogidos a dicho programa.
«En un voto dividido, el panel de tres jueces consideró que un juez federal de California se excedió al extender la protección temporal (a los beneficiados), que le otorgaba permisos temporales de trabajo a inmigrantes de El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua», señala la cadena Telemundo.
De acuerdo con la resolución de la Corte de apelaciones del Noveno Circuito, que finalizó un proceso pendiente desde 2018, el argumento de un juez federal de California de que había «evidencia circunstancial de que la raza es un factor que motivó» los procesos de deportación es inválido. En resumen, para la Corte no se sustentó de forma necesaria dicho planteamiento del juez californiano.
Con la decisión de la Corte de apelaciones, los beneficiados de este estatus temporal, entre ellos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, haitianos, sirios y yemeníes, podrán ser deportados aunque no de manera inmediata.
En la actualidad, los salvadoreños en ese país amparados al Estatus de Protección Temporal tienen una extensión de permanencia y trabajo de forma legal en territorio estadounidense hasta enero de 2021, tras la decisión del Gobierno de esa nación.
En el caso salvadoreño, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio un plazo de 365 días más para que los connacionales puedan salir del país en caso de que no se dé ningún tipo de prórroga más allá del 4 de enero de 2021, o en caso de que una resolución como la de hoy se hiciera efectiva.
Entre los argumentos de los jueces de apelación, se determinó que los inmigrantes que están bajo el TPS no aportaron evidencias para justificar que se les buscaba deportar debido a presuntos motivos racistas.
Pueden apelar a la Corte Suprema
De acuerdo con el abogado experto en inmigración, Alex Gálvez, «el panel de jueces ha puesto fin al TPS. El programa ahora solo los protegerá hasta enero del 2021».
El defensor añadió, en Univision Noticias, que «esperamos que la decisión permita escalar la disputa jurídica hasta la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con la Acción Diferida del 2012 (DACA)».
Si la Corte Suprema estadounidense no interviene antes del 4 de enero de 2021, cuando venzan los permisos temporales de trabajo para los beneficiados del TPS, estos quedarán a merced de procesos de deportación.
«Si la corte no interviene antes de esa fecha, estas personas deberán buscar otra forma de permanecer legalmente en el país o de lo contrario serán puestas en proceso de deportación», explica a Univision Noticias José Guerrero, abogado de inmigración de Miami.
Por su lado, la vicepresidenta de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Anu Joshi, explicó que «para aquellos cubiertos bajo este programa (beneficiados del TPS de El Salvador, Sudán, Nicaragua y Haití), nada cambia hasta ahora. Habrá un período de descanso significativo según lo acordado por el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos)».
Joshi añadió que «esta decisión no impactará el estatus de los beneficiados del TPS este año. Este año, los beneficiados no pueden enfrentar la deportación, aún pueden obtener licencias de conducir y los permisos de trabajo siguen válidos».
Reacción del presidente Bukele
Una vez dada a conocer la resolución de la corte del Noveno Circuito, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó en su cuenta de Twitter que «tenemos un año entero, tiempo suficiente para pedir a nuestros aliados una solución permanente o al menos, otra solución temporal».
Esto debido a que una vez conocida la resolución («negativa», como señala Bukele), los inmigrantes salvadoreños beneficiados por el TPS no pueden ser deportados en menos de un periodo de 365 días posteriores a la decisión de la Corte.
«Esto quiere decir que todos los salvadoreños amparados por el TPS, tienen protección migratoria por un año más, casi una prórroga completa», añade el jefe de Estado.
El mandatario considera que «las relaciones con Estados Unidos son más fuertes que nunca y el año pasado negociamos un año extra, si venía una resolución judicial negativa. En ese tiempo se nos atacó y se dijo que no fue la Casa Blanca, sino la resolución de un juez federal, la que los protegió».
Bukele agrega que «el juez falló en contra (la Corte de apelaciones del Noveno Circuito) y la protección que nos queda es la que nos dio el presidente Donald Trump, de un año, contado a partir de una posible resolución judicial negativa para los salvadoreños».
«Ahora tenemos un año completo para sentarnos con nuestros socios, amigos y aliados y buscar una solución para cientos de miles de salvadoreños y para cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, hijos de tepesianos, que también deben deben ser protegidos por ambos países», finalizó Bukele.
El Salvador y el TPS
El Salvador recibió el beneficio del Estatus de Protección Temporal en 2001 debido a los efectos de tres terremotos que afectaron al país y que causaron el desplazamiento del 17 % de su población, según el documento de la resolución de la Corte de apelaciones, publicado hoy.
Ese permiso no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno de EE.UU. decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tienen que regresar a su país de origen o enfrentarse a la deportación si se quedan como indocumentados, señala sobre este beneficio la agencia EFE.
«Desde entonces (9 de marzo de 2001), la designación ha sido extendida once veces por las administraciones previas». Sin embargo, en enero de 2018, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Michele Nielsen, consideró que los efectos de los desastres de 2001 ya no eran motivo suficiente para mantener el TPS.
Este punto también es mencionado en la resolución de la Corte de apelaciones del Noveno Circuito, que también sostiene que el argumento racial no es suficiente para determinar si deben frenarse o no las deportaciones.
A criterio de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, el país también logró avances en la reconstrucción de escuelas e infraestructura dañada en los últimos años, asimismo, el Gobierno salvadoreño aceptó entre 2016 y 2017 a 40,000 salvadoreños repatriados.
Además, según dijo en ese momento Nielsen, «los gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador y las organizaciones internacionales ‘están trabajando de manera cooperativa para mejorar la seguridad y las oportunidades económicas'», según añade la resolución de la Corte de apelaciones.