El director general de Centros Penales, Osiris Luna, utilizó $8.5 millones de los fondos de tiendas carcelarias, durante 10 meses, sin seguir los protocolos debidos y habría violado al menos cuatro disposiciones del reglamento de la Ley Penitenciaria, según revela una investigación de Revista Factum.
Luna, también viceministro de Justicia y Seguridad, habría incumplido los procesos de manejo de fondos de las tiendas carcelarias, tampoco conformó la comisión que autoriza las compras en los centros penitenciarios y permitió que se les depositara a los reos hasta el doble del dinero mensual avalado por ley (que es un máximo de $150).
Asimismo, el funcionario público, de acuerdo con la investigación periodística, no ha dado cuentas sobre el gasto que se ha realizado con los $8,5 millones de fondos de las tiendas carcelarias (Fondo Único de Tiendas Institucionales), ya que solo ha informado los proveedores de dichas tiendas pero no ha reportado montos específicos en compras ni otros detalles.
A esto se suma que la cartera de Estado en la que él es viceministro (Justicia y Seguridad) no ha auditado el dinero en 11 meses, una medida que se debe realizar dos veces al año, según reglamento.
Cabe destacar que el reglamento de la Ley Penitenciaria fue reformado en septiembre de 2019, por lo que las normativas que Osiris Luna ha incumplido, según la publicación de Factum, contrarían lo que el mismo Gobierno de turno ha dispuesto.
De acuerdo con Factum, que obtuvo la información de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) vía Ley de Acceso a la Información Pública, se saltó el reglamento general de la Ley Penitenciaria respecto al manejo de los $8,5 millones ya que no respetó los procesos de transferencias del dinero que envían los familiares de los internos de las cárceles para que estos lo consuman en las tiendas carcelarias.
En ese sentido, los familiares de reos, o las personas autorizadas, pueden depositar hasta $150 mensuales en las arcas de la DGCP y con dichos fondos, Centros Penales abastece las tiendas penitenciarias, aunque para usar esos fondos, primero las autoridades carcelarias deben depositarlo en una cuenta del Ministerio de Hacienda (en la Dirección General de Tesorería). Esta es una de las faltas que, de acuerdo con Factum, se incurrió en esta gestión.
Luego de que los familiares han depositado el dinero mensual, los reos tienen acceso a consumir en las tiendas carcelarias y una vez han hecho esto, Hacienda regresa el dinero a las arcas de la DGCP, para que con esos montos se abastezcan las tiendas de las cárceles y se hagan otros gastos regulados en el artículo 154-K del reglamento.
Sin embargo, la gestión actual de Centros Penales omitió transferir el dinero a Hacienda durante 10 meses.
Desde septiembre de 2019 hasta junio de este año, la DGCP recibió depósitos de familiares de reos pero utilizó directamente el dinero, sobre el cual no ha dado cuentas, señala Factum en su investigación.
«Al Fondo Único de Tiendas Institucionales ingresaron $9,906,658.85 provenientes de depósitos realizados por familiares de reos, lo que equivale a un promedio de casi un millón de dólares cada mes. De este total, la Dirección ha reportado gastos por $8,599,311.58 a un listado de 45 proveedores, sin especificar montos ni detalles de dichas compras, alegando que actualmente no tiene personal suficiente para buscar la información debido a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19», indica Revista Factum.
Además, la investigación señala que Centros Penales no ha dado cuenta de qué hizo con el excedente, o sea $1,307,347.27, ya sea que se gastó o si se depositó en otra cuenta de la institución.
Los montos depositados en la cuenta del Ministerio de Hacienda se registran hasta julio de este año. Entre septiembre de 2019 y junio de este año, la DGCP no reportó los montos de las tiendas carcelarias a Hacienda. /IMAGEN: REVISTA FACTUM
Sin control de gastos
A esto se suma otro aspecto, que es la falta de control en el uso de los fondos. Por un lado, no se conformó la comisión que vigila el uso de dichos fondos de tiendas carcelarias y por el otro, no se han hecho las auditorías respectivas.
Sobre la comisión que autoriza las compras para abastecer las tiendas carcelarias, Factum sostiene que esta deberá estar conformada por cinco miembros: «un delegado del Ministerio de Hacienda, un delegado de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres delegados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública».
«Estos cinco miembros, según el reglamento, deben realizar sus funciones ad honorem. El 154-C establece que el coordinador de dicha comisión será el director general de Centros Penales, es decir, Osiris Luna», agrega la publicación.
O sea que los gastos equivalentes a $8.5 millones no han sido controlados por la comisión que, por ley, debería estar vigilando dichas transacciones.
A esto, Factum añade que «la DGCP se negó a entregar las hojas de vida de los integrantes de dicha comisión alegando que dichas personas ‘no pertenecen’ a esa institución. Sin embargo, al final de su respuesta a este punto añade otro elemento aún más importante: ‘Tampoco hemos tenido la posibilidad de hacer un proceso de selección de cada una de ellas, por lo que nos declaramos incompetentes’.
Asimismo, otra infracción que se le señala a Osiris Luna en la publicación de Factum es que tampoco se ha auditado el Fondo Único de Tiendas Institucionales, una acción de control que debe realizar al menos dos veces al año el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, institución en la cual el director de penales es viceministro.
Este aspecto lo contiene el reglamento de la Ley Penitenciaria, sin embargo, señala Factum, «once meses después de su entrada en vigor, no se ha realizado ninguna».
Otro punto señalado al director general de Centros Penales es que hay depósitos realizados por familiares de los reos los cuales sobrepasan el límite mensual, que es de $150.
«De acuerdo con la información entregada por la DGCP, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, hubo depósitos de hasta $300 cuando el máximo, no acumulable, es de $150 por cada reo», sostiene la publicación.
Esto representa otra violación al reglamento de la Ley Penitenciaria, que regula el máximo de montos mensuales de depósitos que pueden hacerse a los privados de libertad.
¿Quién es Osiris Luna?
Osiris Luna Meza ostenta dos cargos en el Gobierno central, en el cual funge como viceministro de Justicia y Seguridad y a la vez es director general de Centros Penales desde el 1 de junio de 2019.
Su gestión al frente de Centros Penales ha estado marcada por el cuestionamiento de un viaje que realizó en octubre del año pasado, supuestamente en misión oficial, a México, ya que se filtraron imágenes en las que aparece en un jet privado.
Una de las imágenes filtradas del viaje de Osiris Luna a México, en donde voló en un jet privado. /FOTO: D1, ARCHIVO
“Fui invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad. Viajé ida y regreso por Avianca (también invitado) y, para poder realizar el viaje completo en poco tiempo, los vuelos internos (dentro de México) nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado”, se defendió en ese entonces Luna, en redes sociales.
Sin embargo, en diciembre de 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México respondió, a una solicitud de información que hizo el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la organización no gubernamental (ONG) FUNDE, que nunca había invitado al director de Centros Penales a una visita oficial.
Luna, presionado por varias peticiones de información sobre su viaje, se limitó a responder que había sido invitado por una ONG cuyo nombre se negó a informar.
Ante esto, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó al director de Centros Penales que diera a conocer quién pagó los viajes que hizo en el lujoso avión privado a México. El plazo para que diera dicha información venció el 30 de enero de este año.
El proceso se mantiene pendiente ya que hay al menos seis procesos de personas naturales que pidieron la información a la DGCP y que, al no recibir el dato de quién financió el viaje de Osiris Luna, decidieron apelar ante el IAIP.
El primer recurso de apelación que llegó al Instituto el año pasado lo presentó Juan Valiente Álvarez, exdiputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). El resto de procedimientos lo iniciaron periodistas y ciudadanos que se desarrollan en distintos ámbitos.
Sin embargo, el 3 de febrero de este año el periódico digital El Faro reveló que la empresa Grupo SeguriTech Integral Segurity pagó el viaje a México en avión privado de Luna Meza.
El documento base de la publicación lo divulgó en redes sociales el expresidente y prófugo de la justicia Mauricio Funes Cartagena, actualmente asilado en Nicaragua mientras en el país es acusado de media docena de delitos de corrupción.
Pero mientras la DGCP no entregue la información, el caso sigue ventilándose en los tribunales del IAIP, en donde Luna Meza ya tiene dos procesos sancionatorios en su contra.
Por dicha negativa de brindar la información, tanto Osiris Luna como el oficial de Información de Centros Penales podrían ser condenados próximamente a pagar hasta 40 salarios mínimos, es decir, unos $1,200 por cada uno de los dos procesos sancionatorios.
En ese sentido, el director de Centros Penales anunció que presentaría un recurso a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para suspender la multa que automáticamente le sería impuesta por negarse a acatar la resolución de los comisionados.
Anteriormente a estas asignaciones en el Ejecutivo para el periodo 2019-2024, Luna Meza fue electo como diputado por el departamento de San Salvador bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), para la gestión legislativa 2018-2021.
Como legislador, Luna Meza fue incluido en las comisiones de Familia, Relaciones Exteriores y Asuntos Municipales. También participó en las de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Juventud y Deportes.
Asimismo, Osiris Luna fungió, entre agosto de 2010 y enero de 2012, como responsable de la supervisión de todos los Centros Penitenciarios de la zona oriental, en el Plan de Reducción de Hacinamiento Penitenciario, como señala el Portal de Transparencia.
También ha sido técnico jurídico y asesor jurídico en la DGCP y ha sido asesor en temas jurídicos en la Asamblea Legislativa en 2018. Luna es abogado de carrera.