El Salvador
sábado 23 de noviembre de 2024

Bukele y sus ministros mintieron sobre monto evadido por empresa de Simán

por Redacción


Con un despliegue de inusual agresividad por parte del gobierno, la noche del domingo se realizó un llamativo operativo—frente a cámaras de diferentes medios de comunicación— contra Miguel Ernesto Daura, representante legal de la empresa Intratex. Tanto el presidente Nayib Bukele como sus ministros dieron amplia difusión a la acusación de evasión de impuestos a través de redes sociales. Pero mintieron. Aseguraron que el monto de la acusación contra la empresa era $293 millones, cuando la cifra real es de 5.3 millones.

El despliegue mediático fue de grandes dimensiones. Tanto el presidente Nayib Bukele como sus ministros comenzaron a bombardear en redes sociales con información sobre la captura de Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de la empresa Intratex. El problema fue que mintieron. Engañaron a la gente.

“$293 millones de dólares de evasión fiscal, de una empresa propiedad 100% de la familia Simán. Sí, $293 MILLONES DE DOLARES. Sigan hablando de cafeteras”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

En seguida, muchos de sus funcionarios comenzaron a replicar el mensaje y a señalar la evasión por “$293 millones”.

Mientras eso ocurría, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, daban una conferencia de prensa, rodeado de policías, con el imputado en medio de la escena.

“Son 293 millones los que debemos recuperar para poder llevarle salud a las personas que están sufriendo durante la crisis sanitaria… el ministro Rivas decía que con esto pudimos haber financiado la fase dos y tres del plan Control Territorial”, dijo Zelaya.

Lo cierto es que el presidente Bukele y sus ministros estaban mintiendo. Habían inflado la cifra de la supuesta evasión de impuestos realizada por la empresa Intratex.

Fue por eso que comenzaron a recibir críticas de parte de muchos usuarios de redes sociales. Analistas políticos han señalado que el interés y la fuerza publicitaria que le inyectó el gobierno al caso hacen pensar que no fue un error de dedo o de comunicación  haber manejado la cifra de $293 millones, cuando la cifra era de $5.3 millones.

Es más, los expertos en la materia consideran que la distorsión que hizo el presidente Bukele y sus ministros, en cuanto a la cifra de evasión, fue con dolo, y, por ende,  habrían cometido el delito de calumnia.

Sobre todo porque en estos casos de Hacienda la ley exige el manejo confidencial de la información de las empresas, pues son temas de carácter privado porque todavía no hay una condena penal; por lo tanto, el honor y reputación de las personas que están vinculadas con dicha empresa podría verse afectados por el manejo irresponsable del caso por parte del gobierno.

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Pugna entre Bukele y Javier Simán

Los pleitos entre Nayib Bukele y Javier Simán se intensificaron cuando este último fue nombrado presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a finales del pasado mes de abril.

Bukele acusó a Simán, a mediados de mayo pasado, de tratar de sabotear el trabajo de su gobierno y dejó de reconocer su liderazgo entre los empresarios.

La ruptura con Simán se dio tras las críticas del gremio de empresarios y de académicos a la gestión de millonarios fondos para atender la pandemia del Covid-19.

De hecho, Bukele decidió reunirse con un grupo de prominentes empresarios salvadoreños entre los que no estaba la familia Simán.

El mismo Javier Simán, luego de la captura  de Daura Mijango, publicó un comunicado donde señala que El Salvador “atraviesa momentos complicados” y “necesita de la ayuda de todos los salvadoreños trabajando unidos para sacarlo adelante”.

“A las autoridades del gobierno les pido que reflexionen. Con sus actuaciones arbitrarias y abusos de poder están destruyendo no a una empresa, una familia, ni un apellido, sino las fuentes de ingreso de miles de familias salvadoreñas”, dice el comunicado.

Luego agrega: “No es momento para atacar desde el Estado a los que creen que somos enemigos solo porque pensamos diferente. Al final, todos buscamos tener un mejor país y eso debería de ser suficiente para que entendamos que solo juntos lograremos sacar adelante a El Salvador”.

Simán hace énfasis que “en medio de esta crisis” el gobierno debería estar “cuidando los empleos y pensando en las familias salvadoreñas”.

FOTOS: FGR

FOTOS: FGR

Bukele y dos exprecandidatos de ARENA

Tanto Javier Simán como Gustavo López fueron contrincantes de Carlos Calleja en las elecciones internas que el partido ARENA realizó en 2018 para elegir a su candidato presidencial.

Al final, el partido tricolor eligió a Carlos Calleja. Por su parte, Gustavo López fue nombrado presidente del partido ARENA y Javier Simán retornó a sus actividades empresariales.

Durante los primeros meses de Bukele en el poder, Gustavo López criticó a su gobierno. Fue entonces que el mandatario lo desconoció como representante de la oposición.

En febrero de este año, Gustavo López renunció a la presidencia del partido ARENA aduciendo que lo hacía “por una sola razón” y era “enfrentar un proceso en mi contra”.

El pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó su captura por complicidad necesaria en el delito de peculado.

Lo acusó de afectar al Estado en un intercambio de armas con el Ministerio de la Defensa a través de su empresa Centrum. Según la acusación, Gustavo López entregó dos obuses usados a cambio de armas nuevas y obsoletas.

Actualmente Gustavo López está detenido, esperando la audiencia inicial para saber si queda detenido o es procesado en libertad condicional.

Bukele también ha desconocido a Javier Simán como representante de la ANEP y en mayo pasado el gobierno cerró una de las empresas de la familia Simán aduciendo ciertos incumplimientos legales.

La noche del domingo fue capturado el representante legal de Intratex, otra de las empresas de Simán y el gobierno mintió en la cifra que supuestamente la corporación evadió.

Un experto en la materia de la política interna de El Salvador manifestó que esta era una clara intención del gobierno de Bukele de utilizar el poder del Estado para neutralizar a posibles opositores políticos en una futura contienda presidencial en el caso de Gustavo López y Javier Simán.

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