Funcionarios del Gobierno llegaron este miércoles por la tarde a la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta de Régimen de Excepción por 15 días para enfrentar la pandemia de coronavirus (COVID-19) que afecta al país.
De acuerdo con Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, el proyecto de ley incluye la restricción de tres garantías constitucionales: Libertad de tránsito, libertad de reunión e inamovilidad de residencia.
Lea también: Sala responde a Bukele que no le ha quitado atribuciones
«El Órgano Ejecutivo necesita 15 días exactos para que las personas que están contagiadas se curen y que podamos eliminar en un alto porcentaje el virus. No necesitamos 12, no necesitamos 10, necesitamos 15 días», sostiene el asesor jurídico.
«Si los diputados no están de acuerdo con el Régimen de Excepción, serán ellos los responsables de lo que venga”, aseveró Javier Argueta.
Además, Argueta señaló que la reapertura de la economía seguirá, pero que el Ministerio de Salud decidirá si se suprimirán los tiempos ya establecidos, todo dependerá de cómo vayan surgiendo los casos de COVID-19 en el país.
Según explicó el asesor jurídico, este nuevo proyecto de ley fue consensuado en una reunión que sostuvo el Consejo de Ministros, tras revisar un informe presentado por el Ministerio de Salud.
Ayer los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandaron una carta a Nayib Bukele en la que le aclararon que la Presidencia de la República nunca tuvo facultades para restringir derechos de los ciudadanos como el libre tránsito o las libertades económicas, sino que los únicos que sí tienen esa potestad son los diputados a través de la Asamblea Legislativa.
La Sala señaló que para restringir debe seguirse el proceso de ley: hacerlo en conjunto los dos órganos estatales, es decir, la Asamblea que elabora la ley y el Ejecutivo que la sanciona. “Es una premisa básica que no puede soslayarse”, puede leerse en un extracto de la carta enviada a la Presidencia.