Las personas que rompan la cuarentena domiciliar decretada por el Gobierno serán trasladadas a centros de contención, a pesar de que antes la Sala de lo Constitucional ordenó que los retenidos fueran enviados a sus casas.
Los ministros de Seguridad y Defensa se pronunciaron al respecto en las últimas horas y advirtieron que la orden de llevar a centros de cuarentena a quienes infrinjan la normativa sigue en pie, con el objetivo de prevenir contagios del coronavirus (COVID-19).
Sin embargo, el titular de Seguridad, Rogelio Rivas, advirtió sobre los posibles efectos adversos de esta acción.
“Les pedimos de favor que colaboren. Caso contrario, tendrán que ser llevados a un centro de cuarentena lejos de sus familias y corriendo el riesgo que en esos centros de cuarentena puedan contraer inclusive el virus”, manifestó el ministro Rivas.
Por su lado, el titular de Defensa, Francis Merino Monroy, denunció que muchas personas infringen el régimen de aislamiento domiciliar y “se ha detectado en algunos lugares que la gente está casi como antes de la emergencia”.
Por ello, “vamos a comenzar a llevar a centros de cuarentena a aquellas personas que estén violando la cuarentena domiciliar y no estén autorizadas a circular”.
El Gobierno estableció un estado de emergencia el 12 de marzo, mientras que el 29 de ese mes se amplió por 15 días más el régimen de excepción, el cual contempla diversas restricciones de movimiento. A esto se suma un decreto del Ministerio de Salud en el que se ordena la cuarentena domiciliar para evitar contagios del COVID-19.
En ese contexto, las autoridades de seguridad llevaron a albergues de cuarentena a todo individuo que rompiera el régimen domiciliar vigente desde el 21 de marzo, al punto que las retenciones en centros de contención y bartolinas llegaron a las 712.
El ejército y la PNC ejecutaron esta medida desde el 21 de marzo. /FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
Intervino la Sala
Sin embargo, este traslado de personas a albergues se interrumpió el 27 de marzo pasado, luego de que la Sala de lo Constitucional admitiera un hábeas corpus y ordenara medidas cautelares.
Tres mujeres interpusieron este recurso tras mantenerse en bartolinas en Jiquilisco desde el 22 de marzo, sin las condiciones mínimas, lo que la Sala catalogó como un caso de vulneración de derechos constitucionales y ordenó que ellas y el resto de ciudadanos en delegaciones o albergues fueran llevados a sus casas.
Esta sentencia dejó fuera de su alcance a quienes entraron a albergues en donde hubo contagios confirmados de COVID-19.
Sala de lo Constitucional admite a trámite Hábeas Corpus 148-2020 y ordena medidas cautelares estructurales. pic.twitter.com/pO9CZJwOh1
— Sala de lo Constitucional (@SalaCnalSV) March 27, 2020
Desde entonces, de acuerdo al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, las autoridades acataron la disposición de regresar a sus hogares a quienes contempló la sentencia de la Sala.
Hasta el momento que se emitió esa sentencia, los responsables de seguridad tenían aún a 316 personas retenidas en sedes policiales, según confirmó Merino Monroy.
No obstante, en las últimas horas las autoridades reiteraron que mantendrán la medida de poner en centros de contención a quienes infrinjan las disposiciones sanitarias.
El Salvador tiene, hasta este viernes al mediodía, 46 casos de pacientes con coronavirus, dos de los cuales fallecieron, mientras que cuatro están en condiciones críticas, cinco más están graves y otros cuatro son moderados. Además, hay otros ocho pacientes sospechosos de tener el virus.
Por otro lado, este jueves se denunció el fallecimiento de una persona en cuarentena en un hotel en la urbanización Santa Elena, mientras que videos en redes sociales mostraron las condiciones del hospital José Saldaña, donde se atienden a los pacientes positivos por COVID-19.