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NACIONALES

FGR se niega a imputar funcionarios que protegieron a Sigfrido Reyes

La misma Fiscalía y la CCR involucradas.

Redacción
Frido3

El 24 de abril de 2012 Marcos Gregorio Sánchez Trejo convocó a una reunión en su despacho de la presidencia de la Corte de Cuentas (CCR) a todos los miembros del equipo de auditores que estaban realizando un examen especial a los gastos que la Asamblea Legislativa hizo entre febrero y diciembre del año 2011. El encuentro fue todo menos cordial: les advirtió que primero iban a caer las cabezas de todos ellos antes que la de él, que los diputados ya le habían llamado la atención —sí, esas son las palabras que le atribuyeron los testigos— y que incluso Lorena Guadalupe Peña Mendoza, dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), les había enviado una amenaza: si no conocían el poder, entonces lo iban a conocer.

Todo eso presuntamente les dijo, o más bien les advirtió, el que se supone que debía respaldarlos por realizar su trabajo: el presidente de la Corte de Cuentas.

Después de esa reunión pasó lo evidente: las irregularidades que los auditores encontraron en los gastos que la Asamblea había hecho un año antes quedaron borradas. Desaparecieron de los informes, de acuerdo con el relato plasmado en la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra Othon Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea, imputado por peculado, lavado de dinero y estafa agravada.

Todo comenzó el 19 de enero de 2012 cuando los auditores Elmer Enrique Arias Pacheco, entonces director; Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, subdirectora; los auditores Ana María Altamirano de Hernández, Vilma del Rosario Aquino de López y Mayra Elizabeth Miranda de Pocasangre; y los ahora testigos protegidos Halcón y Angie, todos de la Dirección de Auditoría Uno de la Corte, fueron a la Asamblea a auditar la ejecución del presupuesto del año 2011 porque habían recibido tres alertas: una nota que publicó Diario El Mundo en la que podía leerse que los diputados se gastaron en menos de un año todo el dinero destinado para combustibles, supuestas erogaciones de dinero público a otras instituciones estatales y privadas así como las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el departamento de informática.

Los auditores no tardaron en encontrarse un rosario de irregularidades: la Asamblea había pagado 217 mil 794.50 dólares de viáticos en exceso a los diputados además de haberlos entregado en euros y no en moneda de circulación nacional, es decir dólar, como lo establece el reglamento relacionado. También cuestionaron la nueva tabla de pago de viáticos que, además de aumentar montos, diferenciaba entre miembros de la Junta Directiva y diputados sin cargo especial y empleados institucionales.

En ese año la Asamblea firmó con Transmundo y Amate Travel dos contratos para la compra de boletos aéreos. En los numerales 24 y 32 de esos contratos quedó establecido que las agencias de viaje iban a garantizar la venta de boletos en promociones o con descuentos especiales. Los auditores descubrieron, sin embargo, que los precios a los que los diputados compraban eran “extremadamente caros”.

La Tesorería Institucional de la Asamblea descontó, en el periodo auditado, cuotas partidarias a los empleados militantes de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), FMLN, Gran Alianza por la Unidad (GANA) y el extinto Convergencia Democrática (CD). Los descuentos sumaron 135 mil 659 dólares. Pero el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil dice: “Se prohíbe estrictamente a los funcionarios y empleados públicos o municipales: recoger o solicitar directa o indirectamente en las dependencias gubernamentales contribuciones o suscripciones de otros servidores públicos o municipales destinadas al sostenimiento de campañas o partidos políticos”.

Los únicos que podían autorizar el pago de horas extras eran los diputados miembros de la Junta Directiva. Sin embargo, eran pagadas sin controlar marcación y sin autorización superior. ARENA, por ejemplo, pagó hasta $1,525 a ordenanzas, motoristas, secretarias, entre otros.

También fueron pagados, sin autorización, sobresueldos a empleados que sumaron 31 mil 985.66 dólares. Los beneficiados fueron encargados de prensa, técnicos, motoristas, ordenanzas, entre otros.

Y el último hallazgo: los diputados gastaron hasta el doble en combustibles de lo presupuestado en el Plan Anual de Compras para el año 2011.

El proceso normal de una auditoría implica que los hallazgos son presentados al auditado para que responda por ellos, para que los explique y si puede los desvanezca. Pero en este caso sucedió una cosa distinta. Los empleados de la Corte se encontraron con caras fruncidas desde el día en que llevaron lo que encontraron.

Al día siguiente de la entrega de los hallazgos a los diputados los llamó Sánchez Trejo, entonces presidente de la Corte. En la página 138 del requerimiento fiscal puede leerse: “Los testigos con régimen de protección HALCON y ANGIE expresan que se reunieron con el presidente de la Corte de Cuentas el doctor Sánchez Trejo quien les dijo: ‘Antes que cayera la cabeza de él iba caer la cabeza de ellos’ y que a él la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa le había llamado la atención, incluso les dijo que la señora Peña (refiriéndose a la exdiputada Lorena Peña) que les mandó a decir que ‘si no habían conocido el poder, que hoy lo iban a conocer’ es más les dijo el presidente de la Corte de Cuentas que los diputados les mandaban a decir que ‘a qué línea política pertenecía su trabajo’. En esa reunión una vez abordadas las molestias del presidente de la Corte de Cuentas, el testigo con régimen de protección ANGIE levantó la mano, solicitó la palabra y le dijo al presidente de la Corte de Cuentas que el trabajo que su persona realizaba no pertenecía a ninguna línea política, que era un trabajo técnico y que se lo podía demostrar”.

Los documentos fueron entregados a Rodríguez de Carrillo, es decir, la subdirectora de la Dirección de Auditoría Uno.

El informe, fechado el 10 de enero de 2013 y firmado por Rodríguez de Carrillo dice: “No se identificó aspectos que ameriten ser comunicados en el informe, lo que se encontró en la fase de ejecución son asuntos de menor importancia, los cuales fueron subsanados”.

Rodríguez de Carrillo es acusada en el caso de Reyes Morales por incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.

Aparentemente Sánchez Trejo no fue el único que protegió a Reyes Morales. El 30 de octubre de 2015 Diario1 publicó que la Fiscalía, que en esa época administraba Luis Martínez González, había cerrado una investigación contra el expresidente de la Asamblea aduciendo que no había encontrado irregularidades en la compra de cinco inmuebles identificados como 1,2,3,4 y 5 del polígono F de la residencial Greenside, propiedad del IPSFA, en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, por los que pagaron 440 mil 501 dólares que en precio real al público les habrían costado más de 500 mil dólares.

Hoy, sin embargo, la Fiscalía sí encontró delitos en esa transacción e imputó a Reyes Morales. De hecho la investigación en su contra partió de la misma denuncia en los dos casos: tanto en el que derivó en su actual imputación como en su pasada absolución.

Martínez González ha sido acusado de vender justicia. En el caso Rais-Martínez es señalado por armas casos judiciales a favor del empresario de la justicia que en la actualidad está escondido en Suiza.

El expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena es acusado de haber sobornado al exfiscal general para evitar ser acusado por corrupción.

En conferencia de prensa Raúl Melara, fiscal general, dijo que “hoy por hoy” nadie más será acusado en el caso contra Reyes Morales. “Estamos imputando a aquellas personas que tuvieron una participación activa, que tuvieron el poder necesario como para ordenar, autorizar y utilizar los fondos que se dieron en exceso”.

Sánchez Trejo tuvo el poder para frenar las erogaciones excesivas de dinero de las que hoy la Fiscalía acusa al expresidente de la Asamblea: entre 2006 a 2019 recibió hasta 606 mil 995 dólares en viáticos pagados en exceso, bonos, aguinaldos, gastos de transporte y comunicación.

La Fiscalía dice en la página 33 del requerimiento: “Obtuvo beneficio económico valiéndose de su posición como presidente de la junta directiva de la Asamblea, dicha acción que realizó valiéndose de que él mismo como presidente de la junta directiva aprobaba el monto de viáticos que recibía por cada misión oficial”.

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