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Sala reabre caso por estafa contra Federico Paredes, presidente del BCR

Paredes fue capturado el 4 de abril de 2016 pero no se ordenó detención en su contra y el caso fue engavetado un año más tarde. Se acusa al funcionario de estafar a tres personas con la venta de terrenos que en realidad eran propiedad del IPSFA.

Redacción
Federico Paredes. Foto: Archivo.
Federico Paredes. Foto: Archivo.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso para cerrar el caso que involucra al actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Federico Paredes, con el cometimiento del delito de estafa, por lo que deberá comparecer próximamente ante un juzgado de Santa Tecla, que mantenía abierta la querella hasta 2017.

De acuerdo con una publicación del periódico digital, dicha Sala rechazó el pasado 7 de mayo un recurso de casación presentado por los abogados de Paredes y César Augusto Alvarado Reyes, viceministro de Vivienda de la administración de Francisco Flores (1999-2004). El dictamen de los magistrados de la Sala invalida el cierre del caso que decretara en 2017 un juzgado de Santa Tecla.

Por este caso, tanto Paredes como Alvarado Reyes fueron capturados el 4 de abril de 2016 y enviados a los juzgados, los cuales les decretaron medidas sustitutivas a la detención y un año más tarde, congelaron el caso hasta la orden emitida por la Sala de reabrirlo.

Al ser consultado por El Faro acerca de la decisión de la Sala de lo Penal, Paredes cuestionó el caso en su contra, señalando que tiene “varias anomalías” y desestimó el derecho de las personas perjudicadas de buscar justicia por el dinero estafado, a la vez que no vio problema en que el problema legal le impida ejercer un cargo público.

Paredes fue juramentado el pasado 11 de junio como nuevo presidente del BCR. La estafa que se le atribuye habría sido cometida contra una familia que compró unos terrenos a una lotificadora dirigida por el imputado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que presentó la acusación en 2016, Paredes vendió entre 2006 y 2008 nos terrenos que no eran de su propiedad ubicados en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, por un valor de $400,000, pero posteriormente se confirmó que los mismos pertenecen al Instituto de Previsión de la Fuerza Armada (IPSFA).

La demanda contra el funcionario de gobierno, fue interpuesta en 2010, luego que los afectados no pudieran escriturar los inmuebles y la Fuerza Armada les reiterara que Paredes no tenía facultades legales para disponer de las propiedades.

La sociedad, que supuestamente era representada legalmente por Paredes, se denominaba Lomas de Santa Elena S.A. de C.V. Hasta 2016 era propiedad de otra empresa de bienes raíces llamada Inversiones Valiosas S.A. de C.V., misma que está vinculada a la empresa de economía mixta Alba Petróleos, recientemente vinculadas con operaciones constitutivas de lavado de dinero.

Una de las personas acusadas fue Rosa Maribel Rivas de Ramírez, quien le habría comprado más de 21 terrenos a Federico Paredes, quien le aseguró que los proyectos eran de su propiedad y que los vendería por medio de la sociedad Lomas de Santa Elena.

Rivas de Ramírez, interesada en las tierras con vistas a ser más valiosas en un futuro cercano, compró dos terrenos inicialmente y luego compró otros más en diferentes ocasiones e incluso convenció a sus hijas de adquirir algunos hasta completar 21 lotes valorados en aproximadamente $500 mil.

En todas esas compras – menos en dos –, según consta en el expediente judicial del caso, Lomas de Santa Elena solamente le entregó promesas de ventas con fechas de expiración en los años 2007 y 2008. Algunos de estos contratos fueron firmados por el ex viceiministro de Vivienda Alvarado, quien actuó como apoderado especial de Lomas de Santa Elena.

Sin embargo, el tiempo pasó y Rivas de Ramírez no recibió las escrituras de los terrenos, puesto que los vendedores le habían asegurado que había “pequeños” inconvenientes con el papeleo. El requerimiento fiscal sostiene que en 2010 otro inversionista le comentó que se encontraba tramitando la devolución de una compra de terrenos que la sociedad Lomas de Santa Elena había hecho pasar como suyos, pero que en realidad eran propiedad del IPSFA.

Al darse cuenta de la estafa, Rivas de Ramírez intentó exigir la devolución de dinero en las oficinas de la sociedad Lomas de Santa Elena, pero no fue recibida ni por Paredes ni por Alvarado, sino por Gustavo Roberto Munguía Cabrera, quién se presentó como vendedor de los terrenos y quién le dijo que no podía hacer nada en su caso.

Cuando intentó tramitar la devolución de su inversión en el IPSFA, le contestaron que no podía hacer nada, ya que le trámite se había hecho con la sociedad Lomas de Santa Elena.

El 17 de noviembre de 2010, dos años después de que se había vencido el plazo original acordado para que Lomas de Santa Elena urbanizara las tierras en promesa de venta con el IPSFA, esta institución decidió terminar el contrato, luego de varias promesas de venta y cobrar adelantos por algunas parcelas de los lotes que tenía prometidos de parte del IPSFA.

Tiempo después, el IPSFA encontró un nuevo comprador para las tierras que habían sido prometidas a otras personas a través de Lomas de Santa Elena. Y en el año 2012, la institución castrense adquirió un nuevo contrato con Inversiones Valiosas (INVERVAL) S.A. de C.V, sociedad que fue constituida el 29 de agosto del 2012 bajo la administración única de José Mauricio Cortéz Avelar, mismo que ha sido abogado del emporio Alba Petróleos y apoderado legal de varias empresas vinculadas.

La publicación de El Faro indica que la inversión total realizada por las víctimas del esquema de estafa asciende a $754,333.79. En un inicio, sus abogados intentaron recuperar este monto mas las ganancias percibidas por Lomas de Santa Elena y gracias al fallo de la Sala de lo Penal, tendrán una nueva oportunidad para hacerlo.

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