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Enrique Rais pagó fianza de $50 mil a cambio de beneficios penales

En este caso, Enrique Rais es acusado por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y de las sociedades Cintec y Tradesal.

Redacción
FOTO: D1/ARCHIVO
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Enrique Rais pagó una fianza de 50 mil dólares a cambio que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador le diera medidas sustitutivas a la detención.

En este proceso, Enrique Rais es acusado por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y de las sociedades Cintec y Tradesal.

La  imposición de la fianza a Enrique Rais se dio por mandato de la Cámara Tercera de lo Penal, quien ordenó  al juzgado realizar la audiencia especial  con el objetivo de valorar  si era procedente  imponer algún tipo de medida cautelar a los imputados.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Enrique Rais, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace dos años, habría ingresado dos documentos  con información falsa durante una Asamblea de accionistas celebrada el 3 de mayo de 2013.

En el acta que levantaron hicieron constar que Enrique Rais se encontraba en el país, cuando en realidad no estaba y  que el escrito no fue suscrito por las personas  que debieron suscribirlas.

El segundo documento que cuestionan  es un certificado  de traspaso de acciones  a favor de Tradesal  presuntamente la fecha de traspaso  una persona no se encontraba en el país. Según la investigación, en la Asamblea Especial de accionista el fin fue la venta del 90 % de las acciones de la sociedad Manejo Integral de Desechos Sólidos MIDES (porcentaje pertenecientes a la Sociedad Tradesal Inc.) a favor de Ovni Bussines de El Salvador S.A. de C.V.

FOTO: D1/ARCHIVO

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Fraude

Un correo electrónico enviado  por el empresario canadiense Franco Pacetti a Enrique Rais (en diciembre de 2011) revela parte de las negociaciones por el manejo de la empresa MIDES.

En el mensaje, Pacetti, dueño del 50 por ciento de MIDES junto con Matteo Pascuale, le pide a Rais que los mantenga informado de las operaciones que realiza la empresa, sobre todo en la parte de los ingresos y egresos.

El empresario canadiense se queja de la irresponsabilidad de Rais en cuanto a los pagos que les corresponden como socios igualitarios. Incluso le reclama su ausencia y falta de comunicación con ellos.

En ese entonces, la relación entre Rais y los canadienses no era demasiado tensa. Sin embargo, en ese correo se vislumbran la cadena de pleitos que se desatarían años después.

En 2014, Enrique Rais, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusó a los empresarios canadienses en la Fiscalía por el delito de extorsión. En ese entonces fungía como fiscal general Luis Martínez. La demanda trascendió en tribunales de justicia y a los canadienses les giraron orden de captura.

En dicha asamblea, el imputado Mauricio Arrieta actuó en calidad de presidente de la Sociedad Tradesal, Hugo Blanco fungió como Secretario Ad-hoc de dicha sociedad y Enrique Rais como apoderado general de la Sociedad Inversiones y Servicios del Istmo S.A. quien autorizó el traspaso de las acciones de la sociedad MIDES.

De acuerdo al ministerio público, esa venta de acciones no fue legal debido a que esas acciones no habían sido canceladas en su totalidad a la sociedad Cintec Internacional Inc. de Barbados. Además, que el Quorum dicha asamblea especial, según las normas internas de la sociedad, no estaba constituido porque hacía falta un director que aprobara la venta.

Lo extraño fue que la acusación que los canadienses presentaron en la Fiscalía contra Enrique Rais fue ignorada. No tuvo trascendencia. Acabó engavetada. Eso despertó sospechas.

A mediados de ese año, algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Enrique Rais. Eso representaba un claro conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban abogados de Rais y otros jefes fiscales.

A  inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían conspirado contra los canadienses. Les habían armado casos. Fue entonces que ordenó la captura de ambos por delitos de corrupción.

Enrique Rais fue acusado de comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.

La Fiscalía conocía la peligrosidad de Rais. Por eso le pidió a la jueza de paz que lo enviara a prisión. Pero esta no atendió la petición de la Fiscalía y dejó en libertad a Rais. Meses después una Cámara de lo Penal revirtió ese beneficio. Pero era demasiado tarde: Enrique Rais se había escapado.

Rais buscados

Congresistas de EE.UU recomiendan incluir a Rais en lista Magnitsky

Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata y Republicano le pidieron en agosto pasado al presidente Donald Trump que investigue tanto a Enrique Rais como al dirigente del FMLN José Luis Merino y les aplique la denominada Ley Global Magnitsky, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Dichos congresistas también pidieron al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que imponga las sanciones económicas correspondientes a Rais y a Merino, los únicos dos salvadoreños considerados para entrar en la infame lista de personas designadas bajo esta ley.

La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.

A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.

En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.

Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.

En el documento que los congresistas elaboraron para someter la petición en contra de Merino y Rais, se describe al exempresario como “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.

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