El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, planteó la posible reactivación del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), que fue disuelto luego de la desaparición y asesinato de la agente policial Carla Ayala, ocurrido en diciembre de 2017.
Una fuente reveló a Diario1.com que el viernes por la tarde Arriaza Chicas, exsubdirector de Áreas Especializadas y exjefe del GRP, convocó a una reunión informativa a elementos del extinto GRP. El objetivo era adelantar la posibilidad de reactivar el grupo policial élite, “pero con una visión enfocada a cuidar los derechos humanos”.
El Grupo de Reacción Policial nació a finales de la década de los años 90 como un equipo élite integrado por francotiradores y agentes especializados en el combate frontal a estructuras criminales. Esto le valió ser uno de los más temidos, ya que con sus fusiles de asalto y pistolas semiautomáticas amedrentaban a los integrantes de las pandillas en los barrios más acechados.
Los últimos años esta fama se transformó en señalamientos directos. Con el auge de las pandillas y los asesinatos de estas estructuras en contra de agentes policiales, el GRP se vio envuelto en diversos señalamientos de masacres extrajudiciales. Algunas fueron llevadas hasta los tribunales, como el caso San Blas, en donde se dijo que un grupo del GRP ingresó a territorio pandillero y en un enfrentamiento armado asesinaron a pandilleros desarmados. Por esto un tribunal nunca sentenció a los policías, fueron absueltos.
A pesar de diversos señalamientos, de masacres extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos, el GRP continuó ejecutando sus acciones.
Aunque todo cambió en diciembre de 2017, durante la fiesta navideña de la unidad policial hubo una trifulca y una balacera en la sede policial ubicada en la residencial La Cima.
El altercado derivó en vehículos abandonados, armas de fuego y una agente desaparecida y posteriormente asesinada: Carla Ayala. Ese día Arriaza Chicas dijo desconocer lo ocurrido, puesto que “se encontraba de vacaciones”.
En el hecho se vieron involucrados agentes del GRP en el encubrimiento y traslado del agente Juan José Castillo Arévalo “Samurái”, principal sospechoso del asesinato de Carla Ayala.
Por este crimen, el director general de ese entonces, Howard Cotto, y el subdirector general, César Flores Murillo, ratificado en su puesto actualmente, decidieron cerrar operaciones del GRP y los agentes élites fueron enviados a puestos y subdelegaciones policiales para “reforzar la operatividad policial”. Aunque Diario1 conoció de casos de agentes que fueron puestos a realizar acciones administrativas como castigo.
A 18 meses de la decisión de cerrar el cuestionado GRP, el nuevo director de la PNC, y quien fue jefe de dicha unidad plantea la reactivación de estos agentes, pero esta vez enfocada “en nueva filosofía de trabajo derechos humanos, procedimientos policiales y tácticas operativas”, indicaron.
Una fuente consultada por Diario1 dio a conocer que lo que se busca es “reivindicar” a los agentes del exGRP, ya que “los que cometieron un error fueron pocos y no es justo que se juzgue a todos por esto”.
La propuesta de Arriaza Chicas va encaminada a la incorporación escalonada de los agentes del exGRP en los equipos élites en funcionamiento como Sección Táctica Operativa (STO) y la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP).
Aunque no se sabe con certeza, el GRP resurgiría con el mismo nombre o se maquillaría bajo otro.
El anuncio de Arriaza Chicas se da en el marco de la reunión de emergencia que convocó el presidente Nayib Bukele, con el gabinete de seguridad el viernes por la noche. Se desconoce si fue para hablar de este tema.
Bukele se limitó a escribir en su cuenta de Twitter “no vamos a permitir que la delincuencia continúe apoderándose de nuestro país. En los próximos días tendremos buenas noticias”.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, José María Tojeira, cuestionó esta semana el nombramiento de Arriaza Chicas como director general de la PNC aludiendo a su supuesta relación con grupos policiales señalados por violaciones a los derechos humanos y la omisión en la investigación de estos casos.
El IDHUCA se ha visto férreo crítico al papel del subdirector general, César Flores Murillo, e incluso han solicitado inhabilitarlo de su cargo por la falta de controles internos e investigaciones para esclarecer estos señalamientos.