El Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con los Departamentos de Defensa y Justicia, añadió al viceministro de Relaciones Exteriores para Inversiones Internacionales y alto dirigente del FMLN, José Luis Merino, n una lista de antiguos o actuales funcionarios del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras), que están vinculados con actos de corrupción.
La información fue dada a conocer por el Departamento de Estado a través de documentos desclasificados. A principios de abril pasado se dio a conocer la primera edición de la lista, en las que fueron incluidos los expresidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, así como el exfiscal general Luis Martínez; todos procesados por delitos de corrupción por parte de la justicia salvadoreña.
La lista sirve para ser discutida en los comités de Defensa y Asuntos Externos del Congreso estadounidense, así como en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como parte de la Ley de Defensa Nacional John McCain.
En el informe compartido por el Departamento, se señala a Merino como un beneficiario de Alba Petróleos, una compañía asentada en El Salvador cuyas acciones pertenecen en un 60% a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por Estados Unidos en 2019.
De la misma forma se sostiene que Merino y su hermano, Ismael Merino Cabrera, movilizaron $400 millones por medio de compañías fachada hacia cuentas off-shore en Panamá. Además se cuestiona que nunca haya sido procesado judicialmente y que goce de inmunidad como viceministro.
Merino en la mira de los Estados Unidos
Foto D1, Archivo.
En septiembre de 2017, el investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, Douglas Farah, pidió a la Comisión para el Control Internacional de Narcóticos del Senado estadounidense, investigar a PDVSA y sus filiales en El Salvador y Nicaragua por actividades de lavado de dinero.
En su intervención ante el Congreso, Farah calificó a Alba Petroleos en El Salvador como “una parte fundamental de un programa multinacional de lavado de dinero que fue construido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA”.
Alba Petroleos se creó en 2006 como una sociedad entre PDV Caribe, empresa subsidiaria de PDVSA, y la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA), conformada por alcaldes de municipios gobernados por el FMLN.
Farah señaló a José Luis Merino como el principal implicado en dirigir las operaciones de Alba Petróleos en el país. Merino buscaba una curul en la Asamblea Legislativa, pero fue víctima de la debacle electoral de su partido en las elecciones legislativas y municipales de 2018.
Farah señaló a Merino como el aliado de las FARC en El Salvador desde 1994 hasta 2016, siendo un proveedor clave de armas para los rebeldes colombianos durante ese espacio de tiempo.
En octubre de 2016, la prestigiosa publicación Foreing Policy lanzó un artículo denominado “Para lograr la paz verdadera en Colombia, vayan tras el dinero de las FARC”, en el que se calificó a Merino como “el hombre de las FARC en El Salvador” y se le señala como un prestanombres que encubría dinero para la exguerrilla colombiana en diversas cuentas.
El 19 de junio de 2017, un grupo congresistas federales estadounidense escribió al Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, solicitando una investigación contra las “actividades bancarias de Merino “que apuntan hacia asociaciones de larga data con organizaciones transnacionales que son objeto de investigaciones penales estadounidenses por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.
La carta dice, además, que Merino “adquirió cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras ayudaba a las guerrillas de las FARC con elementos corruptos del gobierno venezolano y otros grupos delictivos a mover los fondos a un puerto seguro”.
Diversas personalidades y entidades en Estados Unidos han denunciado los nexos de Merino con el crimen organizado internacional. A finales de junio de este año, la presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, dijo que es urgente que José Luis Merino sea nombrado capo del narcotráfico.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
En agosto de 2018, los congresistas federales estadounidenses Eliot Engel (demócrata) e Ileana Ros-Lehtinen (republicana), solicitaron al presidente Donald Trump, que incluyera a Merino en la lista Magnitsky, aprobada en 2016 por el Congreso con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
Dicha ley permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
En febrero de 2018, La Prensa Gráfica publicó que el apoderado legal de Israel Merino Cabrera, hermano de José Luis Merino, se autovendió un buque a $1 y lo usó para realizar millonarias compras de combustible. El buque, que tiene la capacidad para transportar 18 mil barriles, hizo alrededor de siete transacciones de gasolina valorados cada una entre $18 y $20 millones.
Según informó en esa ocasión La Prensa Gráfica, el barco se encuentra varado en el puerto de La Unión Centroamericana, en la bahía de La Unión, desde el 15 de octubre de 2015. Cuando Merino fue cuestionado por ese caso, este guardó silencio.
Otros señalados en la lista
Fooarte: D1.
En abril pasado, el gobierno estadounidense incluyó en esta lista al expresidente Mauricio Funes por su condena por enriquecimiento ilícito decretada por la Cámara Segunda de lo Civil en noviembre de 2017. La Cámara lo encontró responsable en un juicio civil, al no poder justificar el origen de $419,145.09 en su declaración patrimonial.
Estados Unidos también cuestiona el asilo que el gobierno de Nicaragua le otorgó a Funes en septiembre de 2016 y da cuenta de la solicitud de extradición iniciada por la Fiscalía en septiembre de 2018. Cabe mencionar que Nicaragua está bajo la lupa de Washington, debido a la cercanía con el régimen de Venezuela y la reciente situación de violencia contra opositores políticos.
La solicitud de extradición contra Funes fue motivada por la participación del exmandatario en el caso “Saqueo Público”, el cual fue destapado por la Fiscalía en junio de 2018 y en el que se le acusa de Peculado y Lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351 millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.
Por su parte, el expresidente Elías Antonio Saca entró en la lista de Washington, por su condena a 10 años de prisión por lavado de dinero en el caso conocido como “Destape a la Corrupción”, en el que se señala a Saca y a su círculo más cercano de funcionarios de desviar y lavar 250 millones de dólares del tesoro público entre los años 2004 y 2009, cuando fue presidente de la República.
Saca acordó con la Fiscalía confesar sus delitos a cambio de una condena menos rigurosa. En su confesión, admitió que mientras fue presidente de El Salvador se robó varios millones de dólares para beneficio personal, de su familia y de sus amigos. El expresidente explicó el complejo mecanismo que utilizó para desviar el dinero público a cuentas personales y detalló que para ello utilizó a testaferros entre los que estaban el expresentador televisivo, Jorge Hernández, y el contador Irving Pavel Tóchez.
Mientras que el exfiscal general Luis Martínez es señalado por su condena a cinco años de prisión por revelar información privada de un caso que implicaba al exsacerdote español Antonio Rodríguez. Por dicho caso deberá también pagar una indemnización de $125 mil.
Martínez además es el principal señalado en el denominado “Caso Corruptela”, que implica una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que él dirigió. De acuerdo con las investigaciones, el expresidente Mauricio Funes y una serie de empresarios habrían sobornado a Martínez para que no fueran investigados por varios casos en los que estaban implicados.
Esos sobornos recibidos por Martínez lo tienen enfrentando un caso en el que se le acusa de 10 delitos, incluido lavado de dinero. El exfiscal está preso desde enero de 2017 en el penal de Mariona, donde el expresidente Saca y su grupo de colaboradores cercanos pagan sus condenas por actos de corrupción.